Dos investigaciones se desinflan, pero menos

Dos noticias relacionadas con otros tantos casos de corrupción, uno de muchos quilates y el otro de chicha y nabo (para lo que cabe esperar de alguno de sus personajes en presencia) ocuparon parte de la actualidad de este jueves que fenece. Dos noticias que podrían invitar al desánimo del público municipal y espeso, entre el que reina en demasiadas ocasiones el desasosiego y la creencia de que este sistema está corrompido hasta sus entrañas y sólo se investiga, se juzga y se condena al ladrón de gallinas, y no al chorizo de cuello blanco.

Tranquilidad, no va a ser así en estos dos casos. O no debiera.

En el primero de ellos, el de menor cuantía, la Fiscalía ha sacado del lote de imputados a investigar al vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Juan Domínguez, de profesión su transfuguismo, por el feo asunto del congreso del que por entonces era su partido (2011), el Centro Canario Nacionalista (CCN), celebrado en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) en diciembre de 2011 a cuenta del erario público. Ni por los mangoneos denunciados por ese partido, del que fue expulsado, en unas cuentas corrientes de las que, según la denuncia, se aprovechó personalmente. Ni en la contratación a dedo de su cuñado como responsable de informática.

Dice el Ministerio Público que Domínguez está libre de pecado básicamente porque Infecar (empresa pública propiedad del Cabildo de Gran Canaria) es un coladero, siempre ha sido un coladero y siempre será si no cambian sus estatutos. Y resulta normal que un partido utilice sus instalaciones para hacer sus congresos sin pagar un duro, que se facture como les da la gana y que se enchufe a todo perro pichichi.

Salvando la cabeza de Juan Domínguez, al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, sólo se la ha ocurrido mandar a empurar al director gerente de ese organismo, Rafael Suárez, y al gerente del catering (Hérgora) que pasó la factura de 3.500 euros con los que se pagó el tentempié a los delegados del congreso del CCN. Es decir, por los delitos de malversación y falsedad mercantil que dejan boquiabierto al respetable ante el mangoneo generalizado que se denunció en Infecar y que pasa a tener la consideración de jurídicamente encuadrable.

Quién es Rafael Suárez

Quién es Rafael SuárezAnte esta posición de la Fiscalía, que ha tardado algo más de un año en presentar querella por unos hechos denunciados en diciembre de 2012 que se cometieron en diciembre de 2011, sólo queda la esperanza de que el querellado Rafael Suárez tire de la manta y no se hunda solo.

Suárez es el gerente de Infecar gracias a que allí lo colocó en 2003 quien fuera su novia de entonces, Cristina Reyes, consejera de Industria durante el mandato de Soria en el Cabildo (siempre terminamos tropezando con este hombre inevitablemente) y luego gerente de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas por decisión de su cuñado, Juanjo Cardona, alcalde. Suárez se enrocó convenientemente en ese puesto y en él ha permanecido de manera fija discontinua venciendo no sólo las inclemencias políticas (el paso del PSOE de 2007 a 2011 y la llegada abrupta del CCN, que colocó a Olarte en la presidencia del organismo con resultados calamitosos), sino también una denuncia por acoso laboral que acabó en condena, con indemnización de 30.000 euros que pagó, cómo no, Infecar.

Dicen los que le conocen bien que en estos momentos está verdaderamente acojonado, que la situación de imputado penal, acumulado a aquella condena, no le gusta nada en absoluto y que no sería de extrañar que se defiende par el muy socorrido método de la elevación.

Resulta imposible imaginar que Suárez haya decidido él solito pagarle el catering al partido del vicepresidente del Cabildo, el CCN, sin que nadie se lo haya ordenado, o que la idea de encargarle ese marrón a Hérgora la haya decidido él sin recibir la bendición de la superioridad.

Puestos a tirar de la manta, Suárez muy bien podría contar otras cosas que él sabe y jamás Olarte llegó a denunciar en aquel aquelarre de diciembre de 2012 en el pleno del Cabildo, donde entró como héroe y salió como desempleado.

Frente a Rafael Suárez, la otra corriente de poder dentro de Infecar se lava las manos. Es la que representa Manuel Mora, director financiero, elevado al máximo poder ejecutivo cuando Lorenzo Olarte habitó fugazmente aquellos despachos. También sabe latín de todo lo que ha ocurrido en la antigua Feria del Atlántico y con un juez metido hasta la cocina quizás sea el momento de contarlo todo.

Otros pagan hasta la quiebra

Otros pagan hasta la quiebraLas contradicciones de esta sociedad nuestra tan ultraperiférica y tan sandunguera dan lugar a situaciones tan ridículas como esta de comprobar cómo el Ministerio Fiscal no considera jurídicamente reprochable que un partido político se valga de su influencia para el goce y disfrute de salas de un recinto de congresos como el de Infecar, al tiempo que asistimos a un ejercicio de usura con otras dependencias que tienen que ver con la misma institución titular de ese organismo.

La Fundación Auditorio y Teatro (Pérez Galdós), de la que es vocal precisamente el mentado Juan Domínguez en representación del Cabildo, cobra a cualquier entidad que quiera usar alguno de esos dos recintos el precio de tarifa, sea esa entidad una empresa multinacional o sean los Amigos Canarios de la Ópera, a quien se le exige el pago de 300.000 euros hasta poner en peligro el continuidad del prestigioso festival. O el Festival de Música de Canarias, que ha tenido que pagar por cualquier salón, micro, bombilla o wifi que haya utilizado, lo que ha encarecido sus costes o, por lo menos, impedido traerse una orquesta más.

Y total para que el gerente de esa fundación pueda presentar unas cuentas equilibradas, lo que seguramente será su obligación, pero a base de convertir un servicio público en el verdugo de la cultura.

Cuidado con el caso Unión

Cuidado con el caso UniónLa otra mala noticia jurídico-policial del día provino de Lanzarote y tiene mucha más enjundia que la de Infecar (con perdón) por afectar a uno de los casos de corrupción político-empresarial más gruesos de cuantos hemos conocido en Canarias en estas últimas décadas, el caso Unión. La anulación por parte de la Audiencia Provincial del registro ordenado por el juez Pamparacuatro en el domicilio del empresario Luis Lleó, presunto cabecilla de una parte suculenta de la trama, deja sin efecto todo lo que allí encontró la Guardia Civil, pero no afecta de momento al núcleo principal de las investigaciones: el intento de soborno a Carlos Espino, a la sazón consejero del Cabildo de Lanzarote.

Las dificultades con las que se tropezó el juez instructor César Romero Pamparacuatro, cuyas actuaciones eran filtradas a los malos hasta obligarle a sacar los borradores de sus resoluciones del sistema informático Atlante; la negativa a dotarle de un juez de refuerzo a su juzgado, y las amenazas que llegó a recibir por investigar a lo más granado de la sociedad conejera tienen en este auto de la Audiencia de Las Palmas la que podría ser la primera confirmación de que se tambalea su instrucción. Y a por ella van más de los que en principio tienen derecho a hacerlo.

Los que conocen el bollo del cogollo del meollo del caso Unión dan por seguro, sin embargo, que prevalecen pruebas tan evidentes como las grabaciones efectuados a los principales sospechosos, pero no se sorprendan si ahora, cuatro años después, empiezan a caerse como un castillo de naipes aprovechando errores como los detectados en ese auto de entrada y registro en el domicilio de Lleó.