Cuatro noticias que recolocan el panorama radiofónico y televisivo

Anda que no se han producido noticias relacionadas con el mundo de la comunicación en el estrecho lapso de un día. O a lo sumo dos. Este periódico ha adelantado a sus lectores dos novedades de cierto calado relacionadas directamente con el polémico concurso de asignación de frecuencias radiofónicas que enfrentó cruentamente a varias cadenas canarias y nacionales a Paulino Rivero. La campaña contra el presidente (casi) en funciones tuvo dos fases: una primera en la que la queja era no haber obtenido las frecuencias pretendidas, siendo quienes eran los protestantes, y una segunda fase todavía más desquiciante consistió en exigir al Gobierno que arreglara el desaguisado de la manera que fuera, incluida la prevaricación. Nada de eso hizo Paulino Rivero, tozudo como él solo, que se enrocó en la legalidad de aquel concurso de 2010 (hasta ahora indemne a cualquier resolución judicial) y que se volvió a enrocar cada día más a medida que arreciaban los ataques de esos medios perjudicados. Esas dos noticias de Canarias Ahora vinieron a reforzar de algún modo esa postura irreductible del presidente del Gobierno y de los que ejecutaron aquel concurso, con el dimitido Fernando Ríos como principal cabeza visible. De un lado, ha quedado sobreseída provisionalmente la querella que dos emisoras de radio, la Cadena Ser y Radio El Día, interpusieron contra la mesa de contratación, presidida precisamente por Ríos, querella a la que se sumaron otras emisoras de menor relevancia y el omnipresente sindicato Manos Limpias, ávido de escándalos que tengan que ver directa o indirectamente con la corrupción. Parece que de Canarias va a irse trasquilado. La otra noticia, no menos relevante, ha sido la condena a prisión y multa a los dos abogados titulares del despacho madrileño Díez & Romero, desembarcados por estos lares también vestidos de chulapos. El Gobierno los denunció por falsificación documental y han resultado condenados.

 

La gilipollez como tipo penal

Por cercanía a los dos abogados titulares de Díez & Romeo, Paula Romeo y Jaime Rodríguez Díez, debemos empezar comentando el salpafuera que les ha metido un juez de la jurisdicción Penal de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Gallego, que los he encontrado culpables del delito continuado de falsificación de documento oficial, precisamente al presentar fuera de plazo las ofertas de 41 licitadores al concurso de radios. Los muy espabilados abogados madrileños, ejerciendo de lo que comúnmente se conoce como enterados de la caja del agua, falsificaron el sello de la oficina de Correos de Arucas para tratar de engañar al Gobierno diciéndole que ellos habían llegado en el plazo establecido y que la culpa fue de la oficina de Correos de Arucas, que perdió aquel metro cúbico de documentación vaya usted a saber en qué curva. Debieron pensar que el Gobierno de Canarias está formado por unos funcionarios imbéciles que no reconocen a la legua una falsificación, aunque en rigor hay que atribuir esta acción de justicia al viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero, que se empeñó en denunciar y llevar hasta el final este atropello para defender el buen nombre de su equipo y los intereses de los 41 licitadores que se quedaron fuera del concurso por la negligencia de Díez & Romeo. Unos intereses que, sin embargo, no fueron convenientemente recogidos en la instrucción de la causa porque ni el fiscal ni el juez ofrecieron acciones a los afectados para que pudieran actuar por estafa contra estos dos pájaros, de manera que al menos les pudieran reclamar los 3.400 euros que les levantó, por oferta, para poderse presentar. Cada vez que hablamos de los señores Rodríguez Díez y Paula Romeo recordamos aquella llamada airada que nos hizo esta última para pedirnos que nos dejáramos de “decir gilipolleces” porque nos iba a meter una querella. Las gilipolleces de las que se quejaba se han transformado en penas de cárcel para ellos, mientras que la querella sigue sin llegar. Y hasta puede que las gilipolleces se compliquen todavía un poco más porque hasta octubre tienen los 41 afectados para coger esta sentencia del juez Juan Gallego y montar una querella por estafa, delito que prescribe a los cinco años. Todavía faltan las causas penales abiertas contra estos letrados madrileños en comunidades como Valencia, donde llegaron incluso a falsificar la firma de una ingeniera en Telecomunicaciones para presentar ofertas al concurso de aquella región. La gilipollez sí que no prescribe nunca.

 

Gana Rivero; gana Fernando Ríos

Que la jueza de instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife haya sobreseído en noviembre pasado la querella contra la mesa de contratación del concurso de radios y nos hayamos enterado ahora no deja de ser por lo menos curioso. Algunos de los querellantes han recurrido ante la Audiencia Provincial con muy poca fe dada la contundencia empleada por la instructora tras la práctica de algunas de las diligencias que le pidieron los querellantes. Se trataba, no obstante, de una acción judicial destinada a ejercer presión sobre el Gobierno para que aflojara un punto y comprobara la contundencia con la que iban a desempeñarse las cadenas nacionales y locales que se sintieron perjudicadas por aquel concurso radiofónico. El Gobierno ocultó hasta este mismo jueves ese archivo porque estaba esperando a que el sobreseimiento sea confirmado por la Audiencia Provincial, pero el desistimiento de una de las partes ya hace aventurar cuál va a ser el desenlace final. Muerta la querella sólo quedan en pie los recursos contencioso-administrativos que, visto lo visto, correrán igual suerte. Nadie recurrió las bases y, si como dice la jueza de Instrucción 5, lo único que hizo la mesa fue interpretarlas en puntos muy concretos pero no definitivos, poco va a ocurrir en esta otra jurisdicción. Cinco años después de aquel concurso casi nada queda de aquel escenario que parecía tan prometedor. Las grandes cadenas nacionales, como era de prever, se han ido posicionando alquilando o comprando frecuencias a pesar de estar expresamente limitado en las bases del concurso, y las empresas locales que obtuvieron decenas de frecuencias, han empezado la subasta para quitárselas de encima. Es el caso de 7.7 Radio, del empresario Jaime Cortezo, que empezó pidiendo 10 millones de euros por sus 32 frecuencias y ya ha rebajado sus pretensiones a 3.

 

En manos del nuevo presidente (o presidenta)

La retirada de Fernando Ríos y, muy especialmente, la derrota de Paulino Rivero a manos de su compañero de partido Fernando Clavijo, ha hecho decaer el ímpetu de las cadenas protestantes en la búsqueda de una solución judicial. Ante la inminencia de las elecciones y, por lo tanto, de un nuevo Gobierno sin aquel irreductible enemigo, ha regresado la solución política, consistente en arrancar de los candidatos y candidatas con posibilidades el compromiso de arreglar los perjuicios que esas cadenas sufrieron –mayormente por su culpa- en aquel concurso de 2010. Fernando Clavijo es, con diferencia, el que más presiones ha recibido y el que más ha transigido. Es, como muchos otros en Coalición Canaria, de los que opina que el Gobierno no actuó inteligentemente (soterramos aquí el verbo prevaricar) en ese reparto de frecuencias. Piensa que debió hacerse de otro modo de manera que emisoras como Radio El Día o la Cadena Ser, sin olvidar a Onda Cero y a otras muchas de menor enjundia, alcanzaran sin problema sus expectativas y no se convirtieran, como se convirtieron, en arietes contra Paulino Rivero, el Gobierno y Coalición Canaria, exactamente por ese orden. Cualquiera que hable con operadores nacionales, tanto de cadenas generalistas como de cadenas especializadas y hasta frikis, escucha siempre la misma cantinela: a partir de mayo, todo cambiará, podrán comprarse y venderse frecuencias, se recolocará el mapa radioeléctrico y la normalidad, su normalidad, volverá a imperar. Pero no sólo Clavijo ha sido el tocado. Es más que evidente que varios de los candidatos a presidente (o presidenta) ya se han comprometido con operadores de radio a arreglarles el problema. Ya veremos cómo.

 

Llega Santi Negrín

Para completar este panorama de posicionamientos políticos y resoluciones judiciales, este jueves ha llegado a las redacciones de los medios informativos otra sentencia de importancia: el Tribunal Supremo ha dado por bueno el ERE adoptado en Videoreport Canarias al ver reducidas las asignaciones del Gobierno para el pago de la prestación de servicios informativos a Televisión Canaria. Con dos votos particulares que abrazaban las tesis de la Sala de lo Social del TSJC, contraria al ERE, el Supremo respalda las tesis de la empresa: si le reducen los pagos y la carta de servicios, está en su derecho de reducir la plantilla. Máxime después de no haber podido alcanzar un acuerdo de reducción salarial que hubiera permitido mantener el beneficio a la compañía y la plantilla en su conjunto. Con ese asunto colateral resuelto, el nuevo presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, tomará posesión este martes en Santa Cruz de Tenerife. Negrín llega con el encargo de cambiar las cosas para que nada cambie, y el encargo se lo ha hecho Fernando Clavijo, que ni es parlamentario ni es presidente todavía. Por desgracia para este compañero, de trayectoria impecable, la ley llamada verdaderamente a cambiar las cosas, a alejar las garras de la manipulación política de la gestión de los medios públicos, ha fracasado en su primer episodio. Llega con la misma hipoteca con la que llegó Willy García, y sólo dependerá de él y de su capacidad profesional y negociadora, hacer algo diferente, esto es, alejarse del favoritismo y poner a los medios públicos al servicio real de los ciudadanos. La independencia y profesionalidad de los servicios informativos y la transparencia en los encargos al sector audiovisual son sus principales retos. Si cae en la dinámica habitual de arrodillarse ante el poder que lo ha nombrado y favorecer a los amigos del régimen, habremos asistido a un frustrante cambio de caras. Desde luego tiene, para empezar, el beneficio de la duda. Le deseamos mucha suerte.