Un pingüe negocio

Con la excusa de colocar el control de este tipo de actividades en manos canarias, Mauricio se pasa por lugares indeseables la ley de sociedades anónimas, los acuerdos de su propio Gobierno y la decencia política. Ya sabemos cómo funciona eso de dar ventaja a empresarios canarios: cuando han amortizado y gastado las subvenciones públicas, terminan vendiendo a una multinacional, y aquí pan y en el cielo gloria. La inseguridad jurídica que se genera es insoportable y el alto riesgo de recursos puede significar que el Gobierno de Canarias se vea envuelto en una espiral judicial que poco diría de una administración pública. Y todo porque, sólo en los primeros cinco años, se calcula que el gas moverá la nada despreciable cantidad de 80 millones de euros sólo en transporte. Súmese a eso la comisión que dará el broker del país al que se compre el gas, la obra civil de gasoducto y gasificadora y, de remate, la distribución. Mucha tela que cortar.