No pueden pretender ser víctimas

Esta santidad sobrevenida a Zerolo y los suyos obliga a hacer un leve ejercicio de memoria, porque algunos se están planteando muy seriamente cargar las responsabilidades de Las Teresitas en la juez instructora, la fiscal anticorrupción, la policía o los medios de comunicación críticos con el régimen, el régimen de los poderes salvajes. Hay que recordar, por ejemplo, que Zerolo firmó la compraventa de las once parcelas de ese inservible frente de playa sin haber tenido aprobado el convenio urbanístico, que se llevó a pleno del Ayuntamiento un famoso 23 de julio de 2001, el mismo día en que se aprobaba la Ley 6/2001, la famosa Ley de la Moratoria Turística. ¿Les va sonando la musiquilla? El convenio no se sometió a información pública antes de firmarse, ni se ciñó a lo que manda la Ley del Suelo, que prohibe condicionar la potestad urbanística de la Administración con recalificaciones como las del Valle de Huertas. Para llegar al pago de esos 52,6 millones de euros, el Ayuntamiento tuvo que apoyarse en una valoración efectuada por la empresa Tinsa ante la negativa de la arquitecta municipal de la Gerencia de Urbanismo, Pía Oramas, a cambiar su informe, que cifraba el valor de la pieza en no más de 13,8 millones de euros. El informe de Oramas no se incorporó al expediente y fue la Policía la que, en el curso de las investigaciones, lo encontró y lo incorporó a la causa. La arquitecta se tuvo que marchar del Ayuntamiento y refugiarse en una plaza de funcionaria en el Cabildo de Tenerife. Lo contó todo a la juez instructora y a la fiscal anticorrupción.