Y de remate, una polémica sentencia

Pero si el sinuoso y sospechoso recurrido del expediente de Tebeto en la Comunidad Autónoma da para pensar y mal, la sentencia que condena al Gobierno a aflojarle a Rafael Bittini 92 millones de euros por un lucro cesante que nadie comprende, está dando para otros muchos análisis. Y muy pocos en favor del purismo jurídico del fallo. Los estudiosos del asunto se han echado las manos a la cabeza al leer aventurados juicios de valor, como un supuesto “plan premeditado” del Gobierno en el que el ponente incluye al Cabildo de Fuerteventura, que es el órgano que aprobó el Plan Insular de 2001. Cierto es que el Ejecutivo no hizo sus deberes, como no presentar un peritaje alternativo al que elaboró un tío de los hermanos Soria, o cuando no posibilitó que el Tribunal diligencia alguna para mejor proveer. Pero la sentencia se las trae y dará para mucho hablar.