No sin algunas reticencias

El grupo de gobierno teldense ha tenido en su seno sus más y sus menos a la hora de tomar esta decisión. Sobre la mesa, más de treinta expedientes conteniendo llamativas irregularidades que, como mínimo, podrían ser constitutivas del delito de prevaricación administrativa. Y como máximo, lo que la justicia pueda encontrar a poco se remangue e investigue. Las reticencias han sido todas de carácter político: de un lado, someter de nuevo a Telde al escarnio público, al recuerdo de cuatro años de gobierno del PP y AFV-Ciuca que dieron lugar a escándalos tan vergonzosos como el caso Faycán o el caso Doramas. De otro, el temor de los dos partidos presentes en el actual pacto (Nueva Canarias y el PSOE) de que la ciudadanía entienda que todos son iguales y que de lo que se trata es de hacer política en los tribunales de Justicia. Pero el comunicado de la Alcaldía no deja lugar a dudas: es obligación de los responsables públicos esclarecer hechos que revisten la comisión de presuntos delitos. Porque en lo que uno tapa, vuelve el otro y destapa. Y pagando los de siempre.