No es país para Soria

Desde que sus negocios en paraísos fiscales le obligaran a dimitir, José Manuel Soria busca desesperadamente un destino bien remunerado que le permita marcharse una buena temporada fuera de España. Prioritariamente a Estados Unidos, país donde ya ha hecho tres intentos –de momento frustrados- de establecerse. Quiso ser profesor en alguna prestigiosa Universidad (Stanford y Harvard) y director gerente del Banco Mundial, pero de momento sus deseos se han visto truncados, mayormente por los pasajes poco recomendables que aparecen en su currículo.

Sus amigos, los que no le dieron las espalda cuando estalló el escándalo de Bahamas y Jersey, solo han conseguido un premio de consolación: que José María Aznar le haga un hueco como conferenciante en la Fundación FAES. El ex presidente se hace con los servicios de un neoliberal marca de la casa y de paso propina un sonoro reproche público al presidente Rajoy, cuya amistad con Soria parece haber entrado en hibernación.

Hace bien el ex ministro canario en buscar acomodo fuera de España. Este no es un país para personas como él. Lo vamos a comprobar, sin ir más lejos, este próximo viernes, en el juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid. Allí se va a celebrar la vista oral de la demanda civil de protección del honor que José Manuel Soria interpuso el verano pasado contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y contra mí mismo por el reportaje que publicamos en septiembre de 2015 sobre sus vacaciones a cuerpo de rey, invitado por el dueño del Grupo Martinón, en el hotel Breathless Spa & Resort Punta Cana, de la República Dominicana.

Será un juicio que permitirá a la prensa madrileña conocer una doble faceta del personaje que hasta ahora seguramente les es desconocida: la de mentir, incluso la de fabricar pruebas, para perseguir a periodistas desafectos. Porque desde que publicamos aquel reportaje sobre las vacaciones de Soria en Punta Cana, el ex ministro comenzó su campaña de mentiras: lanzó un comunicado desde el Ministerio de Industria negando que hubiera aceptado ninguna invitación para ninguna de sus vacaciones afirmando tajantemente que él siempre se paga sus gastos personales. Mentía.

Una certificación solicitada por su propio abogado para este juicio refuerza nuestras informaciones: Soria solo pagó los gastos extras de su estancia en Punta Cana, probablemente un tratamiento en el Spa o algunas comidas o cenas, en total, unos 280 euros.

Mentir y perseguir a desafectos, dos de sus vicios más recurrentes. Y pese a que tenemos las pruebas de sus vacaciones invitado por los dueños del hotel Volcán y de las mentiras que ha volcado para sepultar ese escándalo, continúa adelante con su demanda y su petición de 18.000 euros por su honor.

No, este no es un país para personas como José Manuel Soria. Quizás sí Estados Unidos, donde hay personajes que se le asemejan bastante. Donald Trump, sin ir más lejos. El candidato republicano a la presidencia del país amenazó públicamente a su contrincante demócrata, Hillary Clinton, con mandarle al Fiscal General para que la encarcele si resulta elegido por los estadounidenses. ¿No les suena?

La grabación íntegra al juez Alba

Esta última semana ha vuelto a ser noticia la conversación de marzo pasado entre el magistrado Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez en el despacho del primero. La aparición de la grabación íntegra, sutilmente incrustada en la bandeja papelera de la grabadora que empleó el empresario, confirma cruelmente lo que en Canarias Ahora les hemos venido contando desde el principio: que José Manuel Soria es un aventajado precursor de las ideas de Trump, porque nuestro flamante ex ministro utilizó sin disimulo instrumentos prohibidos en el Estado de Derecho para atacar a una contrincante política, primero durante la campaña electoral de diciembre de 2015 mediante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, y luego contando con un juez corrupto con una ambición desmedida que ejecutó fielmente sus instrucciones de manipular la declaración de un imputado para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell. Si no fuera porque la expresión ya la desprestigió el mismo ex ministro corrupto, cabría decir que “estamos ante el mayor escándalo de corrupción política y judicial de la historia de las Islas Canarias”. Lo peor es que es verdad, pero contrariamente a lo que Soria dijo en aquella campaña electoral, los corruptos estaban de su bando: eran él y su magistrado de cabecera.

La aparición de la grabación íntegra de aquella conversación en el despacho del juez Alba contiene otros elementos muy relevantes. El primero, sin duda, es la charla previa que el empresario celebra con uno de sus abogados, quien le relata a su cliente la charla que con anterioridad acaba de mantener con Salvador Alba. Su letrado no sabe que está siendo grabado y, con absoluta naturalidad, le cuenta el relato que previamente le había hecho el juez: José Manuel Soria está muy cabreado con la fiscalía porque su “investigación preprocesal” contra Victoria Rosell acabó en una rotunda pifia. Por lo tanto necesita rearmar su querella contra la magistrada, su plan B.

Efectivamente, la Fiscalía Provincial de Las Palmas, con Guillermo García-Panasco al frente, se lanzó contra la candidata de Podemos justo en vísperas del arranque de la campaña electoral de diciembre de 2015 mediante una investigación que meses después fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Panasco y su fiel Evangelina Ríos habían vulnerado derechos fundamentales de la magistrada, pero a pesar de aquella resolución ambos enviaron el resultado de su investigación al Poder Judicial, que la archivó de plano. Un fracaso bochornoso que volvió a dejar tocado el ya precario crédito de la Fiscalía en Canarias.

Por eso Soria no quería fallar en su segundo intento: una querella ante el Tribunal Supremo que en realidad era un complot, al cual se prestó un experto en la materia, el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. El Pollo del Pinar presentó una querella tan floja que parecía insultante, pero seguramente cuando lo hizo ya sabía que la calidad jurídica de la acción era lo que menos importaba porque por los alrededores ya estaba el entonces ministro canario moviendo los hilos para que fuera admitida a trámite. Era el objetivo inmediato: la mera admisión era suficiente porque el código ético de Podemos obligaba a la diputada a presentar su renuncia.

Para que esa querella prosperara había que salvar no solamente su nadería jurídica, sino también el rechazo del fiscal del Supremo al que le tocó calificarla. Su escrito de inadmisión es antológico: Eligio Hernández había copiado y pegado pasajes de un informe reservado de Alba que solo tenían él y la Fiscalía; pero además, Soria no era competente para aquella iniciativa ni se había acreditado uno solo de los delitos allí escritos.

Es entonces cuando entra en acción el magistrado Salvador Alba mediante la maquinación que todos los lectores conocen de sobra.

Su informe fruto de ese comportamiento grosero y presuntamente delictivo permitió al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, cumplir con el trámite de la admisión de la querella y mantenerla en sus manos más tiempo del estrictamente reglamentario a la espera de saber si Rosell se presentaba a las elecciones de junio de 2016. Fue al estallar el escándalo de la grabación, en mayo pasado, cuando Marchena se quitó de encima el paquete de un modo más que elocuente. Porque una cosa es una pantomima y otra ser cómplice de tan descarada operación corrupta.

En un corto espacio de tiempo hemos asistido a la confirmación de la talla política y ética de José Manuel Soria. La conocíamos de sobra en Canarias desde que empezaran a estallar sus sonados escándalos. Tras cuatro años como ministro, los espectadores de esa otra liga que es la política nacional han terminado por conocerlo. Por eso se quiere marchar lejos de España. Este no es un país a la altura de Soria. Con Trump se entenderá mejor.