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Caso Stratvs

La Audiencia afirma que el informe corregido que envió la Agencia de Protección del Medio Urbano es irregular

Dice la Sala que comparte "las lógicas prevenciones del Ministerio Fiscal al informe de la Apmun al que con indisimulado interés aluden insistentemente los recurrentes con finalidad exculpatoria"

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Bodega Stratvs (DIARIO DE LANZAROTE)

Bodega Stratvs (DIARIO DE LANZAROTE)

La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas asegura, en un auto dentro del caso Stratvs, que el informe que envió en noviembre de 2013 (aunque por error fija la fecha en 2011) la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) al Juzgado número 5 de Arrecife, que instruye el caso, se remitió de forma irregular porque "fue evacuado sin que siquiera lo solicitara la juez instructora". Añade que el tribunal que juzgue el caso Stratvs también deberá valorar la legalidad de ese informe, si se da el caso.

Dice la Sala que comparte "las lógicas prevenciones del Ministerio Fiscal al informe de la Apmun al que con indisimulado interés aluden insistentemente los recurrentes con finalidad exculpatoria". Se refiere a Armando Villavicencio, técnico de planeamiento del Gobierno de Canarias y Juan César Muñoz Sosa, Director General de Urbanismo entre 1996 y 1999, ambos imputados en Stratvs y que habían recurrido su imputación.

La Audiencia Provincial rechaza el archivo de la causa para ambos y considera que hay indicios "sólidos y contundentes" para llevarlos a juicio por prevaricación, por autorizar la construcción de la bodega en el año 1999.

El informe irregular al que se refiere la Audiencia fue enviado por la Jefa del servicio jurídico de la Apmun, Carlota Pérez, como informe complementario a un informe técnico que era desfavorable para Stratvs. El de Pérez aseguraba que no había vicios de nulidad ni en la licencia municipal ni en la autorización del Gobierno para la bodega.

Pérez reconoció en el Juzgado que lo había elaborado con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno, Ana María Quintana, que es la abogada defensora en este caso de los imputados antes mencionados. Es más, la firmante del informe técnico corregido, Sonia Gómez, había denunciado ante el Director de la Apmun, en abril de 2013, que estaba recibiendo presiones.

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