La Audiencia de Las Palmas anula la licencia de un puerto deportivo del hotelero amigo de Soria

El Puerto deportivo Marina Rubicón y, al fondo, el hotel Volcán.

Manuel Riveiro

Arrecife —

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha declarado ilegal y anulado la licencia concedida por el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para el puerto deportivo Marina Rubicón, en el sur de Lanzarote. El principal accionista del puerto deportivo es el grupo Martinón, de Enrique Martinón, el hotelero amigo del exministro de Turismo, José Manuel Soria (PP).

El grupo Martinón es el propietario del Hotel Breathless Punta Cana, donde Soria pasó sus vacaciones en 2015 invitado por la propiedad. El exministro también se alojó al menos durante cuatro veranos en el Hotel Volcán Lanzarote, del mismo grupo, en varias ocasiones, que se encuentra a pocos metros del puerto deportivo cuya licencia municipal ha sido anulada por la Justicia.

En el juicio del denominado caso Yate, el exalcalde confesó haber recibido sobornos, “dádivas” valoradas en “más 60.000 euros” de los propietarios del puerto deportivo. En la sentencia, hecha pública este viernes, se destaca que el exalcalde no abonó durante años el importe del atraque de su barco, adquirido a su vez a través del cobro de comisiones ilegales.

“Dicha dádiva obedece al otorgamiento de varias licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística de aplicación por el acusado José Francisco Reyes Rodríguez a los administradores de la entidad Puerto Deportivo Rubicón SA, entre las que destaca la propia licencia concedida para la construcción de dicho puerto deportivo”, en marzo de 2003, según destaca la sentencia de la Audiencia Provincial.

La sentencia también vincula el trato de los dueños del puerto deportivo a Reyes, “incluso con posterioridad” a que “dejara sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento”, a la concesión de otras licencias urbanísticas, que el exalcalde admitió que había otorgado para la construcción de establecimientos hoteleros a “al menos dos de las empresas propietarias del puerto”, BTL Lanzarote, del promotor Juan Francisco Rosa, y Horinsa, del grupo Martinón.

“También en este caso se recompensaba la voluntaria inactividad del alcalde en el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística, toda vez que las obras de construcción del puerto comenzaron en el año 2000, cuando se carecía de la preceptiva licencia municipal, y sólo fue solicitada ésta por los promotores cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió dichas obras por la ausencia de la mentada licencia”, aclara la Audiencia Provincial.

La sentencia recoge una condena total de seis años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza, que reconoció los delitos y logró una rebaja por parte de la Fiscalía en su petición de condena, que inicialmente era de 25 años de prisión. De los seis años de condena, un año y seis meses de cárcel se corresponden con tres delitos de cohecho pasivo, uno de ellos por las dádivas del puerto deportivo Marina Rubicón.

44 licencias anuladas en el sur de Lanzarote

La Audiencia provincial de Las Palmas ha anulado, en la sentencia del caso Yate, 44 licencias otorgadas por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes entre 1998 y 2003. Muchas de las licencias, concedidas a hoteles y apartamentos, ya estaban anuladas por los tribunales en la jurisdicción contencioso administrativa, aunque otras no.

La sentencia dice que Reyes, a la hora de conceder licencias, “omitió deliberadamente trámites esenciales en el procedimiento de otorgamiento, impidiendo el ejercicio por el Cabildo de sus competencias, toda vez que concedió las licencias sin intervención de esta Institución a la que nunca le solicitó el preceptivo informe de compatibilidad”.

“Nacimiento del ‘urbanismo de promotor’”

“El alcalde permitió así el nacimiento del ‘urbanismo de promotor’ -señala el fallo- y con su actuación manifiestamente ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, puesto que autorizó construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que su capricho ya que en ningún expediente incorporó los informes jurídicos preceptivos y vinculantes, ni se exteriorizan argumentos o razones que puedan justificar la concesión masiva de licencias sobre proyectos ni siquiera estaban visados por el colegio profesional de arquitectos”.

Esta noticia ha sido publicada en Diario de Lanzarote.

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