El Gobierno canario pide el sobreseimiento de la causa contra tres altos cargos por parques eólicos
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha restado importancia este jueves a las diligencias previas que ha abierto el Juzgado de Instrucción Número de 3 de Las Palmas de Gran Canaria, a raíz de la denuncia de uno de los propietarios del suelo donde Gas Natural construye dos parques eólicos en el sur de Gran Canaria.
Junto a Ortega, se encuentran denunciados el viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza; el director general del área, Erasmo García, Gas Natural Natural Fenosa; jefe del área de Energía de la Dirección General de Industria, Fernando Herrera, y a la asesora jurídica María del Pino de León.
El consejero aseveró este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir la creación del Observatorio de Energía de Canarias, que “lo único que ha ocurrido es que un particular ha presentado una denuncia. A nosotros nos informaron, la recogimos la semana pasada y hemos pedido desde el Gobierno de Canarias el sobreseimiento, porque no hay causa”.
El denunciante les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación administrativa y urbanística y tráfico de influencias a favor de Gas Natural y su intención de poner en marcha las instalaciones eólicas. A raíz de la investigación, Podemos ha exigido explicaciones al Ejecutivo regional por autorizar los parques sin contar con el requisito de disponibilidad de suelo, mientras que Ciudadanos ha pedido que se aclare si existen irregularidades.
Ortega precisa que su posición es de denunciado y no de investigado, puesto que no se le ha llamado a declarar. Algo que no ocurrirá durante la fase preliminar de diligencias previas, puesto que el Juzgado de Instrucción no tiene competencia para hacer que un aforado - como lo es el consejero de Economía e Industria - comparezca en su sala.
Por lo tanto, el juez no podrá imputarle ningún delito, sino que deberá en todo caso y si así lo considerara, elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que sería la encargada de investigar y juzgar al consejero.
“El 98,6% de los propietarios de un terreno con 64.000 metros cuadrados se pusieron de acuerdo con la promotora del parque eólico y llegaron a un acuerdo. Un 1,4% de la propiedad, un propietario en concreto, no está de acuerdo y es el que presenta la denuncia”, explica.
Ortega no precisa la cantidad de expropiaciones que se han llevado a cabo para que los parques instalados en el cupo eólico puedan verter energía antes de que expire el plazo otorgado por el Ministerio de Industria y Energía. Asegura no haber recibido quejas de otros propietarios por la negociación del suelo.
