El Seprona asegura que el Ayuntamiento de Arrecife nunca colaboró para esclarecer los hechos

Federico Echevarría y Antonio Caro, promotor y constructor de la urbanización La Bufona.

Saúl García

Arrecife —

En la vista de la primera jornada del caso de La Bufona han intervenido tres agentes del Seprona de la Guardia Civil. En 1999 la familia Murillo denunció que les estaban usurpando los terrenos y los agentes se desplazaron para medir in situ.

Primero solicitaron la documentación al Ayuntamiento de Arrecife, “pero nunca contestó”, así que las mediciones las hicieron sobre la documentación que envió el Gobierno de Canarias. Uno de los agentes señaló que el Gobierno dijo que desde la última casa, sólo había 26 metros de suelo urbano, y al medir comprueban que las casas ocupan una línea de fondo de 14 metros de suelo rústico.

“Era evidente que se habían extralimitado”, señaló otro agente de la Guardia Civil, que aseguró que inspeccionó cuando las obras aún no habían terminado, y que los muros ya estaban hechos.

El denunciante del caso, que ejerce la acusación particular, Gonzalo Murillo, explicó que su familia compró terrenos en la zona en tres épocas: los años setenta, 1987 y en 1997. En 1999 les llaman unos vecinos de El Cable para decirles que les están ocupando el suelo.

“Me amenazaron con un tiro en la nuca si seguía denunciando en La Bufona”, dijo. En una reunión con los propietarios solicitó que le pagaran el precio del suelo o se lo devolvieran. También explicó que Brisa compró tres parcelas que sumaban 46.800 metros y cuando las agrupa en una finca, suma más de 50.000, que además estaban afectados por una expropiación de carreteras. Señaló que se cambian los linderos y se hace una alteración catastral que después se anula.

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