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El TSJC decide en octubre recursos contra el Plan General de Yaiza y el Plan de La Geria

El próximo mes está previsto que se proceda a la votación y fallo de procedimientos judiciales en los que se ha puesto en tela de juicio la legalidad de ambos planeamientos

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Hotel Son Bou.

Hotel Son Bou, con orden de restablecimiento de la legalidad dictada por el Ayuntamiento de Yaiza.

Octubre va a ser un mes decisivo para dos de los principales instrumentos de planeamiento aprobados en Lanzarote en los últimos años: el Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza y el Plan Especial de La Geria. El próximo mes está previsto que se proceda a la votación y fallo de procedimientos judiciales en los que se ha puesto en tela de juicio la legalidad de ambos planeamientos.

Así, por ejemplo el día 14 de octubre se ha fijado fecha para que la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida en uno de los procedimientos sobre el Plan General de Yaiza, contra el que se interpusieron más de 25 recursos judiciales.

Según los casos, las pretensiones de los demandantes son distintas: mientras que entidades como la Fundación César Manrique o Transparencia Urbanística se centran en cuestiones de interés general y han considerado que algunas piezas de suelo, como Costa Roja, el plan parcial Playa Blanca o la parcela de Carlos Morales en Puerto Calero no debían ser consideradas urbanas, también hay impugnaciones de promotores que recurren por sus intereses particulares.

Entre los que anunciaron recurso ante el TSJC contra el Plan General de Yaiza se encuentran empresarios como Honorio García Bravo, Juan Francisco Rosa, Domingo Rodríguez Cedrés, los hermanos Domínguez, el arquitecto Ángel García Puertas o la propiedad del hotel Papagayo Arena.

Los escenarios más probables para el Plan General de Yaiza son: que su aprobación definitiva de hace dos años se valide por el tribunal, que se anule el documento de forma parcial o que la anulación alcance a todo el documento. En procedimientos similares, lo habitual es que el tribunal se pronuncie primero sobre las demandas que atacan la legalidad, en general, del PGO y luego resuelva los recursos sobre aspectos más concretos.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

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