La mujer acusada de matar a su bebé y tirarlo a un vertedero queda en libertad provisional

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

La acusada de acabar con la vida del bebé que apareció en el complejo medioambiental de Arico en 2013 ha sido puesta en libertad provisional, después de que el jurado popular la haya declarado culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave, y no de asesinato, como pedía la Fiscalía.

El tribunal jurado del juicio que se ha celebrado durante esta semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha determinado que la madre no tenía la intención de acabar con la vida del hijo, aunque considera que no actuó con la debida diligencia al sentarse en el váter para dar a luz.

El juez ha puesto en libertad provisional a la madre del niño, que ya ha cumplido dos años de prisión y que se expone a una pena de cárcel de entre uno y cuatro años por un homicidio imprudente, aunque el jurado ha considerado que el magistrado deberá tener en cuenta los atenuantes de discapacidad mental y de colaboración con la investigación y se ha mostrado a favor de una suspensión de la pena.

La procesada, cuando se encontraba trabajando como asistente de una señora mayor, sintió dolores, se dirigió al baño, se sentó en la taza de váter y dio a luz a un niño que nació vivo y que cayó dentro del inodoro, ha defendido una mayoría cualificada del jurado.

El bebé nació vivo, consideran probado los miembros del tribunal, y murió por asfixia, por causas que no se han podido determinarse, y la mujer, pese a que no tenía malas intenciones, no actuó correctamente al dar a luz en el servicio.

La mujer debió prever el peligro de que el niño, al nacer en estas circunstancias, pudiera morir o que al agarrarlo para sacarlo del retrete lo pudiera asfixiar accidentalmente.

En el caso de que hubiera actuado de otra manera y con mayor cuidado en el momento del parto, han añadido, muy posiblemente no se habría producido el fallecimiento del bebé.

Además, el jurado ha considerado probado que la acusada tiene un retraso mental que reducía su capacidad para comprender la situación en la que se encontraba y actuar de un modo razonable, mientras que también ha aceptado que la mujer reconoció los hechos ante la Guardia Civil y accedió a colaborar con la investigación, facilitando una muestra biológica para las pruebas de ADN.

El jurado cree procedente que a la procesada se le deben conceder los beneficios de suspensión de la condena, en caso de que legalmente sea posible, y se ha mostrado a favor del indulto.

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