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ANÁLISIS | APERTURA DEL AÑO JUDICIAL EN CANARIAS

El poderoso efecto purificador de la naftalina

El fiscal jefe y el presidente del TSJC pasan de puntillas por los escándalos y las prebendas que sacuden a la justicia en Canarias: todo está bien menos algunas cosas que las llevamos como podemos

Vicente Garrido dedica unos sentidos ditirambos al exfiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, del que el Supremo ha dicho que vulneró derechos fundamentales de la magistrada Victoria Rosell

Antonio Doreste solo tiene una queja que hacer a las administraciones públicas: la limitación presupuestaria para jueces sustitutos y suplentes. Él es uno de ellos

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Antonio Doreste, presidió el acto oficial de apertura del año judicial en las islas. EFE/Ángel Medina G.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Antonio Doreste, presidió el acto oficial de apertura del año judicial en las islas. EFE/Ángel Medina G.

Acudir a la solemne apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no te reconcilia con la Justicia. Embutidos en sus togas, con caras circunspectas, una amplia representación de los hombres y mujeres que imparten justicia en las Islas (todavía muchos más hombres que mujeres en esos niveles de representación), cumplieron este lunes un año más con una liturgia oficial, inútil y vacía que solo sirve para cultivar las relaciones entre las autoridades y para transmitir a los administrados lo lejos que está de ellos la Administración de Justicia.

Primer síntoma: la funcionaria grita a unos pasillos vacíos “¡audiencia pública!” cuando ya todos los que son están dentro. Y el presidente del TSJC da por iniciada la solemne sesión en medio de unos estrados atestados de los jueces que más mandan y de los fiscales que quieren mandar más.

Segundo síntoma: entre el público, muchos huecos vacíos donde antaño no cabía un culo más, dicen que por el capricho de Antonio Doreste de convocar este tipo de actos en lunes y a las 12.30, cuando la mayoría de sus señorías tienen compromisos con los justiciables. Otros alegan que hay desafección, que una gran parte de las juezas y jueces, y magistrados y magistradas ni tienen buena relación con estos altos cargos, más políticos que judiciales, ni se identifican con este TSJC por los modos mostrados hasta ahora frente a escándalos como de Salvador Alba Mesa, que continúa impartiendo justicia. Todo en su sitio.

Tercer síntoma: lo que no faltó -como es norma- fue la nutrida representación de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, algunos porque no tienen otra cosa mejor que hacer; otros porque es obligatorio rendir tributo a quienes investigan y juzgan a los aforados. Los demás (o todos), por simple tradición y convencionalismo que el presidente Doreste plasmó como nadie en su saludo especial a “las autoridades religiosas católicas”.  Porque, evidentemente, ni había (ni se esperaba) representante alguno de cualquier otra confesión. Ya se sabe, estamos con la Constitución y la ley. Aconfesionales ambas. “No hay nada más democrático que el cumplimiento de la ley”, había proclamado previamente, en los últimos pasajes de su discurso, el fiscal jefe. Muy discutible, como mínimo.

Cuarto síntoma: aquí no pasa nada. Al contrario, las cosas van viento en popa a toda vela: desciende la pendencia (gracias a reformas legislativas -algunas muy discutidas por los expertos- que descargan a los juzgados, pero no solucionan los problemas); el Gobierno de Canarias se porta maravillosamente bien con la Justicia en Canarias a pesar del inmenso lío del nuevo palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife, pero se encarga de los coches oficiales del presidente y del fiscal jefe. Camaradería.

Sólo un reproche a una de las tres administraciones que operan sobre la Justicia: el ministerio de Catalá es muy cicatero con los recursos para las sustituciones de jueces y los jueces de refuerzo. Fue el asunto al que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, dedicó más minutos en su discurso, quizás porque él vive en sus propias carnes lo mal pagado que está hacer una sustitución, régimen al que está abonado permanentemente en los juzgados y la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. Y, claro, rebasa los 180 días anuales que impone el ministerio, hasta el punto de tener que validar el exceso con un acuerdo extraordinario del Consejo General del Poder Judicial. Como hizo con Salvador Alba en 2015, cuando le encargó que sustituyera a la jueza Rosell en Instrucción 8 con su cupo de sustituciones ya cubierto.

Así de sobrecargados de sustituciones están, con su expreso consentimiento, algunas salas de las audiencias provinciales cuyos magistrados hacen sustituciones mientras casos tan escandalosos como Faycan duermen el sueño de los justos en sus estanterías más de una década después de que estallaran. Como tiene que ser, que en ese asunto está el PP hasta las cejas. La Sección Sexta no señaló el juicio del caso Faycán en mayo de 2015 porque había elecciones. En septiembre de 2017 aún sigue igual, sin elecciones a la vista, pero sus tres magistrados hacen constantemente sustituciones voluntarias en otros juzgados, nombrados por el presidente Doreste, y cobran un dinerito extra por ello.

Quinto síntoma: los trapos sucios no se lavan ni en casa. Elocuente ditirambo del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, a quien hasta hace poco era su mano derecha, el fiscal jefe de Las Palmas Guillermo García-Panasco, elevado a puesto de relumbrón en la Fiscalía General del Estado después de que el Supremo tachara su actuación en la investigación a la jueza Victoria Rosell como vulneradora de derechos fundamentales.

Un comportamiento que no disuadió a Vicente Garrido que, lejos de la más mínima autocrítica, le elogió por haber dirigido la Fiscalía de Las Palmas con “responsabilidad, rigor, lealtad institucional y liderazgo”. ¿Panasco fue realmente ascendido o providencialmente sacado del laberinto de responsabilidad, rigor, lealtad institucional y liderazgo en el que estaba metido?

Sexto síntoma: La Sección Sexta solo estuvo representada por su presidente, que lo es de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya. Ineludible. No estaban sus dos compañeros más frecuentados, Carlos Vielba y Salvador Alba. Ni se pronunciaron sus nombres aunque el del segundo flotaba permanentemente en la sala, entre los rigores de la solemnidad y el olor a naftalina. Doreste ni se molestó en acercarse ni siquiera elípticamente al espinoso asunto, y Garrido más pareció disculparse ante las dignísimas autoridades: La Ley “en ocasiones nos obliga a ejercitar las acciones legales que entendemos procedentes, aun cuando se refieran a hechos que, indiciariamente, se hayan podido cometer dentro del ámbito de la propia administración de

Justicia”.  Su actuación en las diligencias previas 10/2016, sin embargo, más se han dirigido a proteger la actuación de su fiscala Evangelina Ríos que a depurar las responsabilidades por los presuntos delitos que pudiera haber cometido Salvador Alba. Algunos con pleno conocimiento y complicidad de la fiscalía que con tanta responsabilidad, rigor, lealtad institucional y liderazgo dirigió hasta el otro día Guillermo García-Panasco.

Otrosí: el mismo fiscal jefe que se justificaba ante las dignísimas y reverendísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas por estar participando en la instrucción de una causa penal contra el magistrado Alba ha pedido a la magistrada instructora, Margarita Varona, que vuelva a apartarse de la causa porque el incidente de recusación promovido contra ella sigue vivo pese a una primera resolución contraria. Esta nueva dilación retrasará la apertura de juicio oral contra el magistrado e impedirá su suspensión por el CGPJ, lo que le permitirá presidir el juicio del caso Faycan, con la mayoría de imputados del Partido Popular.

Garrido se derrite siempre ante los escritos del abogado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, el mismo que defiende a Soria, al fin y al cabo el que ordenó toda esta cacería que sigue sin sentar a nadie en el banquillo. De momento.

La traca final: Catalunya. El presidente Doreste, como cumpliendo una instrucción superior, dedicó el tramo final de su discurso al conflicto catalán pero analizado solamente desde la perspectiva legalista más superficial, con invocaciones a la unidad de España y la soberanía de todos los españoles reconocidas en la Constitución. Su única concesión a la política fue limitarla: “El orden constitucional, el constitucionalismo, es una posición política”. Curioso, porque acabábamos de entender que era una cuestión jurídica. Al otro lado colocó a las opciones que “se dirigen a la destrucción de esos valores”. El término medio lo situó en la reforma de la Carta Magna. Una quimera.

De postre, grandes loas a la Fiscalía por “formar la primera línea de esta defensa”. 700 alcaldes (la política) amenazados con detención si no comparecen preventivamente ante el Ministerio Público. El orden. 40 años de paz. Llamativo que lo diga el representante de los magistrados “en nombre del Poder Judicial”, porque numerosas autoridades judiciales y académicas consideran muy discutible que cuando un asunto está ya judicializado, la Fiscalía pueda continuar actuando al margen del juzgado o tribunal competente. 

No, el acto solemne de apertura del año judicial no anima a reconciliarse con la justicia. Ni mucho menos.

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