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Una sentencia obliga al Gobierno canario a pagar 600.000 euros de subvención a Las Palmas de Gran Canaria

El TSJC estima que el Ejecutivo autonómico no abonó una subvención al equipo municipal de Atención a Infancia y Familia en el año 2014 y considera que tampoco está justificada la denegación de la misma

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Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

Una sentencia condena al Gobierno canario a pagar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un total de 613.534 euros por una subvención que no fue abonada al equipo municipal de Atención a Infancia y Familia en el año 2014.

Así al menos lo refleja el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una sentencia notificada el pasado 18 de abril, que señala que no se justifica por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda Ejecutivo autonómico la denegación de la subvención por una antigua deuda que mantenía el Consistorio y que no había sido abonada aún en ese momento.

La sentencia recoge que, según un informe de la Consejería de Economía del Gobierno regional, queda acreditado que nueve de las diez cantidades que formaban parte de la vieja deuda que mantenía el Consistorio con Políticas Sociales, y que motivaron la denegación de la subvención, fueron abonadas.

Solo quedaba pendiente de pago, en el momento de solicitar la subvención, una cantidad de 164.000 euros, que se zanjó poco después mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Instituto Canario de la Vivienda.

El texto del fallo señala, además, que no existe ningún tipo de fraude por parte del Consistorio, puesto que se ha cumplido el fin subvencionado.

"Cuando además, dicho fin implica el funcionamiento de una actividad cuyo interés público es de primerísimo orden, queda descartado cualquier ánimo lucrativo que pueda esconderse tras los intereses particulares de personas o empresas, y en el supuesto aquí tratado, el no pago supone una clara vulneración del principio de confianza legítima, que rige en la concesión de una subvención de carácter extraordinario y directa para la persecución de objetivos de carácter social que deben presidir el principio de colaboración entre administraciones públicas", recoge la sentencia.

El Ayuntamiento capitalino interpuso un contencioso administrativo ante el TSJC contra el Gobierno regional después de que éste rechazara por la vía administrativa un recurso de reposición de la Corporación municipal que reclamaba el abono de la subvención prometida.

Los 613.534 euros de la subvención estaban destinados a financiar el fomento de acciones incluidas en el Plan Integral del Menor para la financiación de los equipos municipales especializados en la atención a la infancia y a la familia, así como a los centros de día de la red municipal.

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