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Una tercera sentencia del TSJC afirma que el decreto de alquiler vacacional "infringe" la libertad de empresa

El Tribunal entiende que el reglamento no tiene potestad para imponer deberes a los turistas en cuanto al uso civilizado de las viviendas

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El número de turistas extranjeros que escoge una vivienda de alquiler como fórmula de alojamiento ha aumentado en los últimos años.

El número de turistas extranjeros que escoge una vivienda de alquiler como fórmula de alojamiento ha aumentado en los últimos años.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una tercera sentencia en contra del decreto regulador del alquiler vacacional elaborado por el Gobierno de Canarias, asegurando que "infringe claramente" la libertad de empresa, posiblemente para "tratar de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en zonas turísticas".

Ascav, que había presentado su propio recurso, ha informado en una nota de que la sentencia falla a favor de la impugnación del artículo 5.2 a) por el que quedaba prohibido a los usuarios destinar la vivienda vacacional a fines que no fueran los propiamente turísticos, ya que limita el ejercicio al derecho de la propiedad privada en el bien inmueble.

También anula el resto de apartados del artículo 5.2, ya que el Tribunal entiende que el reglamento no tiene potestad para imponer deberes a los turistas en cuanto al uso civilizado de las viviendas.

Según la asociación, el fallo de la Sala anula los artículos 3.2 y las prohibiciones de viviendas vacacionales en zonas turísticas y urbanizaciones mixtas residencial-turística, y también anula el artículo 5.2 y los usos a los que el propietario quiera destinar la vivienda, negando la potestad del Gobierno de Canarias a imponer deberes a los turistas.

Asimismo, como en las anteriores sentencias, se anulan los artículos 12.1 que no permitía el alquiler parcial de viviendas, ya que se vulnera la libre oferta de servicios, por lo que la norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, volviendo a lesionar la libertad de competencia y el artículo 13.3 en lo referente a la espera de 15 días para el inicio de la actividad.

Para Ascav, la "perversión" del modelo de la vivienda vacacional por parte de inversores y bancos que compran edificios completos para convertirlos en "pseudo todo incluidos", animados por la RIC para prestar servicios diversos, "sólo ha pretendido cerrar la puerta a una demanda internacional de vivienda vacacional como modalidad de alojamiento".

A su juicio, "el modelo tradicional al que se aferra Canarias sólo pretende seguir aportando más de lo mismo, lo cual es altamente peligroso y nada constructivo para el devenir turístico de las islas, ya que una oferta diversa que escuche y se adapte activamente las demandas del visitante y le proporcione seguridad jurídica, resulta vital".

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