El Gobierno canario lamenta que el TAS no valorara el caso Barreiros-Curbelo
El Gobierno canario ha lamentado este martes que el Tribunal de Arbitraje del Deporte del Comité Olímpico Internacional (TAS) haya decidido no entrar a conocer del asunto planteado por Onán Barreiros y Juan Curbelo por falta de “jurisdicción” y ha renovado su apoyo a los regatistas grancanarios.
En un comunicado, el Ejecutivo regional destaca que sigue pensando, como ya lo hizo saber en su día, que “los deportistas canarios tienen razón en la reclamación planteada ante la Real Federación Española de Vela (RFEV) acerca de su mejor derecho, ganado en el campo de regatas, para asistir a los Juegos de Río”.
“Lamentablemente, la RFEV no piensa lo mismo y ha designado en su lugar a dos regatistas de otra comunidad autónoma que, a juicio de los deportistas canarios, no cumplen el ”criterio de calidad“ establecido en las propias normas federativas”, añade la nota.
El pasado viernes, el TAS acordó que “no tiene jurisdicción para decidir la disputa”, una decisión ha causado “sorpresa y decepción” a los regatistas canarios, pues se trata del único tribunal específico del deporte a escala mundial.
Los deportistas isleños lamentan que el TAS no haya entrado a analizar este asunto, por lo que, por un motivo puramente formal, se quedan sin poder ir este verano a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
“No cabe duda de que es un auténtico mazazo, no solo para los regatistas que han apelado, sino para el conjunto de los deportistas de España, que acaban de enterarse de que el TAS no es competente para examinar la legalidad de un acuerdo de una federación nacional”, subraya el Gobierno canario.
Si a esto se le suma que el Consejo Superior de Deportes (CSD), en casos similares ha optado por la misma alternativa de declararse incompetente, “la conclusión es que los deportistas españoles, en estas situaciones, están en franca indefensión”.
Ante esta situación de desamparo, el Ejecutivo regional insta al CSD a que promueva un cambio legislativo que considere como función pública la asistencia representando a España a los Juegos Olímpicos.
De esta forma, los conflictos que se susciten en la materia podrían ser resueltos por el organismo estatal, sin necesidad de abocar a los deportistas a la jurisdicción civil, la cual, debido a la sobrecarga de trabajo, “suele fallar tarde y hace impracticables sus decisiones”.
