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Desmantelado el asentamiento irregular de la calle Àlaba del Poblenou

Estat de les barraques de l'assentament

Cristina Palomar

Barcelona —

El asentamiento irregular del barrio del Poblenou situado en la confluencia de las calles Àlaba y Bolívia, y cerca de la Torre Agbar, el Museo del Diseño y Los Encantes, ya es historia. Las catorce familias procedentes de Galicia y de Portugal que malvivían en este solar privado desde hacía unos siete años en autocaravanas han sido parcialmente realojados en pisos de alquiler social mayoritariamente en el barrio. El resto, al no cumplir los requisitos exigidas por los servicios sociales municipales, ha tenido que irse.

El desmantelamiento del campamento, ocupado mayoritariamente por personas de etnia gitana que se ganaban la vida recogiendo chatarra, se produjo el mes de noviembre pasado y se hizo con total discreción. De hecho, la temida orden de desalojo del solar se había firmado el septiembre pasado, pero su ejecución se retardó un poco a la espera de cerrar el acuerdo de realojo con el consistorio barcelonés. De las catorce familias afectadas, ocho se han repartido en pisos sociales en las calles Castella y Ramón Turró, en el barrio del Poblenou, y en Montcada i Reixac.

La evacuación del asentamiento se hizo rápidamente una vez que los asistentes sociales entregaron las llaves de los pisos. Según uno de los vecinos testigo de la mudanza, en pocos días se marcharon todos y las máquinas retiraron toda la basura acumulada durante años y que tantas quejas vecinales había provocado por la presencia de ratas y por los malos olores. El terreno, situado en las inmediaciones de la plaza de las Glòries actualmente en pleno proceso de transformación urbanística y delante de un concesionario de coches de lujo, se rodeó con una valla metálica que ya se ha caído al suelo.

El 19 de febrero del año pasado el asentamiento ilegal fue noticia al prenderse fuego una de las autocaravanas de madrugada por causas desconocidas. El incendio, que afectó a parte del campamento y también a la nave industrial que hay al lado, no provocó heridos pero obligó a evacuar a diez menores y tres adultos. Las familias afectadas enviaron una carta al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, pidiendo ayuda ante el miedo a ser desalojadas por cuestiones de seguridad y denunciando que el consistorio sólo los había ofrecido dormir en pensiones durante tres noches. “Somos vecinos de Barcelona y no somos conflictivos. Nuestros hijos han nacido aquí, van a la escuela y hablan catalán. Queremos integrarnos en la sociedad, como un catalán más, con nuestros derechos y obligaciones”, explicaban en la misiva.

El campamento de la calle Àlaba desmantelado formaba parte, junto con otros asentamientos y ocupaciones de antiguas naves Industriales abandonadas en el distrito tecnológico del 22@, de la Barcelona que no sale nunca en las guías turísticas: la del barraquismo en pleno siglo XXI y al lado de los edificios de lujo y hoteles de Diagonal Mar. Según fuentes del Ayuntamiento, en la ciudad condal había en el año 2012 más de sesenta asentamientos irregulares ocupados por más de 700 personas clasificadas en tres colectivos principales: itinerantes (galaicoportugueses), rumanos y subsaharianos.

Accidente mortal

Ese mismo año y como consecuencia de la muerte de cuatro personas en un incendio en una barraca también el distrito de Sant Martí, el consistorio barcelonés aprobó un Plan de Asentamientos Irregulares con el objetivo de erradicar estos campamentos ofreciendo alojamiento digno y oportunidades de trabajo. El desarrollo del plan provocó polémica porque al mismo tiempo que se aplicaba se intensificaban los desalojos forzosos.

Uno de los más criticados fue el que se hizo el 7 de enero de 2013 en una nave de la calle Zamora. Las entidades sociales del barrio y las ONG calificaron la operación policial de “racista” y la Síndica de Greuges de Barcelona, María Assumpció Vilà, denunció la vulneración de los derechos humanos de los detenidos. En un año y medio el Plan de Asentamientos Irregulares ha atendido a 570 personas y ha facilitado residencia a 267, según explicó la responsable de Qualitat de Vida del consistorio, Maite Fandos, en julio del año pasado.

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