La Generalitat deja desamparadas a 650 personas con discapacidad intelectual
La hija del Hortensia Bonal tiene un grado de discapacidad del 85% y espera una plaza en una residencia desde el año 2008. Aún no se la han dado. La hermana de Julia Crespo, con el 75%, la espera sólo desde hace un año y medio, pero la situación familiar se ha visto agravada porque a su madre de 74 años le han recortado la prestación que recibía a más de la mitad. Jordi Plasencia, un chico de 46 años con síndrome de Down que trabajaba en una empresa de electrónica hasta que quebró, ahora no encuentra empleo en el mercado laboral ni consigue una plaza en un Centro Especial de Trabajo ni en un Centro Ocupacional, sencillamente porque la Generalitat tiene bloqueadas las dotaciones para crear nuevas plazas (los llamados vistiplaus, vistos buenos). O sea que, como el resto, se pasa el día en casa.
Este sábado, en un acto multitudinario celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona, la federación Dincat ha querido poner cara a algunos de estos pequeños y silenciados dramas cotidianos. Según los cálculos de Dincat, que reúne a más de 300 entidades que dan servicio a las personas con discapacidad intelectual en Cataluña, ahora mismo se encuentran en esta situación 655 personas: 460 esperan plaza en un centro de día y 195 en un hogar residencia. “Estos servicios son básicos y necesarios”, ha afirmado la presidenta de Dincat, Rosa Cadenas, “porque ayudan a las personas a mantener sus capacidades”. “Estamos hablando de derechos fundamentales, y en este caso se está vulnerando el derecho a la dignidad de estas personas”, ha intervenido el abogado Andrés Orofino, asesor jurídico de Dincat.
Según las estimaciones de Dincat, con cinco millones de euros anuales el problema estaría resuelto, lo que equivale al 0,016% del presupuesto de la Generalitat para el año 2014. “Que no digan que no hay dinero, eso no nos sirve, es un tema justicia social”, ha exclamado Braulio Gil, el portavoz de Familias Dincat. Lo mismo, con otras palabras, han expresado todas las familias que este sábado han tomado la palabra. “No es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades -prioridades presupuestarias- y de clara voluntad política”, sostiene el manifiesto que ha presentado Dincat en este acto, titulado Nuestros derechos no caerán.
Ciertamente, cinco millones no parecen gran cosa. Es una cifra que se presta a comparaciones odiosas. Pero nadie en este acto ha caído en semejante tentación. Nadie ha recordado que cinco millones son cuatro menos que el dinero que cuesta organizar la consulta del 9-N (“con nueve millones de euros no se resuelve el problema de la sanidad catalana”, le dijo el presidente Artur Mas a Ana Pastor en la entrevista televisiva que le hizo hace unos días). Tampoco se ha dicho que es la mitad de lo que la Generalitat inyectó en Spanair poco antes de la quiebra de la aerolínea. O que es una tercera parte del malgastado por los 80 directivos de Caja Madrid en caprichos pagados en negro.
Pero cualquier experto sabe que dejar desamparada a una persona con discapacidad tiene un efecto directo sobre su autoestima, ergo sobre su salud y la de sus familiares. En otras palabras, que lo que hoy se ahorra el departamento de Benestar Social mañana le costará el doble al de Sanidad.
Ley de Dependencia
Los problemas de las familias con algún miembro con discapacidad intelectual (y con discapacidad en general) no se acaban aquí. Hay más. Para empezar, el bloqueo de los vistiplaus afecta también a personas que sí tienen una plaza subvencionada, pero que por las circunstancias que sea deberían cambiar de servicio; por ejemplo, personas que tienen plaza en un centro ocupacional y deberían pasar a un centro de día. Hoy por hoy no pueden. Las únicas excepciones al bloqueo son los casos considerados urgentes y las personas que terminan la escuela y necesitan un recurso de atención diurna, subrayan desde Dincat.
La cuestión de los vistiplaus ya fue uno de los principales ejes de reivindicación del sector el pasado 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad. Las cosas no han hecho más que empeorar. También el Cocarmi, que integra a los diferentes colectivos catalanes de personas con discapacidad (es el equivalente al Cermi en España), puso el grito en el cielo hace unos días porque la Generalitat ha anunciado un aplazamiento en el pago de los servicios que tiene concertados con las entidades del sector.
Asimismo, según Dincat, se acumulan problemas derivados de la Ley de Dependencia. Las administraciones están retrasando los pagos a los beneficiarios de la Ley de Dependencia, retrasando también los nuevos reconocimientos y revisando a la baja los grados de dependencia reconocidos (para tener que pagar menos). Pero lo peor es que están reclamando la devolución de dinero que se otorgó hace años porque han modificado los criterios de las ayudas y lo aplican con efectos retroactivos. Antes era compatible que una persona recibiera la prestación de cuidador no profesional aunque tuviera plaza en un centro ocupacional, y como que de un tiempo a esta parte una y otra cosa no son compatibles reclaman el dinero cobrado con anterioridad.
En esta situación se encuentra el presidente de Familias Dincat, Braulio Gil. Su hijo, de 28 años, tiene un grado de discapacidad del 83% y por ello recibe una ayuda de 177 euros al mes por la Ley de Dependencia. La Generalitat les reclama que devuelvan 8.500 euros cobrados hace años (al principio les reclamaban 12.000) y como no los tienen y han recurrido esta resolución, les retienen el 30% de la prestación, que desde agosto se ha quedado en 124 euros. O sea que dentro de aproximadamente 14 años habrán pagado estos 8.500 euros que les reclaman, siempre que no les apliquen intereses.
