Renta Garantizada de Ciudadanía: ¿Sin contrapartidas?
¿Se tiene que exigir algún tipo de contrapartida a las personas que reciban una Renta Garantizada de Ciudadanía? Esta fue una de las cuestiones debatidas en la sesión celebrada este martes 9 de diciembre en la comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, que estudia la iniciativa legislativa popular que recogió más de 120.000 firmas en defensa de este subsidio.
La propuesta de esta iniciativa es que todos los ciudadanos dispongan de un mínimo de 664 euros y el debate en la comisión fue sobre si hay que reclamar a cambio alguna implicación o servicio a las personas que se beneficien de la ayuda. Ferran Busquets, director de la Fundación Arrels, que atiende a personas sin techo, fue muy contundente para romper la imagen de que “la gente quiere las cosas gratis” y propuso tachar la palabra “contraprestación” y sustituirla por “apoyo adecuado” . Busquets explicó que los usuarios de Arrels se acercan a la entidad para pedir qué pueden hacer. “Hay mucha diferencia entre no tener ningún ingreso y tener alguno, aunque sea muy pequeño. Poder pagarse un café es muchísimo ”, dijo.
El presidente de “Justicia y Paz” en Lleida, Rafael Allepuz, afirmó durante su comparecencia que “si ponemos condiciones a la obtención de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) seguiremos donde estamos” y denunció que los empresarios ofrecen sueldos muy bajos: “Si alguien tiene una Renta Garantizada y le ofrecen un trabajo de 700 euros, la rechazará. ¿Quién no lo haría?”. Para él, la contraprestación debería ser la contratación de más trabajadores sociales.
Nuria Garrido, que intervino en representación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña, también se decantó por evitar las contraprestaciones, para que no se creen “relaciones de poder entre los trabajadores sociales y los ciudadanos atendidos”. “No podemos criminalizar más a los pobres”, dijo. En términos similares se expresó Sonia Fuertes, en nombre del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, que consideró que los 664 euros de la RGC no representan una cifra desorbitada: “Más bien sirve sólo para la subsistencia”. Fuertes consideró “indignante” que se utilice el posible fraude que pudieran cometer algunos beneficiarios de la Renta “para no afrontar el tema a fondo”. Ignacio Parody, director de la Fundación Privada Trinijove y presidente de la Red Europea de Empresas de Inserción Social, afirmó que aunque hubiese un fraude del 10% no justificaría dejar sin prestación el 90% restante.
“Efecto llamada o efecto retorno”
Más receptivos a la exigencia de contrapartidas para recibir la RGC fueron el director general de la Fundación Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, y la presidenta de Cáritas Cataluña, Carme Borbonés. Borbonés prefirió hablar de “optimización” de la prestación y “superar el asistencialismo”. Según ella, “hay que garantizar la vivencia plena, no la supervivencia”. Además, a su entender, la RGC “debería tener un carácter estatal”. Josep Oriol Pujol, a su vez, defendió que se opte por un “marco armonizado a nivel europeo”. El director general de la Fundación Pere Tarrés añadió que “a pesar de que pueda haber picaresca siempre será inferior a la que vemos en muchos banqueros y políticos” y reconoció la dificultad de elaborar la Ley que regule la RGC: “No envidio los políticos que lo tienen que hacer”.
Jaume Botey recordó que un miembro de su asociación “Cristianismo y Justicia”, el sociólogo Juan García Nieto, ya pedía una renta de ciudadanía hace 25 años, y defendió que no se vincule a ningún proceso de reinserción. “La nueva pobreza está formada por gente que no necesita reinserción sino que está perfectamente capacitada”, dijo. Para él, la RGC “no es revolucionaria, ni rupturista, sino que favorece los más vulnerables socialmente”.
El último en comparecer, el director de la Fundación Formación y Trabajo y directivo de la Federación de Empresas de Inserción de Cataluña, Albert Alberich, dijo que el importe de la RGC no debería ser un impedimento para su aprobación y que es una “barbaridad” que entre un 12% y un 16% de trabajadores cobren sólo los 641 del Salario Mínimo Interprofesional. Alberich considera urgente que se rompa la espiral de desánimo y enfermedad en la que caen muchas personas que llevan tres o cuatro años paradas. Si se necesitan contraprestaciones se deberían fijar en función de las necesidades de cada colectivo, según él.
Otro tema que salió en el transcurso de las comparecencias fue el posible “efecto llamada” que provocaría la puesta en marcha de una RGC. Josep Oriol Pujol afirmó que este “efecto llamada” existiría pero que no se debería renunciar a la RGC por ello. La portavoz de ICV-EUiA a la Comisión, Laura Massana, puntualizó que más que “efecto llamada” la RGC provocaría un “efecto retorno” de los jóvenes que han marchado al extranjero. El director general de la Fundación Pere Tarrés lo puso en duda utilizando el ejemplo de una hija suya de 23 años que sirve cafés en Londres a pesar de tener una formación universitaria.
El debate en comisión de esta Renta Garantizada de Ciudadanía todavía tiene mucho camino por recorrer. De momento, se han producido una veintena de comparecencias de las más de ochenta previstas.
