Barcelona da luz verde a comprar las viviendas de la calle Lancaster, víctimas del acoso inmobiliario
Los inquilinos de los números 7, 9, 11, 13 y 13 bis de la calle Lancaster han asistido este martes a la comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y han salido más tranquilos de lo que entraron. Todos los grupos municipales, salvo el PP y Ciutadans, han aprobado autorizar al consistorio que encabeza Ada Colau a iniciar las negociaciones con las distintas propiedades para comprar las viviendas, todas ellas afectadas por el acoso inmobiliario.
En concreto, la comisión ha aprobado una proposición de ERC para que el Ayuntamiento “establezca las acciones necesarias” para hacerse con la propiedad de los inmuebles. Los vecinos han visto así como se ponía sobre el papel un rumor del que habían oído hablar en las últimas semanas.
La solución adoptada por los partidos de Barcelona replica la compra que hizo el gobierno municipal de la finca de la calle Leiva 37. El inmueble que fue comprado por un fondo inversor notificó a los vecinos la intención de liquidar sus contratos de alquiler. El Ayuntamiento ejerció el derecho de tanteo y retracto, salvando la expulsión a los vecinos. “Compramos Leiva 37 para dar una lección”, ha recordado el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.
Con todo, Montaner ha advertido que el Ayuntamiento, pese a estudiar “muchos” casos similares a los de Lancaster y Leiva, no puede comprar todas las fincas. El concejal ha recordado que en dos años el gobierno de Colau ha comprado 167 pisos, con una inversión de 17,5 millones de euros.
El de la calle Lancaster es el paradigma de la situación que también sufren al menos 70 edificios enteros de la ciudad de Barcelona. Promotoras e inmobiliarias compran las viviendas para rehabilitarlas y posteriormente venderlas o alquilarlas a precios más altos. Por el camino, no renuevan los contratos de los inquilinos. De hecho, el último vecino de la calle Lancaster 13 denunció por acoso inmobiliario a la propietaria del inmueble, la promotora MK Premium. A su vez, la empresa se querelló por injurias contra la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, tras acusar a MK Premium de “violencia inmobiliaria” en televisión.
