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Ada Colau multará a los bancos si no ponen en el mercado 268 pisos vacíos detectados en un año

El Gobierno de Colau amenaza con multar a las entidades, como ya hizo hace seis, si no ponen los pisos en el mercado

El consistorio estudia ampliar la detección de viviendas vacías a otros "grandes propietarios" en función de los recursos municipales

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El Ayuntamiento de Barcelona trabaja para devolver a la vivienda su "uso social" EFE

El Gobierno de Ada Colau continúa su batalla por ganar pisos para la ciudad ante la situación de emergencia habitacional que vive Barcelona, últimamente agravada por la burbuja de los alquileres. La Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), el organismo que creó la alcaldesa al inicio de su mandato para paliar la crisis de la vivienda, detectó durante 2016 hasta 268 pisos vacíos propiedad de bancos. El consistorio ha exigido a las entidades, bajo amenaza de multa, que pongan los pisos en el mercado o los cedan para alquiler social.

La advertencia de sanción por parte del consistorio a entidades con pisos vacíos no es una novedad: hace seis meses, cuatro pisos de tres bancos diferentes fueron multados con hasta 315.000 euros. El consistorio asegura que no dudará en repetir la acción si las entidades no movilizan sus pisos en pro del uso residencial.

Si bien se trata de pocos pisos respecto al volumen total de la ciudad, los 268 se concentran en "zonas que sí tienen graves problemas de vivienda", según ha el Ayuntamiento en un comunicado. 62 de estos pisos se han encontrado en Nou Barris (23%), el distrito con la  renta familiar disponible más baja de la ciudad, y 45 en Sant Martí (17%).

Siguiente paso: grandes propietarios

La Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) aumentó por cinco las inspecciones en el año 2016 respecto al año anterior, y el consistorio prevé que los registros que elabora la unidad, compuesto por 18 trabajadores, aumente "mucho más" en 2017.

Pese a que las primeras acciones sancionadoras se están dirigiendo a bancos, el Gobierno de Ada Colau no descarta la posibilidad de ampliar las actuaciones de detección a otros grandes propietarios en en función de los recursos municipales.

La UCER, que también se encarga de atender a personas que han sufrido un desahucio, ofreció sus servicios en 2016 a 1.574 unidades familiares. Algunas de las familias necesitaron más de una asistencia a lo largo del año pasado, por lo que las actuaciones de la unidad se elevaron por encima de las 2.000.

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