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La importancia de los temas de la UE en los medios de comunicación nacional

Entrega del I Premi 'Catalunya Europa Segle XXI'

A menudo hay críticas que expresan que no hay una opinión pública europea bien informada. Sin embargo, a medida que el proceso de integración europea avanza, los medios de comunicación han estado dedicando más recursos y espacio para la cobertura de asuntos europeos. En este sentido, la información disponible para el ciudadano interesado ha aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, los medios de comunicación nacionales han pasado de ser meros transmisores de información a tener su propia voz en los asuntos europeos. En este sentido, los medios de comunicación se han convertido en actores capaces de influir en las opiniones de los ciudadanos, contribuyendo así a la emergencia de una esfera pública europea.

El presente estudio analiza si una europeización de los medios de comunicación ha tenido lugar. Este problema se llevará a cabo mediante el análisis de cómo los periódicos nacionales proporcionan la información en Europa. Los resultados permitirán determinar si está surgiendo una esfera pública europea. El estudio compara la cobertura realizada por La Vanguardia (España), The Guardian (Reino Unido) y Le Monde (Francia) en relación con las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, los últimos pasos en la ratificación del Tratado de Lisboa y su entrada en vigor, el nombramiento de Herman Van Rompuy como presidente del Consejo Europeo y Catherine Ashton como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y por último, pero no menos importante, la Cumbre del Clima de Copenhague.

Los resultados revelan que algunos de los temas europeos han experimentado una cierta europeización de interés, superando las fronteras nacionales y la expansión a otros medios de comunicación europeos. Sin embargo, todavía hay una falta de debate europeo en las esferas públicas nacionales.

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Por una regulación inteligente

¿Conoce el lector el impacto final en puestos de trabajo creados por el famoso (y keynesiano) Plan E del Gobierno Zapatero? ¿Es consciente el Gobierno, cuando aprueba un copago sanitario, que esta medida acabará finalmente aumentando los costes del servicio de urgencias y las estancias largas en hospitales de enfermos crónicos? ¿Alguien le dice al Ministro de Justicia, cuando propone una nueva regulación sobre el aborto, que la misma resultará en un aumento de los abortos clandestinos e inseguros?

Las respuestas a casi todas estas preguntas es –desafortunademente-un claro y directo “no”. En el caso del Plan E, hace poco el Tribunal de Cuentas elaboró un estudio donde concluía que solo el 4% de los trabajadores contratados gracias al Plan seguían trabajando a fines de 2011.

A pesar de que la legislación en España exige a las administraciones preparar una memoria de impacto económico antes de someter a votación una regulación, la realidad es que, a diferencia de otros países (por ejemplo, la Office of Information and Regulatory Affairs-OIRA, en los Estados Unidos o la Behavioral Unit en el Reino Unido), no disponemos de una Agencia de Asuntos Regulatorios prestigiosa, independiente, y con cierto poder vinculante, capaz de homogeneizar la metodología de estudio del impacto ex ante de las distintas regulaciones, monitorizar su despliegue y mucho menos, evaluar sus resultados ex post, combinando todo lo anterior con las enseñanzas de la ya muy necesaria psicología económica (behavioral economics).

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¿La hora de Croacia?

Hoy, 1 de julio de 2013, Croacia se convierte en el 28º Estado miembro de la Unión Europea a la que probablemente será la última ampliación de la década. La UE confirma su expansión hacia la zona de los Balcanes Occidentales, si bien Montenegro, Serbia, Macedonia o incluso Turquía, también candidatos a la región y algunos de los cuales iniciaron sus procesos antes que Croacia, deberán esperar al menos hasta 2020.

Son interesantes las razones que avanza Croacia para la adhesión que se remontan a la idea fundacional de paz y estabilidad para una Europa posbélica. Mario Nobilo, embajador de Croacia por Bruselas y Luxemburgo, durante una entrevista en Euronews comentaba que: 'Históricamente, pertenecemos a Europa. Croacia es también un país post conflicto y el proyecto europeo es un proyecto de cooperación pacífica y este es también un mensaje que va más allá de esta adhesión: la estabilidad de la región'.

Determinar qué constituye una buena candidatura no es sencillo. Las negociaciones entre Croacia y la Unión no han sido fáciles, especialmente cuando Europa se ha mostrado de nuevo exigente en cuanto a los criterios de adhesión. Las transformaciones y adaptaciones que ha implementado Croacia para llegar a los objetivos marcados han sido de orden mayor, y difícilmente concebibles en países que ya forman parte de la UE. Entre otros, se ha modificado la Constitución, con el fin de adaptarla a las exigencias de la Comisión. Asimismo, se ha reformado el poder judicial y se han facilitado los mecanismos de cooperación con el Tribunal Penal Internacional. Esto ha permitido, por ejemplo, el trabajo conjunto para la búsqueda y captura del general fugitivo Ante Gotovina, condición necesaria para la ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la UE. Las relaciones bilaterales con Eslovenia también se han empezado a enderezar favorablemente, el primer ministro, Jozef Horvat, desbloqueo el proceso de adhesión a cambio de la condonación de 172 millones de euros que se debían a causa de la quiebra de la Ljublijanska Banka y la disolución de Yugoslavia. Estos puntos, entre otros, han mostrado la determinación de Zagreb para sumarse al proceso de integración europea.

Pero si hay un punto que preocupa, y mucho, es la corrupción. Según Transparencia Internacional, en 2012 Croacia ocupaba el lugar 62 de 176 con una valoración de 46 sobre 100 (Dinamarca, con la primera posición, tiene 90 puntos, mientras que Grecia, el socio europeo con menos puntuación, ocupa el lugar 94 con una puntuación de 30 puntos; España se sitúa en el puesto 30 con 65 puntos). No en vano la corrupción ha sido el principal campo de batalla de Zagreb hasta el punto de que es el único país europeo que ha visto caer a su primer ministro. El ex mandatario Ivo Sanader, que dirigió el país entre 2003 y 2009, fue condenado en noviembre pasado a diez años de prisión por aceptar un soborno de 10 millones de euros del consorcio húngaro de hidrocarburos MOL y para recibir un banco austríaco medio millón de euros a mediados de los 90, cuando era viceministro de Exteriores. Resulta irónico, pues su gobierno fue el que comenzó el proceso de adhesión.

Los procesos de adhesión no son solamente bilaterales, entre el candidato y la una UE unificada, sino que juegan otros elementos geoestratégicos y dinámicas que pueden explicar el éxito o el fallo de determinados procesos. En este caso, la entrada de Bulgaria y Rumanía a la UE ralentizó enormemente la integración croata, tras verse que estos dos nuevos estados detuvieron completamente sus reformas y dejaran de cumplir los compromisos previos. Como la UE no dispone de mecanismos sancionadores, la entrada al club europeo puede significa un cheque en blanco. Desde este punto de vista se entiende la preocupación de Bruselas sobre los ritmos y las condiciones de las ampliaciones y la sospecha sobre el futuro comportamiento de Croacia.

Para complicar un poco más el panorama, podemos analizar las dinámicas internas de Croacia. El euroescepticismo del pueblo croata es alarmante. El 22 de enero de 2012 Croacia votó en referéndum entrar en la Unión con un 67% de votos a favor. Este dato debería verse positiva si no fuera por el hecho de que la participación fue de un 47%: menos de la mitad de los croatas acudió a las urnas.

El pasado 14 de abril tuvieron lugar las elecciones para escoger a los candidatos cruzados que irán al Parlamento Europeo. Los resultados son aterradores tan sólo el 21% de los votantes acudió a las urnas. Prácticamente, la mitad de los que lo habían hecho en enero de 2012 en el referéndum de adhesión. Se trata de la participación más baja en unas elecciones para la selección de eurodiputados sólo superada por Eslovaquia en 2009 con un 19,63%. Si en Croacia impera el escepticismo y la mayoría no ve beneficiosa la adhesión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué consecuencias podría tener tanto para la estructuración institucional como para el imaginario europeo?

La Unión Europea ha sido, es y debe seguir siendo el eje vertebrador sobre el que confluyan las políticas europeas. Hoy por hoy, la fatiga integradora es patente y más adhesiones desgaste aún más a una Bruselas que hay que rehacer. La UE debe plantearse cuál debe ser el próximo movimiento: seguir con los procesos de adhesión o continuar profundizando en sus estructuras. Sea cual sea la opción tomada en ningún caso se debe dejar de lado los procesos de adhesión ya iniciados y no cerrar las puertas a escuchar aquellos vecinos europeos que quieran formar parte en la construcción de Europa.

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¿Qué tiene, qué le sobra y qué le falta a la economía catalana?

Vamos al grano, que el tiempo presiona y los deberes que nos quedan por hacer son enormes. Esta es nuestra fotografía de la economía catalana, hoy.

Lo que tenemos como estructura productiva es muy importante. Tenemos un volumen de producción que se mantiene por encima de los 200.000 millones de euros anuales, con una estructura sectorial diversa y especializada, donde diferentes actividades industriales importantes a nivel internacional (automoción, química, farmacia, electrónica, tecnología, agroalimentario, etc.) siguen manteniendo en conjunto un peso superior al 20% de la producción, para seguir siendo una de las mayores regiones industriales de Europa. Tenemos una estructura productiva razonablemente competitiva, donde las exportaciones no paran de crecer: actualmente ya se vende en el mercado exterior más del 25% de lo que producimos. También tenemos un mercado de trabajo con muchas dificultades, pero que se mantiene cerca de los 3 millones de puestos de trabajo, y que por tanto constituye también un potencial apreciable como consumidor.

Tenemos, en general, una cultura empresarial y una cultura del trabajo arraigadas, y un buen nivel de cualificación profesional, muchas veces más apreciado fuera que aquí. Tenemos un sector público y para-público importante como agente económico, bastante desarrollado en términos cuantitativos y cualitativos, y que ofrece en conjunto servicios de calidad. Y tenemos un tejido social responsable y sensible, solidario, consciente. Tenemos infraestructuras estratégicas de calidad con excedentes de capacidad (puerto, aeropuerto, Feria, dotación hotelera, etc.) Y una posición geográfica que muchos territorios quisieran (cruce del Mediterráneo, Europa, Oriente Próximo, África, ...), aparte de una imagen de marca (sobre todo gracias a la ciudad de Barcelona) que está consiguiendo el milagro de mantenerse al margen de la crisis económica. Todo ello se debe mantener, es imprescindible continuar apoyando estas fortalezas pero no será un freno a nuestro desarrollo. Pero esta es la parte sencilla.

La parte más complicada es reducir y eliminar progresivamente lo que sobra en nuestra estructura socioeconómica, aquellos elementos que quedan, que contrarrestan todo lo que hacemos bien. En primer lugar, hay que erradicar los malos hábitos que se adquirieron durante las épocas de vacas gordas económicas y crecimiento desordenado (o que, como mínimo, esta etapa potenciaron): el sacrificio de la calidad, la corrupción política y empresarial, la desatención al mercado y al cliente, el descrédito de la formación, la inmediatez y el desorden. Sin este primer reset no vamos a ninguna parte, seguiríamos siendo una economía y una sociedad enferma. En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo colectivo, empresarial y social, para dejar de quejarnos, de pensar que el único objetivo del mundo es hacernos la puñeta. No somos especialmente víctimas de nada, no tenemos más motivos para quejarse de que un andaluz, un californiano, o un ruso. Y finalmente, los dos aspectos anteriores y por algunos otros más, hay que dejar de vivir en el pasado y empezar a vivir en el futuro. El exceso de confianza y la autocomplacencia son malos consejeros, y ahora mismo, Cataluña no es un motor de Europa, y si quiere serlo tendrá que luchar mucho, con competidores que tienen muchas ganas de poder serlo, y están dispuestos a trabajar muy duro para conseguirlo.

Y finalmente, para potenciar todos nuestros activos, hay complementarlos con aspectos que permitan lograr la transición hacia la estructura productiva que pueda competir con garantías en la economía globalizada del siglo XXI. Necesitamos, ante todo, un nuevo motor económico, un sector o grupo de sectores de actividad que permitan volver a crear puestos de trabajo y reducir los insostenibles niveles de desempleo, actuando como la locomotora que el sector de la construcción había sido antes de la crisis. Necesitamos también definir un modelo energético claro, sobre todo porque somos una economía muy dependiente y con elevadas necesidades de energía. Este, de hecho, podría ser un sector motor en el futuro, pero en todo caso hay que definir una estrategia clara y mantenerla a medio y largo plazo.

Necesitamos también desarrollar estructuras adecuadas, públicas y privadas, para la innovación entre de una vez en la cadena de valor. Necesitamos que las empresas, sobre todo las pymes, tengan que dedicar muchas menos horas a la Administración, con un coste mucho menor, y que cuando se dirijan para pedir apoyo encuentren ayuda real y efectiva, servicios excelentes que les hagan volver , que les ayuden a resolver las cuestiones que son realmente importantes para ellas ahora mismo: mercados, mercados, y mercados. Necesitamos un entorno político e institucional estable, que ofrezca garantías tanto a las empresas que quieran llegar a Cataluña, como aquellas que tienen que convivir con las incertidumbres, los continuos cambios y contradicciones en las políticas públicas. Y necesitamos empresas responsables, comprometidas con algo más que su cuenta de resultados o con el cumplimiento estricto de la ley. Paralelamente, necesitamos un sistema financiero que vuelva a ser un apoyo a la economía productiva, no una carga como ha sido en los últimos 4 años; ya es hora de que los bancos vuelvan a las empresas y la ciudadanía todo lo que les hemos dado. Necesitamos, finalmente, ser mucho más permeables a nuestro entorno, volver a empezar, abrirnos al exterior (empezando por hablar idiomas), no dar nada por hecho, mejorar día a día.

Viejas ideas, nuevos tiempos. Parece mentira que a lo largo de este artículo no hayamos expuesto ni una sola idea nueva, pero que ninguna de estas cuestiones esté resuelta. Son muy difíciles. Las estrategias están definidas prácticamente a todos los niveles públicos para abordar los objetivos (en los organismos multilaterales, en los gobiernos de los Estados, en la Unión Europea, etc.). Posiblemente, falta sólo que se hagan algunos avances reales y consigan resultados, aunque sean modestos, para que todas estas estrategias ganen credibilidad y se encomienden a las empresas y la ciudadanía. O al revés, que haya un movimiento desde abajo que obligue a los gobiernos a actuar seriamente en relación a estos retos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

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Elecciones europeas 2014: unas elecciones constituyentes

El proceso de integración europea se puede calificar, en retrospectiva, de historia de éxito, en la medida en que la Unión Europea (UE) ha logrado erradicar el nivel de conflicto bélico del pasado entre los países del continente, y articular un espacio de gobernanza supranacional que, a pesar de ser mejorable, ha supuesto enormes beneficios al conjunto de países y ciudadanos europeos. Así, ha otorgado derechos de ciudadanía por el hecho de vivir y trabajar en la UE, y ha mostrado un modelo de bienestar en el mundo basado en los valores de progreso, de democracia, de justicia social y de paz, durante las últimas décadas.

Ahora bien, a día de hoy, la UE está sumida en una profunda crisis económica, social y política -donde se cuentan problemas tanto de eficacia como de legitimidad-, y la percepción de la ciudadanía de la Unión se ha convertido progresivamente negativa, tanto en los países que están sufriendo más directamente los estragos de la política de austeridad dictada desde Bruselas, como en los que tienen la conciencia de estar pagando el "rescate". Principalmente, porque no se sienten del todo partícipes de muchas de las decisiones que se toman en el corazón comunitario, las cuales consideran que no se hacen pensando en su interés. Y es que, en el proceso de toma de decisiones, hay un claro predominio del Consejo -que responde a los intereses de algunos Estados, en particular- y no del conjunto de la ciudadanía europea. Y, en este sentido, existe la sensación de que las personas al frente de instituciones "europeas" que toman decisiones clave, como la troika o el Banco Central Europeo (BCE), no son electos, mientras que los representantes de la soberanía popular al Parlamento Europeo no tienen suficiente influencia en el resultado final de las decisiones más relevantes sobre la gobernanza económica o política de la Unión que se acaban tomando.

Paralelamente, la ciudadanía reconoce la incapacidad de los gobiernos de afrontar con eficacia una crisis económica, social y financiera que traspasa claramente el ámbito de las fronteras estatales. Pero al mismo tiempo, precisamente cuando empieza a ver la Unión Europea como un ámbito de gobernanza necesaria, con poder para tomar decisiones que les afectan directamente, y que acaban condicionando la política económica y fiscal, hasta el punto de incidir en los presupuestos -que hasta hace muy poco dependían exclusivamente de los parlamentos estatales-, percibe una falta de determinación a nivel comunitario para dar respuesta de manera adecuada y justa (por discrepancias estatales importantes en materia de política económica y financiera, y por falta de voluntad de cesión de más soberanía al nivel europeo) y exige más democracia (elección de dirigentes, rendimiento de cuentas, etc.) en la Unión, a la vista del déficit democrático existente.

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Confiar o no confiar en Europa

El pasado 9 de mayo se celebraba el día de Europa. Después de un mes uno se pregunta si hay algo que festejar. En octubre de 2007 la confianza de los europeos en la Unión Europea y sus instituciones era alta. Según datos del eurobarómetro de septiembre de ese año, el 57% de los europeos creía en el proyecto comunitario. La situación hoy en día es casi opuesta: todos los esfuerzos que había hecho el viejo continente para convertirse en un ente integrado poco a poco se han ido desvaneciendo. El último eurobarómetro, realizado en el mes de octubre de 2012, es un espejo abrumador: sólo un 31% dice tener confianza en Europa. España encabeza este ranking con sólo un 20% de la ciudadanía que confía en la Unión Europea y un bárbaro 72% que se muestra contrario al papel que están desempeñando las instituciones de Bruselas. Y no son sólo los españoles. Alemanes, franceses, británicos, polacos, italianos y muchos otros son la clara muestra de la fractura que se está produciendo entre el proyecto europeo y la realidad a pie de calle.

¿Qué factores han hecho que la ciudadanía europea haya radicalizado su postura? Primero de todo, debemos esgrimir el factor económico. En tiempos de bonanza, a menudo no hay conflictos políticos de importancia. La crisis y las consiguientes medidas económicas han enfrentado los diferentes países europeos cuando todavía faltaba un mecanismo y una estructura institucional de mediación de los conflictos económicos. Entre otros factores, las políticas de austeridad están perjudicando el nivel de vida de los ciudadanos. Los continuos recortes de los gobiernos nacionales promovidas por Europa han acentuado el clivaje entre los europeos y sus instituciones. Asimismo, los factores políticos ponen de relieve las discrepancias entre los partidarios del intergubernamentalismo y aquellos que defienden una mayor cesión de soberanía. La falta de soluciones que aportan las instituciones para paliar la débil situación en que nos encontramos vaticina un incremento de la desconfianza, es decir, que la gente se pregunte para qué sirve Europa.

¿Cómo puede revertir la UE esta situación? En este momento de crisis económica y socio-política es necesario que la Unión lance un mensaje de confianza a sus ciudadanos y un proyecto común que dibuje un horizonte de esperanza. No todo el debate debe ser en términos económicos, porque la crisis se ha impregnado de una pérdida de valores, de relaciones y de integración. El objetivo de la creación de la Unión Europa, iniciada con el Tratado de Roma, era representar los intereses de unos estados que luchaban por recuperar la dignidad y avanzar hacia un futuro más esperanzador. Todas estas ilusiones se depositaron sobre una Unión Europea que no ha sido capaz de responder a los desafíos planteados.

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Elementos para una estrategia energética en Europa meridional

La crisis del gas desencadenada entre Rusia y Ucrania en enero de 2009, pero con importantes repercusiones en la UE, puso en el centro del debate la dependencia y la seguridad energética de Europa. Este es un debate que sigue vigente, y más ahora, que los diferentes estados de la UE buscan un mayor equilibrio presupuestario. Y es que la importación de productos energéticos, sólo en España, se sitúa en torno a los 45.000 millones de euros al año.

Con un vistazo al pasado vemos que, si bien la Unión se forma sobre tratados de índole energética (Carbón y Acero, Euroatom), los estados de la UE han considerado la energía un elemento "estratégico" y no han comenzado a ceder su soberanía hasta el tratado de Lisboa. Sin embargo, a partir de la aplicación del tratado de Lisboa abre una nueva etapa en la que la UE incide en el nudo de la soberanía energética histórica y actual: el suministro de gas, petróleo y electricidad. La UE es consciente de que si quiere mantener cierta autonomía debe diversificar abastecimientos, interconectarse, disponer reservas relevantes y establecer políticas de solidaridad. En este contexto, los países de la Europa meridional tienen un papel clave, ya que son la puerta de entrada de las reservas de gas del norte de África y de la zona del mar Caspio.

De forma paralela, hay la eficiencia energética y la producción renovable. Los países meridionales, por cuestiones climáticas, pueden aspirar a un consumo energético mucho menor en edificios y servicios. La generación renovable de origen solar y la eólica marina de aguas profundas también tienen un gran potencial en los países meridionales, aunque los principales referentes tecnológicos los localizan en los países centroeuropeos.

En esta tesitura, cada país ha desarrollado una política energética diferenciada en función de sus intereses internos y externos. En algunos casos, la política energética de un país ha sido en detrimento de la de otro, perjudicando en último término al conjunto de la UE. La energía ha sido un elemento tan estratégico de algunos estados europeos que aún hoy en día se aprecian reminiscencias proteccionistas en sus políticas energéticas. Es el caso de mayoría de las grandes empresas energéticas europeas, que todavía tienen participación pública. Por todo ello, es necesario profundizar en una política energética más compartida en el seno de la UE.

En este contexto, los países del sur de Europa han de tomar la iniciativa y proponer una política que promueva más interconexiones entre países meridionales y con Europa, que fomente proyectos pioneros de desarrollo tecnológico en materia de eficiencia energética y energías renovables. El sur de Europa puede ser la válvula de seguridad en el abastecimiento energético de toda Europa, tanto en lo referente a las energías renovables como las no renovables.

Esta nueva política energética debe basarse en un parque común, que no es nuevo en Europa: suficiencia, eficiencia y generación renovable. También hay que fijar unos objetivos claros para cada uno de estos parámetros, más allá del 20/20/20 actualmente previsto. Y sobre todo, hay que establecer amplios grados de libertad en las estrategias para el logro de estos objetivos, elemento clave para la consecución de los objetivos propuestos.

El establecimiento de amplios grados de libertad en las estrategias regionales, representará un cambio relevante en los procedimientos de la UE. Así, se considera mucho más eficiente que cada región adopte las medidas energéticas que más se adecuan a sus características energéticas, sociales y económicas, en vez de impulsar soluciones de eficiencia energética estandarizadas para el conjunto de la UE. En demasiadas ocasiones, estas soluciones de eficiencia energética estándar acaban siendo adaptaciones de las soluciones adoptadas en Europa Central, que no terminan alcanzando los resultados esperados en los países meridionales.

Cataluña es ahora mismo un elemento muy periférico en el mapa energético de la UE (al igual como lo es España y el sur de Francia). Han contribuido significativamente las políticas energéticas española y francesa de los últimos 60 años, pero también la propia oposición a algunos proyectos estratégicos. Para salir de esta situación hay una política energética propia, pero compartida con el resto de socios europeos, o al menos concertada.

Sin embargo, para definir una política energética propia primero hay que tener la posibilidad de hacerla, y eso actualmente no está al alcance de las instituciones catalanas. Así, el control de las empresas de transporte energético (REE, ENAGAS y CLH), y las competencias en política e infraestructura energética básica (regulación del mercado del gas y la electricidad, establecimiento de primas o impuestos, moratoria nuclear, conexiones internacionales, etc.) son de exclusividad estatal.

Cataluña debe emprender las acciones necesarias para poder decidir su propia política energética. Una vez alcanzado este hecho, será necesario establecer una ambiciosa política basada en los objetivos comunes de suficiencia, eficiencia y generación renovable, pero con estrategias y soluciones adaptadas a las características climáticas y socioeconómicas propias.

El próximo 12 de junio el Círculo de Economía (C / Provença 298) acoge la conferencia sobre el informe 'Elementos para una estrategia energética en Europa meridional'. Confirmaciones a: info@catalunyaeuropa.net o al 932388932. Acto gratuito

La crisis del gas desencadenada entre Rusia y Ucrania enenero de 2009, pero con importantes repercusiones en la UE, puso en el centrodel debate la dependencia y la seguridad energética de Europa. Estees un debate que sigue vigente, y más ahora, que los diferentes estados de laUE buscan un mayor equilibrio presupuestario. Yes que la importación de productos energéticos, sólo en España, se sitúa entorno a los 45.000 millones de euros al año.

Conun vistazo al pasado vemos que, si bien la Unión se forma sobre tratados deíndole energética (Carbón y Acero, Euroatom), los estados de la UE hanconsiderado la energía un elemento "estratégico" y no han comenzado a ceder susoberanía hasta el tratado de Lisboa. Sinembargo, a partir de la aplicación del tratado de Lisboa abre una nueva etapaen la que la UE incide en el nudo de la soberanía energética histórica yactual: el suministro de gas, petróleo y electricidad. LaUE es consciente de que si quiere mantener cierta autonomía debe diversificarabastecimientos, interconectarse, disponer reservas relevantes y establecerpolíticas de solidaridad. Eneste contexto, los países de la Europa meridional tienen un papel clave, ya queson la puerta de entrada de las reservas de gas del norte de África y de lazona del mar Caspio.

Deforma paralela, hay la eficiencia energética y la producción renovable. Lospaíses meridionales, por cuestiones climáticas, pueden aspirar a un consumoenergético mucho menor en edificios y servicios. Lageneración renovable de origen solar y la eólica marina de aguas profundastambién tienen un gran potencial en los países meridionales, aunque losprincipales referentes tecnológicos los localizan en los países centroeuropeos.

Enesta tesitura, cada país ha desarrollado una política energética diferenciadaen función de sus intereses internos y externos. Enalgunos casos, la política energética de un país ha sido en detrimento de la deotro, perjudicando en último término al conjunto de la UE. Laenergía ha sido un elemento tan estratégico de algunos estados europeos que aúnhoy en día se aprecian reminiscencias proteccionistas en sus políticasenergéticas. Esel caso de mayoría de las grandes empresas energéticas europeas, que todavíatienen participación pública. Portodo ello, es necesario profundizar en una política energética más compartidaen el seno de la UE.

Eneste contexto, los países del sur de Europa han de tomar la iniciativa yproponer una política que promueva más interconexiones entre paísesmeridionales y con Europa, que fomente proyectos pioneros de desarrollotecnológico en materia de eficiencia energética y energías renovables. Elsur de Europa puede ser la válvula de seguridad en el abastecimiento energéticode toda Europa, tanto en lo referente a las energías renovables como las norenovables.

Estanueva política energética debe basarse en un parque común, que no es nuevo enEuropa: suficiencia, eficiencia y generación renovable. Tambiénhay que fijar unos objetivos claros para cada uno de estos parámetros, más alládel 20/20/20 actualmente previsto. Ysobre todo, hay que establecer amplios grados de libertad en las estrategiaspara el logro de estos objetivos, elemento clave para la consecución de losobjetivos propuestos.

Elestablecimiento de amplios grados de libertad en las estrategias regionales,representará un cambio relevante en los procedimientos de la UE. Así,se considera mucho más eficiente que cada región adopte las medidas energéticasque más se adecuan a sus características energéticas, sociales y económicas, envez de impulsar soluciones de eficiencia energética estandarizadas para elconjunto de la UE. Endemasiadas ocasiones, estas soluciones de eficiencia energética estándar acabansiendo adaptaciones de las soluciones adoptadas en Europa Central, que noterminan alcanzando los resultados esperados en los países meridionales.

Cataluñaes ahora mismo un elemento muy periférico en el mapa energético de la UE (aligual como lo es España y el sur de Francia). Hancontribuido significativamente las políticas energéticas española y francesa delos últimos 60 años, pero también la propia oposición a algunos proyectosestratégicos. Parasalir de esta situación hay una política energética propia, pero compartida conel resto de socios europeos, o al menos concertada.

Sinembargo, para definir una política energética propia primero hay que tener laposibilidad de hacerla, y eso actualmente no está al alcance de lasinstituciones catalanas. Así,el control de las empresas de transporte energético (REE, ENAGAS y CLH), y lascompetencias en política e infraestructura energética básica (regulación delmercado del gas y la electricidad, establecimiento de primas o impuestos,moratoria nuclear, conexiones internacionales, etc.) son de exclusividad estatal.

Cataluñadebe emprender las acciones necesarias para poder decidir su propia políticaenergética. Unavez alcanzado este hecho, será necesario establecer una ambiciosa políticabasada en los objetivos comunes de suficiencia, eficiencia y generación renovable,pero con estrategias y soluciones adaptadas a las características climáticas ysocioeconómicas propias.

 

La crisis del gas desencadenada entre Rusia y Ucrania en enero de 2009, pero con importantes repercusiones en la UE, puso en el centro del debate la dependencia y la seguridad energética de Europa. Este es un debate que sigue vigente, y más ahora, que los diferentes estados de la UE buscan un mayor equilibrio presupuestario. Y es que la importación de productos energéticos, sólo en España, se sitúa en torno a los 45.000 millones de euros al año.

Con un vistazo al pasado vemos que, si bien la Unión se forma sobre tratados de índole energética (Carbón y Acero, Euroatom), los estados de la UE han considerado la energía un elemento "estratégico" y no han comenzado a ceder su soberanía hasta el tratado de Lisboa. Sin embargo, a partir de la aplicación del tratado de Lisboa abre una nueva etapa en la que la UE incide en el nudo de la soberanía energética histórica y actual: el suministro de gas, petróleo y electricidad. La UE es consciente de que si quiere mantener cierta autonomía debe diversificar abastecimientos, interconectarse, disponer reservas relevantes y establecer políticas de solidaridad. En este contexto, los países de la Europa meridional tienen un papel clave, ya que son la puerta de entrada de las reservas de gas del norte de África y de la zona del mar Caspio.

De forma paralela, hay la eficiencia energética y la producción renovable. Los países meridionales, por cuestiones climáticas, pueden aspirar a un consumo energético mucho menor en edificios y servicios. La generación renovable de origen solar y la eólica marina de aguas profundas también tienen un gran potencial en los países meridionales, aunque los principales referentes tecnológicos los localizan en los países centroeuropeos.

En esta tesitura, cada país ha desarrollado una política energética diferenciada en función de sus intereses internos y externos. En algunos casos, la política energética de un país ha sido en detrimento de la de otro, perjudicando en último término al conjunto de la UE. La energía ha sido un elemento tan estratégico de algunos estados europeos que aún hoy en día se aprecian reminiscencias proteccionistas en sus políticas energéticas. Es el caso de mayoría de las grandes empresas energéticas europeas, que todavía tienen participación pública. Por todo ello, es necesario profundizar en una política energética más compartida en el seno de la UE.

En este contexto, los países del sur de Europa han de tomar la iniciativa y proponer una política que promueva más interconexiones entre países meridionales y con Europa, que fomente proyectos pioneros de desarrollo tecnológico en materia de eficiencia energética y energías renovables. El sur de Europa puede ser la válvula de seguridad en el abastecimiento energético de toda Europa, tanto en lo referente a las energías renovables como las no renovables.

Esta nueva política energética debe basarse en un parque común, que no es nuevo en Europa: suficiencia, eficiencia y generación renovable. También hay que fijar unos objetivos claros para cada uno de estos parámetros, más allá del 20/20/20 actualmente previsto. Y sobre todo, hay que establecer amplios grados de libertad en las estrategias para el logro de estos objetivos, elemento clave para la consecución de los objetivos propuestos.

El establecimiento de amplios grados de libertad en las estrategias regionales, representará un cambio relevante en los procedimientos de la UE. Así, se considera mucho más eficiente que cada región adopte las medidas energéticas que más se adecuan a sus características energéticas, sociales y económicas, en vez de impulsar soluciones de eficiencia energética estandarizadas para el conjunto de la UE. En demasiadas ocasiones, estas soluciones de eficiencia energética estándar acaban siendo adaptaciones de las soluciones adoptadas en Europa Central, que no terminan alcanzando los resultados esperados en los países meridionales.

Cataluña es ahora mismo un elemento muy periférico en el mapa energético de la UE (al igual como lo es España y el sur de Francia). Han contribuido significativamente las políticas energéticas española y francesa de los últimos 60 años, pero también la propia oposición a algunos proyectos estratégicos. Para salir de esta situación hay una política energética propia, pero compartida con el resto de socios europeos, o al menos concertada.

Sin embargo, para definir una política energética propia primero hay que tener la posibilidad de hacerla, y eso actualmente no está al alcance de las instituciones catalanas. Así, el control de las empresas de transporte energético (REE, ENAGAS y CLH), y las competencias en política e infraestructura energética básica (regulación del mercado del gas y la electricidad, establecimiento de primas o impuestos, moratoria nuclear, conexiones internacionales, etc.) son de exclusividad estatal.

Cataluña debe emprender las acciones necesarias para poder decidir su propia política energética. Una vez alcanzado este hecho, será necesario establecer una ambiciosa política basada en los objetivos comunes de suficiencia, eficiencia y generación renovable, pero con estrategias y soluciones adaptadas a las características climáticas y socioeconómicas propias.

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El septenio de las migajas

Después de meses de duras y largas negociaciones, a principios del mes de febrero los líderes de la UE, encabezados por el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy, acordaron el presupuesto para los próximos siete años de la UE (2.014-2.020). Estos siete años, casi una década, será el período en que la UE tendrá que sobrevivir con menos del 1% de su PIB.

Esto supone una reducción de ingresos de 35 billones de euros. Y esto ocurre porque la mayoría de Estados miembros consideran que la UE también debe someterse a los mismos recortes que los gobiernos aplican en el ámbito nacional.
Asimismo, los gobiernos contribuirán al presupuesto septenal con menos recursos de los que habían pactado para el septenio anterior, a pesar de la ampliación de estados miembros.

En esta línea, fuentes de la Comisión Europea han explicado que el Parlamento podría no aprobar este presupuesto, lo que conllevaría seguir con el presupuesto actual. De hecho, esto es lo que ha pasado. El Parlamento Europeo ha rechazado aceptar el pacto de los gobiernos nacionales hasta que no se acepten todas las demandas de una Eurocámara que señala que la minuciosidad del presupuesto no podrá resolver los problemas financieros y económicos a los que la UE ha de enfrentar. Y menos cubrir las expectativas que la UE genera. Uno de los argumentos que el Parlamento Europeo ha esgrimido para aceptarlo es que los gobiernos acepten incluir una cláusula de revisión obligatoria en 2017 y más flexibilidad para trasladar los fondos entre partidas y años.

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¿Qué puedo hacer con un billón de euros? (con b)

Las grandes cifras son difíciles de asimilar porque nos faltan referencias a magnitudes que todos entendamos. Por eso, cuando una noche de febrero nos dijeron que los líderes europeos habían llegado a un principio de acuerdo en relación al presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, y que se establecía un techo de gasto de aproximadamente un billón de euros, la mayoría de los ciudadanos europeos se quedaron igual, desayunaron tranquilamente y se prepararon para lo que sería un viernes cualquiera de la crisis económica.

Un billón de euros; no sé qué significa un billón de euros. Los más amantes de la estadística saben que, curiosamente, es una cifra muy similar al PIB español, el valor de todos los bienes y servicios que se producen en España en un año. Pero da igual, esta no es tampoco una magnitud que nos impresione, y la mayoría sigue sin darle forma al presupuesto europeo.

Da igual también que las noticias, a veces en algún titular despistado, recuerden que España seguirá siendo "receptor neto" de recursos, después de más de dos décadas como miembro de la Unión. La mayoría tampoco se fija en lo que esto significa. Dicen que el saldo positivo pasará a ser del 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros) que tampoco sabemos muy bien que quieren decir.

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¿Pasa el futuro por Alemania?

Cuando hablamos de Alemania a menudo las opiniones que oímos son negativas. La ciudadanía percibe Angela Merkel como la líder que marca las normas en Europa, unas normas que, según estos detractores, sólo benefician la economía alemana y ponen en entredicho la convivencia europea. A su vez, Alemania percibe a los países del sur como economías poco disciplinadas y caóticas, con un capital humano poco proclive al trabajo. Desde el inicio de la crisis, hace cinco años, han salido multitud de estudios, gráficos, estadísticas que cuestionan la eficacia de la política económica teutona en Europa, sobre todo ante la falta de tendencias económicas positivas. Sin embargo, los resultados individuales no desaparecen: Alemania es la primera potencia europea. Esto nos hace plantear cuáles son las diferencias individuales que facilitan el progreso económico y hasta qué punto las políticas económicas que funcionan en el ámbito estatal se pueden trasladar de manera eficiente el conjunto de la Unión Europea.

La historia de Alemania nos puede dar algunas claves. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba devastada económicamente y dividida políticamente. El esfuerzo económico a lo largo de todo el proceso bélico había sido colosal. En ese momento, apostar por la hegemonía alemana en Europa a día de hoy era impensable. Había que reconstruirlo todo: no sólo en el terreno de infraestructuras y edificios, sino también reconducir la industria armamentística hacia un sistema de producción radicalmente diferente. El Plan Marshall, con la inyección del dinero necesario, y las reformas de Erhard ayudaron a reactivar la economía. En 1950, The Times bautizó el éxito de la reconstrucción como el "milagro alemán" dada la rapidez en la recuperación productiva, monetaria y financiera.

La posterior construcción del muro de Berlín, en parte causada por el dinamismo de la zona occidental, marcó un antes y un después en esta trayectoria, pero a partir de la caída del muro en 1989 la economía alemana ha ido in crescendo, incorporando en esta dinámica la Alemania del este. El impuesto de solidaridad, consistente en dar el 5,5% del impuesto sobre la renta, sumado a las reformas del excanciller Gerard Schröder, bajo el nombre de Agenda 2010, fueron cruciales. Recientemente, el ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich, ha anunciado que los funcionarios recibirán un aumento de sueldo del 6,3%, reflejo de la prosperidad que vive actualmente el país.

Es evidente que Alemania ha hecho los deberes en el plano económico y en el terreno de la integración europea. De país dividido y derrotado ha pasado a encabezar una Unión Europea en horas bajas y cuestionada por la ciudadanía. Uno se pregunta qué han hecho mientras algunos de los países meridionales. Mientras Alemania articulaba territorios y estructuras productivas, los países meridionales recurrían a políticas efímeras y oportunistas, como el caso de España donde la crisis ha destapado un país lleno de carencias.

El contexto de posguerra y las tareas a desarrollar para la reconstrucción de Alemania tienen muy poco que ver con una crisis económica en el conjunto de Europa que es principalmente financiera. Sin embargo, como mínimo en España, podemos pensar en la necesidad de una reestructuración de los sectores productivos para dejar atrás la pesada herencia de la construcción. Asimismo, falta la inyección de dinero incondicionado que aportó el Plan Marshall. Las ayudas de la Unión Europea conllevan toda una serie de medidas de austeridad que han acabado en consecuencias muy negativas para los países meridionales.

Las políticas dictadas por Alemania, el BCE, el FMI y la Comisión Europea, fundamentadas muy probablemente en éxitos del pasado y la conveniencia propia, conllevan consecuencias no esperadas que están llegando a situar la sociedad en el umbral de la pobreza. Es evidente que el rigor presupuestario no debe dejarse de lado, pero se hace patente que la austeridad por sí sola no permitirá salir los países de sus espirales decrecientes. Es hora de que los gobiernos se den cuenta de la ineficacia de estas políticas en el ámbito europeo: la reducción presupuestaria no ha devuelto la confianza de los inversores en el mercado porque estamos en economías interdependientes y que la fuente de la crisis es la especulación financiera y no el mal funcionamiento de los mercados internos. Es necesario que los gobiernos hagan inversión pública para la estimulación del crédito y del consumo y que, paralelamente, se coordinen para frenar la especulación. En definitiva, hay que encontrar un espacio común entre las medidas de austeridad y las de crecimiento para reactivar la economía de los países meridionales.

En el estado español, las recientes actualizaciones del paro dan  miedo. Más de seis millones de parados y un 57% de paro juvenil según la EPA. Es necesario que los líderes de la Unión Europea se den cuenta de la necesidad de coordinación, que den un paso adelante hacia la unión fiscal, y que diseñen una hoja de ruta para evitar el colapso de las economías meridionales. Si bien, durante cinco años, los esfuerzos se han focalizado en salvar el euro, ahora toca salvar los europeos. El ciudadanos no saben dónde tienen que mirar, si hacia su gobierno o hacia las instituciones europeas. Hace falta una única voz y es necesario que esta provenga de la Unión Europea. Hace 60 años Alemania fue incorporada al proceso de reconstrucción y de integración europea. Ahora es la hora de que los alemanes extiendan una mano a los países del sur y que usen su experiencia pasada por el beneficio común y para la propuesta de políticas que se ajusten a los tiempos presentes.

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