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El Plan Juncker de inversiones: ¿un plan para las regiones y las ciudades europeas?

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Este artículo ha sido publicado en el blog Agenda Europea, de la Fundació Catalunya Europa.

El Comité de las Regiones de la Unión Europea, espacio de encuentro de los órganos regionales y locales europeos, debatió el miércoles día 15 de abril sobre el papel que estos organismos tienen en el Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker. Un Plan que nace con la voluntad de impulsar las inversiones en sectores como la innovación, las infraestructuras, la energía, el medio ambiente o la mejora de la financiación para las pequeñas y medianas empresas. Todo ello para incentivar las inversiones, en especial con acuerdos entre las administraciones públicas y los agentes privados, pensando en consolidar la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo. Se quiere involucrar de una manera importante el capital privado, por lo que este Plan tiene mecanismos de funcionamiento innovadores respecto a los tradicionales.

El Plan, impulsado desde la Comisión Europea junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), se desarrollará a partir de los proyectos presentados por los Estados Miembros, que deberán ser evaluados por los dos impulsores antes citados para recibir la financiación. Y es aquí donde el Comité de las Regiones levanta la mano para debatir cómo pueden las administraciones regionales y locales tener poder de decisión en todo este proceso.

En la jornada del día 15 surgieron visiones diferentes desde la perspectiva local, a la cual Bruselas no está muy acostumbrada. Los representantes regionales y locales muestran opiniones diversas, no sólo por su posición política, sino también por las diferencias geográficas y de realidad de cada una de sus regiones. A pesar de todo, también hay acuerdos importantes que hay que resaltar. El primer hecho es que hay un consenso absoluto en la necesidad de estimular las inversiones. El cambio de postura hacia una nueva etapa que apueste por las inversiones es clave para la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo. Las administraciones regionales y locales son las responsables del 55% de las inversiones públicas totales. Los niveles de endeudamiento muy inferiores a la mayoría de los estados. Pueden hacer, por tanto, un mayor esfuerzo en inversión que los estados, y por ello reclaman un papel mayor en todo este proceso. Pueden convertirse en socios fundamentales para que este Plan sea un éxito y cumpla sus expectativas. Pueden ser, según afirman los gestores de los fondos, un motor que impulse las inversiones. Afirman al mismo tiempo que Europa es inversora neta fuera de las fronteras de los Estados miembros, y que hay que trabajar para conseguir que Europa vuelva a ser atractiva, primero para sus propios inversores, y que se vuelva a confiar en sus potencialidades.

Un Plan que debe ser para todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo, y que inicia un cambio respecto a las vías tradicionales de financiación, basadas hasta ahora en la subvención. Se apuesta por utilizar los fondos como garantía de las inversiones realizadas por las administraciones y por los privados, para incentivar de manera especial estos últimos, que han visto como hasta ahora las políticas europeas caminaban solas con sus inversiones. Ahora se ve que el sector público no puede llegar a todas partes, y por tanto, quiere caminar de la mano del privado hacia un nuevo horizonte en lo que a las inversiones estratégicas se refiere. Como decíamos, unas inversiones que han de llegar a todas las regiones. Aquí surgen los primeros recelos.

Las regiones menos desarrolladas creen que los territorios más desarrollados, con más capacidad de inversión, captarán la mayoría de los fondos de inversión, en especial de los privados. Por ello los responsables del Plan animan al conjunto de los estados y regiones a encontrar los proyectos más competitivos para poder recibir el máximo de fondos posible. Este es un temor expresado por diferentes agentes locales, que ven como las regiones menos desarrolladas pueden ser vistas como socios menos fiables y, por tanto, se pueden ver desfavorecidas. Es necesario, por tanto, no sólo hacer un esfuerzo en presentar buenos proyectos, sino en crear un entorno favorable que mejore la confianza de los inversores, ya sean privados o públicos. Sin este hecho nunca podrán funcionar los proyectos, ni mucho menos este nuevo mecanismo de fondo impulsado por la Comisión.

Los proyectos son, tal como afirman los responsables del Plan, la estrella de todo el proceso. Más allá del propio fondo y de las dudas que puedan generar los cálculos para el efecto multiplicador en la economía, son los proyectos los elementos que han de centrar el debate. En primer lugar, porque los proyectos deben ayudar a reorientar la economía europea, hacia una reindustrialización basada en la nueva industria tecnológica, del conocimiento, que profundice en el mercado común y apueste por las pequeñas y medianas empresas. Unos proyectos, sin embargo, que deben tener una nueva governance. Los proyectos ganan fuerza y seguridad si son múltiples los agentes que los impulsan, a diferentes escalas, y si el sector privado está involucrado. Este hecho puede ayudar en especial a los actores más pequeños, como los pueblos o pequeñas empresas, que tienen en las alianzas estratégicas con otros agentes la vía para coger fuerza y poder impulsar sus proyectos. Las propuestas tienen que conseguir tener realmente un impacto positivo en el tejido socioeconómico del territorio, y deben ayudar a impulsar estos sectores innovadores para preparar los territorios por el cambio de modelo económico que ya se está produciendo.

Pero las regiones y las ciudades ven cómo su papel puede quedar en un segundo plano, y que toda la relevancia la tengan los estados. Estos son los agentes que han de presentar los proyectos a los responsables, el binomio Comisión-BEI. Este es el gran temor de las regiones y ciudades, y que quieren debatir para clarificar elementos que no ven claramente definidos por el proyecto de Plan presentado por el presidente Juncker.

Raffaele Cattaneo, presidente del Consejo Regional de Lombardía y de la Comisión de Políticas de Cohesión Territorial y Presupuestos del Comité de las Regiones, recogió esta preocupación, haciendo hincapié en el hecho de que los estados pueden asumir toda la responsabilidad en la proposición de proyectos. Por tanto, parece que las regiones y ciudades se encuentran en una situación de debilidad. Además, expresa el temor de que las inversiones no se repartan por todo el territorio, independientemente de su grado de desarrollo. Hay motivos para pensarlo. Estados como España, en el momento de presentar los primeros proyectos, no presentó ninguno de específico, sino que presentó las cantidades de dinero que destinará a cada uno de los sectores, sin escuchar lo que decían los otros agentes implicados. Sin embargo, parece que los responsables del Plan apuestan por involucrar a las regiones y ciudades en las plataformas nacionals de gestión de proyectos. Parece razonable que los gestores del Plan recojan formalmente esta idea.

Con todo este debate, como conclusión, surgen las líneas propuestas por el Comité de las Regiones para mejorar el Plan Juncker. Unas propuestas que pasan por diferentes aspectos: por un lado, trabajar para evitar los desequilibrios entre territorios, para evitar el temor tantas veces expresado de que algunos territorios puedan acaparar gran parte de los fondos. Por otra parte, asegurar la coordinación entre este fondo de inversión y demás políticas de la UE, en especial las políticas regionales. En último lugar, la real necesidad de implicar al nivel regional y local en toda la gestión del Plan.

Unas propuestas, pues, claras y acertadas. Los niveles regional y local conocen las realidades de sus territorios y, por tanto, son los agentes que mejor pueden proponer proyectos para mejorar su tejido social y económico. Además, la proximidad, puede ser una garantía para animar a los privados, en especial las pequeñas y medianas empresas, a apostar por presentar proyectos innovadores que puedan servir de trampolín para consolidar la salida de una crisis económica larga y que ha afectado a la cohesión social de los ciudadanos, que ven en las administraciones más cercanas al actor que mejor puede ayudar a superar esta situación.

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