Este artículo ha sido publicado en el blog Agenda Europea, de la Fundació Catalunya Europa.Agenda Europea
El gobierno de Tsipras aprobó el pasado lunes 11 de mayo el pago de 750 millones de euros al FMI, siguiendo el calendario de pago de deuda acordado con la organización internacional. Este pago supone el cumplimiento de las obligaciones del gobierno griego y disipa los rumores de suspensión de pagos, que inquietaba a los mercados y la prensa internacional. Por otra parte, la situación de liquidez de las finanzas del estado griego se encuentran en una situación crítica, según el propio ministro de economía Varoufakis, de modo que sólo se aseguran los pagos corrientes durante los próximos quince días.
Ahora mismo la situación se mantiene bajo el acuerdo del 20 de febrero de este año, en el que el Eurogrupo se compromete a facilitar durante cuatro meses (hasta junio) el acceso a Grecia a mecanismos de financiación europeos. Esta prórroga se otorga con la condición de que el gobierno griego presente un plan de reformas estructurales, de acuerdo con las demandas del Eurogrupo y otras instituciones económicas internacionales.
¿Qué está en juego?
Las negociaciones son objeto de mucha tensión e incertidumbre, debido a los puntos de vista opuestos entre las partes. Los acreedores europeos (Eurogrupo, GCE y Comisión Europea) exigen reformas estructurales para corregir los excesos presupuestarios del estado griego y asegurarse el retorno del dinero que ya han avanzado (a través de los 'rescates'). Las reformas que proponen incluyen una reforma del sistema de ingresos (con una reestructuración del IVA), la creación de una agencia tributaria independiente y autónoma, la privatización de empresas y servicios públicos y la reforma del sistema de pensiones. La implementación de estas reformas es la condición que los acreedores imponen a Grecia para que pueda acceder a los 7.200 millones de euros remanentes del “segundo rescate” y solucionar el problema de liquidez. Considerando que la previsión de pagos a la vista durante el mes de junio se sitúa en torno a los 4.000 millones de euros y que no existan otras fuentes de financiación internacional, esta opción se vuelve una imposición si se quiere evitar entrar en suspensión de pagos (default).
Tras la última reunión, el gobierno griego ha demostrado voluntad política para superar esta situación. Se mostró de acuerdo en algunas de las medidas propuestas (especialmente aquellas en el ámbito tributario) pero rechaza de manera clara las medidas sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones. El gobierno de Syriza no comparte el diagnóstico del BCE sobre los problemas de la economía griega y propone alternativas a las medidas de austeridad. En esta línea, denuncia que la prohibición del BCE para emitir bonos a corto plazo impide que el Estado acceda a financiación internacional y, por tanto, se encuentra en una situación alarmante.
¿Esta situación es sostenible?
Cinco años después del “primer rescate” la deuda del gobierno griego ha pasado de un 130% del PIB hasta cerca del 180%. La economía griega ha crecido un mínimo del 0.5% respecto al periodo anterior y la presión del pago de la deuda supone un enorme peso sobre la recuperación económica. El volumen de deuda es insostenible y la presión de los mercados se intensifica cada vez que hay negociaciones, en las que el gobierno griego continúa endeudándose para hacer frente a los pagos corrientes.
Los programas de reforma estructurales y los recortes han demostrado ser completamente ineficientes a lo largo de este periodo. Muchos economistas denuncian que la aplicación de medidas de austeridad sin tener en cuenta el contexto y el sistema económico griego han supuesto el alargamiento de la crisis y el crecimiento insostenible de la deuda pública.
Según esta opinión, en lugar de exigir el pago de la deuda a toda costa y empeorar la situación a largo plazo de Grecia, el FMI y el BCE deberían reconocer su parte de responsabilidad en el momento que devolvieron el 100% del capital a los inversores, y asumir que la reestructuración de la deuda en este momento no es simplemente una opción, sino una imperiosa necesidad.
¿Es el default una opción?default
El gobierno de Alexis Tsipras ha demostrado en numerosas ocasiones que la suspensión de pagos (default) no es la estrategia de su ejecutivo, pero sí una medida de último recurso. El planteamiento de esta opción ha iniciado la reflexión, en primer lugar, sobre la posibilidad de que efectivamente Grecia decida no pagar a sus acreedores y, en segundo lugar, sobre las implicaciones que tendría para el país y la eurozona.
La idea del default no es una novedad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, México (1982), Rusia (1998) y Argentina (2002) son casos recientes en los que los países declaran no poder hacer frente a sus obligaciones internacionales. Situaciones de crisis económica les llevaron a declararse insolventes, con la consecuente exclusión del sistema financiero internacional. Esta situación implicó un período de dificultades económicas (caída del PIB, inflación, incapacidad de financiación, fuga de capitales y de inversiones) y sociales (desempleo y privatización de los servicios públicos, entre otros) para estos países, que posteriormente han experimentado períodos de fuerte crecimiento económico.
¿Es este el camino a seguir por Grecia?
Una suspensión de pagos por parte del país no significaría una salida automática del euro, aunque habría restricciones y controles bancarios para evitar la fuga de capitales. Este tipo de medidas aislarían al país del resto de la eurozona, creando una fractura “de facto” en el interior de la UE. Habría inflación y tensiones sociales, debido a la frágil situación económica y las dificultades de acceso a la financiación exterior.
Las lecciones aprendidas a partir de las situaciones vividas en países como Rusia o Argentina nos explican que es preferible un corto periodo de tensiones y cambio político que un largo período de aplicación constante de políticas mal diseñadas. Sin embargo, es necesario evaluar con qué recursos puede Grecia afrontar el aislamiento económico, considerando que no posee ni recursos energéticos (como Rusia) ni commodities (como Argentina) que le permitan acceder a divisas en el mercado internacional.
Sobre este blog
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