26 ciudades españolas se conjuran en Barcelona contra la política de refugiados del Gobierno central
Ciudades de todo el Estado se han encontrado este viernes en Barcelona para analizar los retos que tienen los municipios en la acogida de refugiados. Concejales y técnicos de las áreas de atención social de 26 ciudades, entre ellas Madrid, Sevilla, Valencia, A Coruña, Cádiz, Huelva, Las Palmas o la propia capital catalana, han participado en una jornada organizada por el Plan Barcelona Ciutat Refugi. El encuentro ha servido entre otras cosas para poner en común algunas de sus dificultades, como la disposición de viviendas para los asilados o la falta de acceso a información sobre estas personas por parte de la administración central.
En la declaración que han firmado los asistentes, que lleva por nombre Declaración de Barcelona, los municipios piden al Gobierno que proporcione información del destino de los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI), que replantee el procedimiento de atención social a los solicitantes de asilo y que cumpla con los acuerdos del 2015 para la acogida de 17.337 personas refugiadas. Al finalizar el ecuentro, además, los municipios han acordado pedir una reunión conjunta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales este mismo mes.
“La gente se pregunta dónde estan los refugiados: pues estan aquí”, afirma Ramón Sanahuja, amfitrión del encuentro y responsable del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) de Barcelona, un servicio que el pasado mes de enero atendió a 566 personas solicitantes de asilo, un 85% más que en el mismo mes de 2016. Se calcula que en Barcelona hay 2.200 personas solicitantes de asilo, pero los datos son aproximados porque el Estado no los facilita. Ni siquiera a los ayuntamientos cuando se lo piden.
“A veces nos enteramos por la prensa”, comenta Virginia Torres, la responsable del programa de acogida de Madrid, que cuenta desde hace tiempo con un parque de viviendas para las personas que han solicitado asilo. En la capital española algunas entidades han puesto a disposición del ayuntamiento algunas viviendas, de alquiler bajo. “Ha sido un milagro”, comenta esta técnica. Otra vía a la que ha recorrido el municipio para disponer de pisos ha sido comprarlos a la SAREB, aunque no es una solución sencilla porque la exigencia es que los inmuebles estén en condiciones, una situación poco habitual. “El banco malo es la peor de las opciones, de 300 viviendas, solo aceptamos 89”, zanja la responsable.
“Hemos tenido muchas dificultades para tener información”, se quejaba Isabel Álvarez, representante de Córdoba , que matizaba que aunque cuentan con una plataforma de asociaciones, no disponen con un pla de acogida.
“A todos nos conmueve la primera respuesta”, reflexiona la responsable del programa municipal de Madrid en referencia a la reacción social inmediata tras la emergencia de la crisis de refugiados, “pero hay que seguir”. Los planes incluyen diferentes fases que contemplan cómo garantizar la acogida de los solicitantes de asilo sea cual sea su condición administrativa.
En el caso de la responsable del programa de Lleida, recuerda cómo se percataron de la situación al cabo de un tiempo de trabajo de la Cruz Roja. En la ciudad catalana se cuenta con 35 plazas que son variables, dependiendo en gran parte de la temporada de trabajo. “Estamos en la segunda fase con personas que han ido a pisos”, expresa.
Otro municipio en el que es fluctuante también la afluencia en los pisos en Valencia. Según el mes del año, puede saltar la sorpresa y llenarse los albergues de la ciudad, hecho que obliga al ayuntamiento a buscar fórmulas para alojar a los que quedan sin sitio, como lo es reservra los hostales de la ciudad. El programa cuenta con un canal de comunicación donde los vecinos pueden ofrecer los recursos de que dispongan, des de clases de castellano a traductores o hasta viviendas. Hoy, dos immobiliarias colaboran en el alquiler de habitaciones en esta ciudad.
La información sobre las necesidades llegan en cuentagotas, y muchas veces a causa de la imposibilidad de las entidades para atender la situación. En Sant Boi de Llobregat tuvieron ocasión de acercarse al problema cuando se encontraba llamando a las puertas del ayuntamiento. “Nos enteramos de rebote”, se lamenta Clara Sopeña, la responsable del progra un municipal que cuenta con 4 pisos (unas 30 plazas). En Santa Coloma de Gramenet, otra ciudad del área metropolitana de Barcelona, descubrieron cómo una entidad contaba con pisos y ya estaba atendiendo a personas refugiadas. En El Prat de Llobregat, también en el area metropolitana de Barcelona, una cooperativa obrera constituida en los años sesenta ofreció en 2015 el alquiler de los pisos a muy bajo precio, a precio de socio de cooperativa.
En el encuentro de este viernes han participado representantes las ciudades de Barcelona, Badalona, Berga, Cádiz, Castellón de la Plana, Córdoba, El Prat de Llobregat, Girona, Granada, Hospitalet de Llobregat, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Madrid, Málaga, Manresa , Palma de Mallorca, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sevilla, Lleida, Terrassa, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
