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Tres de los cuatro detenidos por el caso Inipro pasan a disposición judicial

Tres detenidos ayer por el caso Inipro pasan esta tarde a disposición judicial

elDiario.es Catalunya

Tres de los cuatro detenidos este miércoles por su implicación en el caso Inipro pasarán esta tarde, a partir de las 17 horas, a disposición del titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona que instruye la causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En la operación, la Guardia Civil detuvo este miércoles a cuatro personas, entre ellas Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), que fue puesto en libertad en la noche de este miércoles. El juez mantiene a Cuadrado su condición de investigado -antiguo imputado- con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea citado. El TSJC ha indicado que aún hay fecha para ello.

Los otros tres detenidos, que pasarán esta tarde a disposición judicial, son el administrador de Inipro y militante del PSC, Ricard Campà, el consultor de Viladecans, Enrique Miró, y el primer teniente de alcalde de Viladecans, el socialista Joaquín Guerrero.

El juez investiga el supuesto amaño en Tarragona de adjudicaciones a la empresa Inipro, afín al PSC, que también tiene réplicas en Palau-Solità i Plegamans y Viladecans (Barcelona).

La Guardia Civil registró este miércoles el Ayuntamiento de Tarragona, para acceder al servidor y obtener datos, así como los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans -ambos dirigidos actualmente por el PSC-, dos mercantiles de Barcelona y Viladecans, un despacho profesional de Viladecans y otro de Reus (Tarragona) y los domicilios de los cuatro arrestados.

En la causa, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona y que se mantiene bajo el secreto de las actuaciones, se investiga la contratación, supuestamente irregular y sin publicidad, a Inipro, empresa afín al PSC, por parte del consistorio de Tarragona, durante la etapa de Ballesteros, para el servicio de atención a los inmigrantes. Otros cinco contratos en Viladecans y Palau-Solità están bajo sospecha.

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