El Govern llevará la LOMCE al Constitucional y dice que aplicará solo la ley catalana

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha confirmado esta mañana que la Generalitat llevará la LOMCE al Tribunal Constitucional en cuanto la ley se apruebe definitivamente en el Congreso. Rigau está convencida de que la normativa impulsada por el Ministerio de Educación invade algunas competencias que el Estatuto reserva para Cataluña, como es el caso de la lengua vehicular en las aulas, la elaboración del currículo y la preparación de las reválidas, que Wert quiere implantar a finales de la ESO y el bachillerato.

Así se ha explicado la consejera tanto en una intervención parlamentaria como en una entrevista en El Matí de Catalunya Radio. Una vez que la ley salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Generalitat requerirá un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias para presentar el recurso al Constitucional.

“No es necesario que tengamos Estatut”, lamentaba con ironía la consejera, “porque cualquier ley del ministerio pasa por encima de lo que se ha votado en Cataluña”. Pero aunque salga adelante la normativa -algo que no duda que pasará-, la consejera deja entrever, sin decirlo por su nombre, un escenario de insumisión, en el que algunos aspectos de la ley no se aplicarían. En este sentido, y sin entrar a concretar, ha asegurado que el próximo curso, cuando ya podría estar en vigor la LOMCE, las escuelas catalanas seguirán cumpliendo la ley catalana. “En setiembre, los centros en Cataluña deben lógicamente aplicar la normativa de la Generalitat, y el Govern estudiará atentamente cuál es el contenido de la ley, hará el recurso pertinente y actuará en consecuencia. (...) No hablo de insumisión, sino de un trato muy ajustado de la normativa”, ha explicado en declaraciones en el Parlament.

En caso de que se aplicara la LOMCE, Rigau adelanta que “la Generalitat no tendrá mucha prisa” en aplicarla, porque considera que, al haber pactado todos los grupos parlamentarios de la oposición que cambiarían la ley en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta, considera que adaptar el sistema para luego volverlo a cambiar sería generar una “incertidumbre brutal”. Para Rigau, esta es una ley “que nace con fecha de caducidad”.