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Wert pretende pagar escolarizaciones en castellano en centros privados y pasar la factura a la Generalitat

El ministerio reserva 5 millones para esta oferta porque calcula que un millar de alumnos querrá tener el castellano como lengua vehicular

Wert asegura que es una medida "excepcional y transitoria" a la espera de que la Generalitat introduzca el castellano en las aulas de las escuelas públicas

Rigau, ante la ofensiva: "Es una cuestión de país"

Religión sube de categoría y contará para la obtención de becas

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La oposición centrará en Wert y su reforma educativa la sesión de control

El ministro José Ignacio Wert.

A partir del curso 2014-2015, cuando se prevé que entre en vigor la LOMCE, el ministerio ofrecerá a pagar las cuotas de centros privados a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano. Eso sí, después pasará la factura a la Generalidad de Cataluña. Esta es la medida que contempla el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para "hacer efectivo el derecho de los padres a que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en el aprendizaje de sus hijos". Así lo ha explicado el propio ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del Gobierno español, que hoy ha aprobado el polémico anteproyecto de ley de educación.

Wert ha querido dejar claro que se trata de una medida "excepcional y transitoria", a la espera de que la Generalitat se avenga a ofrecer horas de clase en castellano cuando los alumnos lo pidan, un escenario que hasta ahora la consejera, Irene Rigau, ha descartado por completo. El ministro ha recordado que prevalecerá la posición del Tribunal Constitucional a la hora de velar por estos derechos de los padres.

Las asignaciones que el ministerio se reserva para aplicar este propósito no son menores. El 10% del presupuesto de aplicación de la ley durante el primer curso que entre en vigor, es decir, unos 5 millones de euros, irán destinados a ofrecer este servicio. La elevada cifra contrasta con el número de familias que han solicitado oficialmente la escolarización en castellano, en total 17 según la Generalitat, pero los cálculos de Wert, puras "hipótesis", según ha reconocido, apuntan a que un millar de alumnos acogerá a las ayudas.

Rigau, ante la ofensiva: "Es una cuestión de país"

"Quiere dar una única visión de España", expresaba esta tarde la consellera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, al conocer los detalles del anteproyecto de ley de educación que ha pasado hoy por el consejo de Ministros. La consellera ha subrayado una vez más el carácter "recentralizador" de la norma, que ha tachado de "predemocrática". "Seguiremos luchando para que no se apruebe. No es una cuestión de Gobierno, es una cuestión de país", ha dejado claro Rigau.

Del mismo modo se ha expresado la plataforma somescola.cat, vinculada a Òmnium, abanderada de la defensa de la inmersión, que ha pedido directamente a la Generalitat la "insumisión" para mantener el actual modelo lingüístico. La entidad denuncia que la nueva ley reduce el autogobierno catalán, homogeneiza los contenidos académicos de todo el Estado y, como han reiterado, resquebraja el modelo de inmersión que se aplica "con exito" desde hace 30 años en Cataluña.

Religión sube de categoría y contará para la obtención de becas

La Iglesia ha ganado una batalla histórica. El texto de la Ley de Mejora de la Educación que ha aprobado el Consejo de Ministros revaloriza la asignatura de Religión al punto de que contará para la nota media y para la obtención de becas, según informa Natalia Chientaroli, y también para repetir el curso en caso de que no se apruebe, una vieja reivindicación de los obispos. Tanto Religión como su alternativa, Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria, serán asignaturas optativas. "Contará para la nota media porque es una asignatura evaluable, igual que su alternativa", ha confirmado el ministro.

La séptima ley orgánica de Educación de la democracia ha salido del Consejo de Ministros una semana más tarde de lo previsto, pero no por la contestación social que el 9 de mayo sacó a la calle a miles de personas sino, según el Gobierno, para atender a las "observaciones" del Consejo de Estado. O al menos algunas de ellas, porque al parecer el organismo ha tenido menos suerte con alguna de sus recomendaciones que la Iglesia. Por ejemplo, la de no eliminar Educación para la Ciudadanía, que definitivamente desaparece del currículo. "Consideramos que son conocimientos transversales que están integrados en otras asignaturas", ha sostenido el ministro ante los periodistas. 

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