El director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, compareció este lunes ante la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la sanidad catalana, y fue claro a la hora de denunciar los casos de confusión entre sector público y privado en este ámbito. Apuntó particularmente al empresario Ramon Bagó, acusado de beneficiar a su grupo de restauración SERHS con contratos con centros públicos del Consorcio de la Salud y Social de Catalunya (CSC), del cual era directivo.
De Alfonso afirmó que, dadas las características del Consorcio, la ley de incompatibilidades para altos cargos de la Generalitat debería aplicarse en el caso de Bagó. “Ha incumplido la ley”, aseguró, y agregó que se trata de un caso “de libro”. Según el director de Antifraude, no hay “ninguna duda” de la concurrencia de intereses privados y púlicos en la gestión de Bagó. A pesar de esta afirmación, rechazó pronunciarse sobre si estos hechos eran constitutivos de delito, aunque aseguró haber transmitido toda la información a la fiscalía.
De Alfonso cargó contra los consorcios ya que, según explicó, la Oficina Antifraude detectó una “debilidad en el propio control interno”, algo factible dado que “quien está al frente del consorcio tiene intereses privados”, apuntó. “Hay un manejo de lo público por lo privado que beneficia a lo privado”, aseguró, antes de abogar por un mayor control desde dentro de los consorcios sanitarios por parte de la Administración.
Manté niega las acusaciones de incompatibilidad
Tras De Alfonso compareció Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud y actualmente imputado por varios delitos relacionados con su función de asesor de Innova, el holding municipal de Reus (Tarragona). Este organismo, que controla el 70% del presupuesto del Ayuntamiento y gestiona una docena de centros sanitarios a través de su filial Sagessa, realizó pagos presuntamente no justificados -superiores a un millón de euros- a Carles Manté. Al frente de esta empresa estaba Josep Prat, al tiempo que dirigía el Instituto Catalán de la Salud (ICS).
Manté se defendió de las acusaciones en su contra, no sin haber cargado antes contra la revista Café amb Llet, que participó en la revelación de sus presuntas irregularidades. El exdirector del CatSalut afirmó que la revista tenía “poco rigor”. Asimismo, Manté explicó las condiciones de su contratación por parte de Innova. “En mis tres años como director del Servicio Catalán de la Salud no había firmado ningún convenio con Innova”, aseguró. También dijo que creó una empresa unipersonal para poder prestar servicios a diferentes empresas. Según explicó, facturó a Innova unos 13.000 euros mensuales por tareas de asesoramiento aunque aseguró que sus exigencias eran más altas. Pero insistió en que en nunca trabajó para empresas privadas.
Geli carga contra quien quiere “desprestigiar” la sanidad catalana
También compareció la exconsellera de Salud, Marina Geli (PSC). La diputada, que estuvo al frente del Departamento del 2003 al 2010, denunció unos intentos de deprestigiar el sistema sanitario catalán con el objetivo de “desmontarlo”. Explicó que un “revisionismo total puede dar alas a los que utilizan la crisis para decir que lo público no se puede manejar porque es ineficiente” y insistió que que “no se pueden poner en cuestión los buenos resultados que ha dado en los últimos treinta años” .
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