En un plazo de seis meses, Lleida verá sus servicios sanitarios unificados en un “nuevo ente jurídico”, según el término utilizado por el conseller Boi Ruiz. Un consorcio o una empresa pública gestionará el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) - que pertenece al Instituto Catalán de la Salud -, el hospital Santa María y el hospital comarcal del Pallars de Tremp - gestionados ahora por el empresa pública GSS-, los centros de atención primaria así como la salud mental y los servicios sociales. También se integrará el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBL). En total, el consorcio gestionará un presupuesto de 280 millones de euros y una plantilla de 4000 profesionales.
Los esfuerzos para coordinar la sanidad leridana no son nuevos. A finales de los años 90, el Hospital Arnau de Vilanova pasa a gestionar un laboratorio único que da servicio a Santa María y a los centros de atención primaria. Posteriormente, se intensifica la colaboración entre los dos hospitales, que empiezan a intercambiar especialistas ya compartir guardias. Finalmente, en 2012, el Gobierno decide el establecimiento de una gerencia única (con el doctor Jaume Capdevila al frente).
Según el consejero Boi Ruiz, la unificación permitirá economías de escalas que podrían mejorar los servicios: “Si gestionamos las compras de forma conjunta y ahorramos dinero, podremos destinarlos a mejorar las listas de espera”, apuntó. Los sindicatos no niegan la necesidad de unificar los servicios sanitarios en Lleida - para beneficiar de economías de escalas y obtener nuevas especialidades en lugar de transferir los pacientes en los hospitales de Barcelona - pero recelan del método utilizado. UGT criticó que el proceso se haya abierto “sin ningún tipo de debate parlamentario ni transparencia”.
Los sindicatos temen especialmente que se aproveche esta fusión para reducir plantillas. También se preguntan cómo se gestionará la disparidad de convenios laborales y qué pasará con el personal estatutario del ICS - que tiene plazas fijas como cualquier funcionario - en un ente de derecho privado. Puesto que el 80% de la sanidad leridana está gestionado por el ICS, creen que la mejor solución es que el 20% restante también se integre en el ICS. El sindicato Metges de Catalunya cree que hay que “homogeneizar” las condiciones laborales de los trabajadores, “independientemente de cuál sea su empresa de procedencia”.
Por otra parte, la palabra 'consorcio' también provoca recelo, debido a los diferentes casos de presuntos conflictos de intereses en la sanidad catalana que se han conocido en los últimos años. “En el ICS, la gestión es más transparente y no hay casos de corrupción al contrario de lo que se ha visto a los consorcios (la sanidad concertada), opina Amparo Loren (CCOO), presidenta de la junta del personal al HUAV.
Pero más allá de estas preocupaciones, también existe el temor de que el proyecto abra la puerta a una privatización. “Lleida es una prueba, es el conejillo de India de las privatizaciones en la sanidad”, opina Àngels M. Castells, de Dempeus per la Salut Pública, que recuerda los diferentes planes del Departamento de Salud para privatizar la sanidad. El diario 'El País' reveló primero la existencia de un informe del Departamento de Salud que proponía trocear el Instituto Catalán de la Salud en una veintena de empresas públicas, para poder abrirse al capital privado. Dos años después, se conoció un informe de la empresa PricewaterhouseCoopers, que proponía la privatización de 13 instituciones sanitarias, la mayoría consorcios, que gestionan 18 hospitales y 46 centros de atención primaria.
ICV-EUiA (que presentará esta tarde una interpelación al Gobierno durante el pleno del Parlament) y la CUP ya han expresado su rechazo al proyecto. Para el PSC, esta reorganización - a la que no se opone - no debe empeorar necesariamente las condiciones laborales de los trabajadores ni de crear problemas de falta de transparencia. “Tanto en el caso de la sanidad concertada como en el caso del ICS estamos hablando de sanidad pública”, apunta Núria Segú, portavoz del PSC en el Parlament para los temas de sanidad, que critica sin embargo la falta de información. “El conseller debe dar informaciones para tranquilizar a los trabajadores”, reclama. Por su parte, Ciutadans también critica el proyecto de Boi Ruiz: “las preocupaciones de los sindicatos están fundamentadas, dado el historial de los consorcios”, opina el diputado José Manuel Villegas. Los representantes de ERC, por su parte, esperan a tener más información antes de posicionarse.
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