La situación de práctica sublevación que se vive en la sanidad catalana no se explica sin tener en cuenta la mezcla de intereses públicos y privados que conviven en Catalunya. La red sanitaria catalana (SISCAT) se basa en una gran variedad de proveedores y con muchas formas de gestión. Hay empresas privadas con ánimo de lucro, las hay de no lucrativas, hay empresas públicas y consorcios. Pero además el SISCAT contrata directamente con empresas privadas, según consta en un informe elaborado por la federación de sanidad de CCOO.
Los diferentes gobiernos catalanes han visto bien esta amalgama. Decían que la diversidad de proveedores permitía un cierto grado de competencia. Con la reducción de los presupuestos públicos, el llamado modelo catalán ha mostrado su cara más sucia y se ha visto que ocultaba formas de “capitalismo de amiguetes”, en palabras del informe, un sistema que se basaba en la captura de rentas fruto de la cercanía con el poder.
Se ha dado un largo listado de casos que ejemplifican la afirmación anterior. Una empresa de la que era apoderado el gerente del Servicio Catalán de Salud (SCS) José María Padrosa factura al mismo SCS. Al saberse el caso, él dijo que no sabía que era apoderado, lo que no le ha impedido seguir siendo director del SCS.
También se da el caso de empresas privadas que, a pesar del brutal recorte de los presupuestos sanitarios públicos, incrementan su contratación con el SCS. Al mismo tiempo hay ejemplos contrarios, como el impedimento en el hospital Josep Trueta, de Girona, de contratar el servicio de cocina con el hospital Santa Caterina, también público.
Se dan también declaraciones que muestran claramente la intención subyacente de la Administración. Así, la Secretaría del Departamento de Salud ha manifestado que hay que dar negocio a todo el mundo, más allá de lo que significa la eficiencia del gasto público. También hay casos de empresas del sector público que contratan servicios con empresas en las que participan miembros de su consejo de administración. IDC, multinacional del sector privado, tiene garantizado un nivel de actividad que cobrará de la Administración, tanto si lo hace como si no. Se han producido, además, rescates con dinero público de centros privados a los que se asegura un largo periodo de trabajo procedente del sector público...
Esta mezcla de intereses explicaría que en momentos de recortes se trasvasen pacientes del sector público al privado. Paradójicamente hay empresas públicas del sector sanitario que están afiliadas y pagan cuotas a patronales privadas. Y se llega a extremos en que debe ser la justicia quien diga si una empresa es pública o privada.
La extraña mezcla entre lo que es público y privado la personaliza el consejero Boi Ruiz, procedente del sector privado, que, apenas estrenar el cargo nombró Josep Prat como presidente del Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud, (ICS), mientras éste era vicepresidente de la multinacional sanitaria privada USP. Prat tuvo que abandonar la cúpula del ICS acusado de graves delitos de corrupción.
El informe enfatiza que mientras se recortaba el presupuesto de la sanidad pública se han dado casos de empresas que han incrementado su facturación al SCS, mientras que había empresas públicas donde se disminuía la aportación.
Entre los años 2010 y 2014 el ICS ha visto como se reducía un 13% su presupuesto. En un ejercicio difícil de entender, el ICS tuvo un superávit de 40 millones en 2012. En 2013, si se hubiera prorrogado el presupuesto, el superávit habría sido de 100 millones, pero como se redujo la aportación pública en 140 millones el resultado ha sido un déficit de 35 millones. La reducción del gasto ha supuesto pérdida de puestos de trabajo y reducciones salariales.
El proyecto de Tarragona consiste en crear un ente que gestionaría toda la atención sanitaria de la zona. El mayor proveedor es el ICS. Este nuevo ente se pondría bajo el control de Juan María Adserà, vinculado a Convergència Democràtica de Catalunya, a la patronal Unión Catalana de Hospitales, en múltiples negocios y es a la vez director general y gerente de la Red Sanitaria y Social de Santa Tecla.
El proyecto de Lleida resulta igualmente preocupante. Se quería hacer un consorcio que ahora se ha transformado en un ente de naturaleza indeterminada, del que no hay mucha información.
Sobre todo, no se sabe el coste económico del proyecto, que no será menor, ya que en contra de lo que se dice, el coste del personal del ICS está por debajo del resto de personal del sector.
Otro elemento que contribuye a la colusión entre los derechos de los ciudadanos y los intereses económicos de diversos actores es la práctica cada vez más extendida de hacer actividad privada en los centros de la red pública. El procedimiento es: el médico informa al paciente de la lista de espera existente para una determinada intervención y le ofrece hacerle por la vía privada y a precio de mercado la misma intervención, en el mismo hospital, pero fuera de su horario laboral. El médico, como profesional privado, factura el servicio en el hospital en el que trabaja.
Esta práctica vulnera de manera flagrante la Ley General de Sanidad que prohíbe que los centros sanitarios públicos existan vías de acceso diferentes en función de la condición de los pacientes; la lista de espera debe ser única. Esta práctica también vulnera las leyes de incompatibilidades catalana y española que establecen que nunca podrán ser “objeto de compatibilidad las actividades profesionales que se han de prestar a personas a las que se está obligado a atender en el desempeño del cargo público”. Es decir, un médico no puede atender de manera privada al ciudadano a quien está obligado a atender en su lugar de trabajo del sector público. Este conflicto de intereses ya ha sido señalado en alguna ocasión por la Sindicatura de Cuentas, aunque tanto los centros como los responsables políticos del Departamento han ignorado las advertencias, afirma CCOO.
La práctica mencionada es más habitual en los casos de centros de tipo semi-públicos, que fuera de horario habitual médicos contratados por mutuas llegan a hacer intervenciones quirúrgicas por cuento de estas entidades.
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