¿Quién debe asumir el coste de las carreras universitarias?

“Podemos pasearnos por Europa y veremos que hay todo tipo de países, de derechas o de izquierdas, con precios bajos, elevados o nulos”, decía el pasado lunes en una entrevista en Catalunya Radio el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau. La decisión sobre el precio de los estudios tampoco está relacionada con la situación económica del país, según apunta un informe del Observatorio del Sistema Universitario que analiza los precios y las becas a 34 sistemas universitarios europeos. Entre los gratuitos coinciden países tan dispares como Grecia y Finlandia, y entre los más caros otros como el Rumania y el Reino Unido.

Catalunya ha apostado por hacer que el precio de las matrículas cubra una parte cada vez más importante del coste de los estudios. El Govern defiende una política con precios elevados (se han adherido al precio más alto permitido por el llamado “decreto Wert”) y un sistema de becas compensatorio. Consideran que, dado que la mayoría de los estudiantes que acceden a la universidad son de clase media o alta, se pueden permitir pagar esos precios. Economistas y sociólogos, sin embargo, alertan de las barreras al acceso que conlleva este modelo.

“Si haces pagar para garantizar que los que más tienen más pagan, corres el riesgo de dejarte gente por el camino”, asegura Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la UB. Destaca que la universidad ya se financia a través de impuestos –“que deberían ser más progresivos”, añade– y que aumentar el copago, ampliando los precios de matrícula, y no compensarlo con el sistema de becas representa una barrera económica.

Los efectos de la incertidumbre

Los miembros del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo (GRET) de la UAB aseguran, en declaraciones por correo electrónico a El Diari de la Educació, que “cuanto más abierto sea el sistema (tanto en las notas como en en cuanto al dinero), menos riesgo conlleva al estudiante y a sus familias, y esto genera oportunidades en situaciones no sólo de dificultades económicas, sino también de incertidumbre”.

Estas situaciones de incertidumbre que pueden condicionar el acceso a la universidad, explican, “las viven tanto las clases trabajadoras (estas mucho, tanto porque en conjunto las notas son más bajas, como porque tienen dificultades de recursos), como las clases medias (pensemos cómo afecta a los costes la lejanía del lugar de estudio, las posibles rupturas y reestructuraciones familiares, pérdidas de trabajo entre los progenitores, pérdidas de capacidad económica en períodos de crisis del mercado laboral, etc.)”.

Desde el GRET reconocen que puede que algunos grupos sociales se beneficien de la formación superior más que los otros, “pero los rendimientos salariales que extraigan a largo plazo estarán gravados con impuestos directos”, recuerdan. Estos impuestos, dicen, son la vía por la que el individuo retorna a la sociedad los réditos económicos de sus estudios universitarios. “Los impuestos directos, más que el recargo sobre los servicios públicos son la forma más justa y transparente (y con menos riesgo de error a pesar del fraude fiscal) de redistribución de riqueza”, concluyen.

Incapacidad de la administración

Alfonso Herranz, profesor del departamento de Historia Económica de la UB, coincide en que los precios elevados suponen una barrera “porque no lo están compensando con un sistema de becas suficientemente desarrollado”. Añade que la administración tampoco tiene instrumentos para impulsar este sistema, “así que mientras tanto se necesitan precios bajos”, dice.

“El subdesarrollo del sistema fiscal español, asociado al altísimo fraude fiscal y a la escasa capacidad de control de la administración, hace que no tenga suficiente capacidad discriminatoria para conceder suficientes becas suficientemente grandes a quien las necesita”, explica. Y añade que estas becas, además, deberían aportar una renta a los estudiantes que necesitan trabajar.

Herranz, que también es Vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa, asegura que los precios elevados tampoco cumplen la función de disuadir del derroche de los recursos públicos invertidos en la formación de los estudiantes. “Esto no puede servir como argumento porque las propias universidades establecen mecanismos para evitar este mal uso”, dice.

Para el historiador económico, la política de precios universitarios “es parte del modelo Mas-Colell de sustituir impuestos por tasas, en vez de desarrollar el sistema tributario, como se podría hacer porque aquí tenemos mucho potencial recaudatorio”.

La importancia de las becas

La Generalitat acompañó el aumento de los precios del 67% del curso pasado con un nuevo sistema de becas, las becas Equitat, que compensan parte del precio de la matrícula a los estudiantes según su nivel de renta familiar. No obstante, los expertos apuntan que la principal barrera al acceso no es el precio de la matrícula, sino los otros costes que que conlleva dedicarse a los estudios universitarios. Por ello remarcan que el papel de la beca, más allá de cubrir el coste de la matrícula, debe ser cubrir los gastos del estudiante para que pueda llevar adelante una carrera.

“En una buena parte de los países europeos, no sólo los precios de las matrículas son inexistentes o mucho más bajos que aquí, sino que hay mucho más apoyo a los estudiantes”, explica Vera Sacristán, del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) . “Se concede una cantidad mucho mayor de becas, y las becas tienen unos importes mucho más altos. De hecho, en algunos países europeos, todos los estudiantes están becados para que puedan vivir mientras estudian”, explica.

Pero el apoyo a los estudiantes no se limita a las becas, añade: “En muchos países europeos hay tarifas especiales para los estudiantes –o incluso gratuidad– en los transportes públicos, precios subvencionados en los comedores universitarios –donde se puede hacer una comida más que digna por cifras que oscilan entre 1 y 3 euros–, y residencias universitarias a precios muy moderados para facilitar la movilidad y que cada joven pueda hacer sus estudios en la universidad más adecuada”.

Sacristán asegura que este tipo de apoyos, que echa de menos tanto a nivel español como catalán, “ayuda a que los jóvenes y sus familias puedan plantearse si estudiar o no en función de la capacidad y la vocación, y no en términos de necesidades socioeconómicas”. “El sistema resulta, pues, más justo, y de rebote, todo ello revierte en progreso para los países, ya que aprovechan mejor toda la potencialidad de su juventud”, concluye la profesora.