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El Gremio de Jardinería se opone a que las administraciones den prioridad a las empresas de integración laboral

Se queja de que los Centros Especiales de Trabajo (CET) reciben un trato de favor en los concursos

Los CET, a diferencia de las empresas convencionales, mantienen el empleo durante la crisis

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El Gremi de Jardineria s'oposa a que les administracions prioritzin les empreses d'integració laboral.

El Gremio de Jardinería se opone a que las administraciones prioricen las empresas de integración laboral.

La crisis económica agudiza la competencia. A veces por encima de consideraciones morales o éticas. Cuando el pastel se reduce la lucha para conseguir una porción se incrementa. Esto se puede deducir de una polémica nota del Gremi de Jardinería de Cataluña, vinculado a la patronal CECOT y a Fomento del Trabajo. La entidad se queja de la aparición de concursos de trabajos de jardinería, sobre todo de administraciones locales, "dirigidos exclusivamente a Centros Especiales de Trabajo (CET)", que en su opinión dejan fuera las empresas convencionales,

Los CET son empresas con finalidad social que aseguran empleo a personas con discapacidad física o sensorial, garantizando su integración laboral. Por tanto, al menos el 70% de sus plantillas debe estar formada por personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según la normativa de la Generalitat. Estos centros hacen generalmente trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento para administraciones y particulares.

Los CET pueden tener carácter público o privado, y pueden ser creados por las administraciones, directamente, en colaboración con otros organismos, o por entidades o por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes con capacidad jurídica para ser empresarios, según recoge la ley.

Este último punto es el que critica el Gremi de Jardinería, que en su nota afirma que han aparecido CET con ánimo de lucro, que han formado Uniones Temporales de Empresas (UTE) con grandes sociedades, "normalmente constructoras". Esta circunstancia, indica la entidad, hace que dichas asociaciones no garanticen la integración y el desarrollo profesional de los discapacitados y mientras disfrutan "de un acceso prácticamente libre de competencia a trabajos que deberían estar al alcance de todas las empresas interesadas ".

Miquel Vidal, gerente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC) puntualiza las afirmaciones del gremio respecto a acuerdos entre CET y empresas. "Ya nos gustaría que fuera más habitual, algun acuerdo ya lo hacemos con grandes empresas y/o pequeñas empresas". En lo que no está nada de acuerdo es en la existencia de cláusulas de exclusividad. "Dudo que la Unión Europea lo permitiera", asegura.

Vidal admite que puede haber empresas mercantiles que creen en su seno algun CET, "siempre que la administración les dé el certificado correspondiente". Esto se dio durante unos años, "pero desde 2010 no se ha aprobado ninguna en Catalunya", asegura.

También reconoce que la ley 30/2007 que regula las contrataciones de las administraciones públicas recoge en la transaccional 7ª “los contratos reservados a CET".

La federación discrepa claramente de la afirmación global de la existencia de CET como empresas con ánimo de lucro. El 73% de los CET en Catalunya no tienen ánimo de lucro. El 27% figura que sí tienen, aunque de estos, en un 37%, sus promotores son entidades sin ánimo de lucro (asociaciones y fundaciones). Admite Vidal que en un único caso sí se puede decir que hay un CET con ánimo de lucro, "lo que es –dice– absolutamente legal".

La prueba que puede aclarar si los CET tienen como objetivo prioritario hacer dinero o simplemente facilitar la integración laboral de personas con dificultades es su comportamiento ante la crisis. En Catalunya el año pasado había 214 CET registrados y activos con una plantilla global de 14.196 trabajadores. De estos, 12.239 tienen alguna discapacidad y 1.957 no. Pues bien, a diferencia de las empresas convencionales, la plantilla de los CET se ha mantenido.

El Gremio asegura, a su vez, que el modelo de los CET "refleja el fracaso de una figura nacida como paso intermedio para incorporar trabajadores discapacitados a las empresas, y que han acabado por convertirse en su destino definitivo". Efectivamente, la normativa obliga a las empresas a contratar al menos un 2% de discapacitados. Como esto no se cumple, a veces las compañías lo suplen contratando algún servicio a CET.

El Gremio de Jardinería de Cataluña asegura, sin embargo, compartir la sensibilidad de la mayoría de la sociedad hacia el colectivo de las personas discapacitadas y cree en la necesidad de su integración en el mundo laboral. En este sentido dice que muchas de sus empresas asociadas tienen trabajadores con estas características. No obstante, el gremio encuentra "inaceptable una política discriminatoria y excluyente como esta", indica respecto a la posible preferencia en las contrataciones públicas.

Por contra la FECETC entiende "que la situación ha hecho que un espacio de actividad económica que han ocupado los CET, con personas con discapacidad pueda resultar interesante para alguien que quiera entrar". En este sentido creen que denunciar competencia desleal "es no decir la verdad".


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