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Por el derecho a decidir, no a los recortes


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Xesús B. González, coordinador de Funció Pública de CCOO

Xesús B. González, coordinador de Función Pública de CCOO

El gobierno central y el de la Generalitat nos quieren situar en una falsa disyuntiva al abordar las políticas que es necesario desarrollar en Catalunya.

El gobierno central no se cansa de repetir que lo que debe hacer el de la Generalidad es preocuparse del paro y dejarse de consultas por el derecho a decidir, y el gobierno de la Generalitat y quien le da apoyo parlamentario, insisten en que es el momento del derecho a decidir, que no es la hora de las reivindicaciones y que tocan recortes sociales y laborales.

A nuestro entender la conjunción del desarrollo del derecho a decidir y de políticas sociales, no sólo es posible sino que es imprescindible para mantener la cohesión de la sociedad catalana a partir de sus condiciones de trabajo y vida. Nadie puede pretender hacernos creer que en estos momentos hemos de optar entre el derecho a decidir y unas medidas económicas que nos garanticen los servicios públicos y sociales en condiciones de calidad.

Son dos cosas paralelas que no se condicionan en negativo y que en todo caso pueden tener un efecto beneficioso la una respecto a la otra. Los derechos nacionales y los derechos sociales no sólo no son contradictorios ni contrapuestos sino que son imprescindiblemente complementarios. Otra cosa es que la opción de quien gobierne sea que la construcción nacional se haga a costa del menosprecio de los derechos sociales y de ciudadanía.

La composición del Parlament de Catalunya da una amplia mayoría para que el pueblo catalán podamos ejercer el derecho a decidir sobre nuestro futuro, a partir de una consulta a la ciudadanía en la que con nuestro voto determinaremos cómo queremos gobernarnos, nuestra relación con Europa y con otros pueblos del Estado Español.

A la vez que Govern y Parlament avancen en la configuración de las leyes para articular el marco legal que nos permita ejercer el derecho a decidir deben gobernar la realidad política y económica de nuestro país.

En este sentido el gobierno catalán debe decidir si sigue las políticas de la derecha catalana, española y europea, que quieren acabar con el Estado de Bienestar y hacer de los derechos sociales una mercancía más que sale al mercado para quien la pueda pagar, en los niveles que lo pueda. Por tanto convirtiendo los derechos sociales de ciudadanía en oportunidad de negocio para especuladores e inversores.

Aunque Catalunya tiene una financiación del todo injusta e insuficiente el gobierno de la Generalitat tiene margen para optar entre hacer un tipo de política u otro al definir los presupuestos.

Hasta ahora ha optado por ser partícipe de unas políticas de estabilidad presupuestaria que han conllevado la fijación de objetivos de déficit inalcanzables; por aplicar recortes en los servicios públicos y sociales; por reducir el empleo y por hacer rebajas a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores público y concertado.

El gobierno de la Generalitat no puede seguir insistiendo en estas políticas, porque ni los servicios públicos ni los trabajadores que los desarrollamos podemos soportar nuevos recortes. Así que tendrá que virar sus actuaciones para equilibrar los presupuestos reforzando la fiscalidad y renegociando la deuda con entidades financieras y empresas concesionarias de la construcción de infraestructuras.

En fiscalidad, además de perseguir el fraude, debe recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones a los niveles de antes de 2010. Esta última medida representaría recaudar 700 millones más al año y sólo afectaría al 9'9% de la población catalana.

Es necesario que el gobierno de la Generalitat haga un reordenamiento de su deuda y negocie los altos intereses y comisiones que está pagando a entidades bancarias y empresas concesionarias de infraestructuras, que en promedio fue del 5'18% el año 2011. Es una cifra incomprensible en relación con el precio actual del dinero que fija el Banco Central Europeo.

No resulta razonable que una de las pocas, puede que la única partida que ha crecido en los presupuestos de los últimos años sea de pago deuda, en una cantidad estimada de unos 500 millones de euros anuales entre 2010 y 2012.

Por otra parte no nos consta que el gobierno de la Generalitat haya renegociado el precio de los alquileres que paga por los edificios que no son de su propiedad, a pesar de los cambios a la baja en el mercado de los alquileres. Lo que ha anunciado en los últimos días justo en la línea contraria: vender patrimonio a precios de saldo y comprometer alquileres a precios elevadísimos que garantizarán un negocio extraordinario a las empresas que lo compren. Siempre es un mal negocio vender el piso para ir de alquiler.

Con todas estas medidas el Gobierno puede hacer un presupuesto equilibrado y con objetivos sociales, por lo tanto sin recortes en los servicios públicos y sociales ni en las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos, concertados y los regulados por convenio con la administración.

La prorroga de los presupuestos significa optar por mantenerlos con los recortes de los anteriores o adaptar los recortes a un objetivo de déficit que ahoga nuestra economía y nos deja sin servicios públicos y sociales.

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