Un golpe interesado al sistema de pensiones

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La modificación unilateral por parte del gobierno de los términos del Acuerdo de pensiones, fruto del diálogo social, es un nuevo ataque al sistema público de pensiones que contribuye a generar más incertidumbre sobre su futuro. El Gobierno vulnera el Pacto de Toledo e incumple el acuerdo alcanzado con empresarios y sindicatos en 2011. Lo hace sin negociación ni pacto, social o político.

Los cambios introducidos son innecesarios e injustos. La situación coyuntural por la que atraviesa la Seguridad Social, generada por la crisis y la destrucción de empleo, pero agravada por las políticas erróneas de austeridad y por las reformas laborales, es utilizada para imponer reformas estructurales. Además, es un ataque al mecanismo consensuado de reformas de pensiones establecido en el Pacto de Toledo, que ha posibilitado la viabilidad del sistema público de pensiones.

El sistema público de pensiones está hoy saneado. Su funcionamiento y los ajustes hechos estos años basados ​​en el diálogo social y el consenso parlamentario, especialmente los acuerdos de 2006 y el de 2011, han garantizado que tras cinco años de crisis económica profunda y de la enorme destrucción de empleo que ha sufrido nuestro país, el sistema mantenga su buena salud financiera. Voces interesadas alertan de un riesgo inexistente de quiebra, ya que el fondo de reserva acumulado durante los años de crecimiento económico, hace de cojín en los momentos actuales de caída de la población ocupada y, por tanto de cotizantes. Un fondo de reserva que si el sistema mantiene su funcionamiento en los términos pactados-ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones-volverá a aumentar en los próximos años en que el empleo vuelva a crecer. Para ello existe este fondo, para hacer frente a los pagos cuando hay crisis, y para dotarse y crecer en los momentos de auge.

Algunas de las voces que insisten en cuestionar la viabilidad del modelo lo hacen argumentando en exclusiva el factor demográfico, pero obvian otras variables, tasa de empleo, calidad del empleo, productividad de la economía, etc., que son más determinantes y sobre las que sí podemos actuar. Muchas de las críticas que cuestionan el actual sistema provienen de sectores que reclaman el descenso de cotizaciones o defienden bajos salarios (que tienen aparejadas bajas cotizaciones). Unos argumentos que producen perplejidad ya que ocultan que su interés no es la pervivencia del modelo, sino su sustitución por otro diferente donde se abre la puerta al negocio de empresas aseguradoras y a un modelo de capitalización individual. Pero, hemos visto como en época de crisis nuestro modelo aguanta y, por el contrario, otros modelos basados ​​en fondos de capitalización individual han quebrado.

La reforma actual es innecesaria, ya que la Ley 27/2011 entró en vigor el día 1 de enero de este año y ya contemplaba cambio profundo respecto de la jubilación anticipada y de la parcial fruto de un amplio acuerdo social y político. No era necesario modificar un asunto que había sido consensuado, que empezaba a aplicarse, que no generaba presión financiera al sistema y que permitía ajustes menos traumáticos de plantilla en empresas con problemas económicos. Pero además es injusta, porque quiere justificar el cambio insinuando que las personas que se jubilan anticipadamente son insolidarias y abusan del sistema. Hoy la jubilación anticipada sólo es posible para trabajadores de edad avanzada (61 o 63 años), con largas carreras de cotización (entre 30 y 33 años), y que, por tanto, han realizado un importante esfuerzo contributivo, y que se quedarán con una pensión reducida para toda la vida, lo que para la Seguridad Social supone un coste inferior al de una jubilación a edad ordinaria. El coste que supondrá en el futuro impedir las jubilaciones anticipadas será superior al que se produciría actualmente asumiéndolas, pero este hecho no parece importarle al Ejecutivo español.

Uno de las medidas de mayor injusticia de las modificaciones impuestas por el Gobierno es la del subsidio para mayores de 55 años, que dejarán de percibirlo si la unidad familiar tiene otros ingresos. Deja de ser un derecho en base a la situación de la persona beneficiaria y castiga las familias solidarias. Este subsidio es el principal recurso de protección social y económica para los trabajadores despedidos al final de su vida laboral y en muchos casos es su única fuente de ingresos y cotización hasta la jubilación. Este subsidio ya se había recortado anteriormente: el mes de agosto del 2012, la edad para tener derecho se pasó de los 52 a los 55 años, se redujo la base de cotización del 125% al ​​100% de la base mínima y se limitó su cobro a la primera oportunidad de jubilación, mientras que antes podía prolongarse hasta la edad de jubilación ordinaria.

Se amplía también la compatibilidad entre pensión y trabajo. Esto puede generar un riesgo de “sustitución” de trabajadores “ordinarios” para pensionistas que compatibilicen la pensión con el trabajo. Estos supondrían menores costes de cotización a las empresas y, como tendrían rentas garantizadas mediante la pensión, la posibilidad de reducir salarios.

Medidas pues, inútiles e injustas, especialmente en el actual momento de crisis económica y social, con altos niveles de desempleo y con una legislación laboral que facilita el despido y dificulta vidas laborales estables y progresivas. El Gobierno vulnera el diálogo social, introduce reformas del sistema de pensiones lesivas para las personas trabajadoras, sobre todo para aquellas en peor situación respecto al mercado de trabajo. Las modificaciones las justifican para reducir gastos del sistema, pero no contribuirán a garantizar su viabilidad, ya que sin creación de empleo ni mejora los ingresos por cotizaciones sociales, el futuro de la Seguridad Social está en riesgo.

El acuerdo de 2011 garantizaba la viabilidad futura del sistema, acotaba determinadas variables (edades de jubilación, años de cotización ...) y equilibraba la solidaridad de todo el sistema (condiciones para prejubilarse o hacerlo de forma parcial, integración de regímenes especiales, ..), manteniendo las cotizaciones y consolidando el fondo de reserva. El resultado era positivo, hacía innecesarios nuevos cambios y dejaba para el 2025 una nueva revisión en función de la evolución de las distintas variables del sistema. El gobierno no quiere adecuar las pensiones con medidas coyunturales, quiere hacer un cambio estructural. Los cambios que impone sólo se justifican por el interés de unos sectores para bajar cuotas o bien de aquellos que quieren generar negocio con las pensiones privadas. Un interés contradictorio con el de los de los trabajadores en activo y los pensionistas, que quieren una pensión digna, hoy y en el futuro.