El juez exige una fianza de 1,5 millones al expresidente del instituto catalán de la salud
El Juzgado de Instrucción 3 de Reus ha exigido una fianza de 1,5 millones de euros al expresidente del Institut Català de la Salut y exdirector general de Innova, Josep Prat. Asimismo, reclama la misma cantidad al arquitecto Jorge Batesteza, por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción del nuevo hospital del municipio, y les apercibe de que si no la pagan “procederá al embargo de sus bienes”.
Así lo ha impuesto en un auto el titular del juzgado, Diego Álvarez de Juan, que levanta el secreto de sumario de la pieza número 2 del 'caso Innova', donde también imputa al exalcalde del municipio Lluís Miquel Pérez y a Ester Ventura, exresponsable económica de Innova y esposa del presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet. Concretamente, imputa a estos dos los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y de omisión del deber de perseguir delitos por funcionario público.
Prat, como director general de Innova, firmó tres contratos a Batesteza, como arquitecto, para que asesorase técnicamente la redacción del proyecto, el control de las obras y la posterior equipación del nuevo Hospital de Reus; el juez ve indicios de que fue una concesión fraudulenta con “una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido” para la adjudicación.
Más allá de la supuesta adjudicación irregular, el juez sostiene que no se realizaron la mayor parte de los trabajos solicitados y aún así se pagaron sin comprobar que se cumplían los encargos: “Esto supone una grosera falta de control del dinero público por parte de Innova”, recoge el auto. Y es que solo existen cuatro informes realizados entre julio de 2007 y enero de 2008 por el arquitecto para Innova y unas pocas firmas en actas de visita de obra, pese a lo que la empresa pública municipal le pagó 387.000 euros por todos los trabajos.
Por otra parte, el que era alcalde de Reus y consejero delegado de Innova, Lluís Miquel Pérez, firmó un contrato sobre una auditoría del nuevo hospital con una unión de empresas, en cuya mesa de contratación participaron Batesteza y el director de Obras y Proyectos de Innova, José Vicente Gómez. Pero esta unión de empresas, subcontrató a su vez a Batesteza estos trabajos, con lo que el arquitecto prestaba al mismo tiempo el servicio de asesoría técnica en el seguimiento y control del proyecto y, por otro lado, a la unión de empresas.
“Estaba cobrando simultáneamente de Innova por hacer un trabajo (si es que realmente lo hacía de manera completa, a pesar de cobrarlo de manera completa)” por un seguimiento del proyecto y de la unión de empresas por supervisarlo, con lo que el juez concluye que cobraba por supervisarse a sí mismo.
Esta “esquizofrenia contractual” se hizo con el conocimiento de Prat, de Pérez, de Ventura y de la que era secretaria y asesora jurídica de Innova, Natalia Torrell, a la que el juez también ha imputado los mismos delitos que al exalcalde y a la esposa del presidente de la Diputación.
El juez concluye que Batesteza, que había sido gerente de infraestructuras del área de patrimonio e inversiones del Servei Català de la Salut, impulsó que Innova construyese el hospital, firmó a su favor las adjudicaciones y cobró por dos veces por hacer el mismo trabajo.
Sostiene que en Innova no solamente hay una falta grosera del control de dinero público por parte del Ayuntamiento, según sus palabras, sino que el modelo “estaba diseñado para que no hubiese ningún tipo de control”. Esta pieza separada está estrechamente ligada con la número 8 del caso, cuyo secreto también se ha levantado esta semana, y en la que el mismo juez mantiene imputado a Josep Poblet, en su condición de alcalde de Vila-seca, y a seis concejales por presuntas irregularidades en la contratación de Batesteza para el proyecto del nuevo CAP de este municipio, en parecidos términos al del hospital de Reus.
