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CATALUNYA

La policía de Salt desaloja y tapia pisos del 'Bloque Dignidad' sin orden judicial

La policía municipal instaló controles lunes a la entrada de la vivienda

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Vídeo elaborado por Sicom-How Audiovisual

La policía de Salt intenta impedir por la fuerza y probablemente de forma ilegal, la convivencia en el “Bloque Dignidad” que habían acordado propietarios de pisos y miembros de la PAH Girona Salt que, al no tener casa, habían ocupado los pisos vacíos en manos de entidades financieras.

La policía municipal de Salt instaló, este lunes, controles a la entrada de la vivienda precintando y tapiando puertas de pisos ocupados. Incluso dejaron fuera una mujer y su hijo recién nacido, contraviniendo las disposiciones europeas que no permiten desalojar / desahuciar a una familia con menores de edad sin haber asegurado previamente que disponen de vivienda. Finalmente se les permitió regresar después de la intervención de miembros de la PAH Girona Salt y los Mossos. No a dos de las familias también con hijos menores, que estaban fuera del edificio cuando actuó la policía municipal. Quedaron en la calle.

Esta tarde los vecinos han denunciado los hechos al juzgado de guardia de Girona. Al volver se han encontrado con que la policía había retirado el control de entrada a la vivienda. Uno de los pisos ocupados continúa con la puerta tapiada.

Los vecinos del bloque 'Dignidad' de Salt, situado en la Plaza de Cataluña 3, estaban contentos con el hecho de que familias vinculadas a la PAH Girona Salt decidieran abrir y entrar en los pisos vacíos de la vivienda. Con la ocupación se evitaba que el edificio en general y los pisos vacíos en particular, continuaran degradándose dado que los propietarios de los pisos desocupados - entidades financieras - no hacen nada para conservarlos.

Entienden los vecinos del bloque 'Dignidad' que todos juntos podían hacer frente con mejores garantías al proceso de gentrificación (dejar que se degraden zonas urbanas para especular con ellas) a que está sometido el barrio y el mismo edificio.

Los vecinos han decidido denunciar los hechos porque consideran que no se puede desalojar un piso ocupado donde viven personas incluso con menores de edad, sin una orden judicial y estudian presentar una querella criminal contra el alcalde.

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