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El 155, un escándalo jurídico al que no debemos acostumbrarnos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ex conseller Oriol Junqueras, ahora encarcelado

Decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir -importante referente feminista- que el aspecto más escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Esta afirmación es plenamente vigente para analizar la sociedad patriarcal en que vivimos o para asimilar que ya hemos superado el primer año de mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. En Cataluña pasa algo similar con la situación de nuestro autogobierno; suspendido e intervenido por el Estado. La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido excesiva; un escándalo jurídico y un exceso político al cual no deberíamos acostumbrarnos.

Es cierto que la detención y exilio de los miembros del Gobierno de Cataluña ha eclipsado mediáticamente la imposición de una administración colonial a las instituciones de autogobierno catalanas. Aun así, la situación acontecida es de una gran magnitud y sobrepasa las líneas rojas del campo de juego autonómico.

La aplicación del 155 se ha llevado a cabo con la ayuda de técnicos y altos cargos de los Ministerios con más peso, bajo la coordinación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Finalmente no se ha nombrado un ejecutivo títere como tal, puesto que el poder autonómico lo ejerce directamente el gobierno central. ¿Qué implica esto?

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Hacia la prohibición de las balas de goma

Policía Nacional cerca del colegio Ramon Llull, en Barcelona, el 1 de octubre

El 30 de abril de 2014 entró en vigor la prohibición de las balas de goma en Catalunya que se había aprobado 6 meses antes tras las votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público (CEMSOPUM). El trabajo de las víctimas, agrupadas en la Asociación Stop Balas de Goma, junto con el caso de Ester Quintana y la gestión comunicativa que se realizó del mismo, generó un proceso que acabó logrando la erradicación de unas armas con alto potencial lesivo que muchos países previamente habían decidido dejar de utilizar. 

Tres años y medio después el temor que teníamos las organizaciones de derechos humanos con el despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional en torno al 1 de Octubre se hizo realidad. Las balas de goma volvieron a utilizarse y, lo que es peor, otra persona ha perdido la visión de su ojo por el impacto de una bala de goma, Roger Español.

Fue en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012 cuando Ester Quintana sufrió el brutal impacto en su ojo. La misma fecha, cinco años después, fue la elegida para dar a conocer tanto el relato de Roger como la querella que se ha interpuesto por un delito de lesiones contra el agente policial que le disparó así como contra los mandos policiales actuantes. Así como el caso de Ester sirvió para impulsar un proceso que acabo resultando imparable, queremos que el caso de Roger sirva para abrir un proceso en el conjunto del Estado Español que culmine con su erradicación en el Parlamento estatal.

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El cambio climático mata

Hace 25 años 1.700 científicos enviaron a la comunidad internacional un “ aviso a la humanidad”: el cambio climático estaba alterando el medio ambiente del planeta. El pasado 13 de noviembre, fueron 15.000 los científicos que denunciaron que no estamos haciendo lo suficiente, que el tiempo se acaba para dar un giro de volante y evitar consecuencias dramáticas para buena parte de la población mundial. Nos encontramos principalmente frente un problema de voluntad política. La pregunta es, falta de voluntad política ¿de quién?

Se ha celebrado estos días en Bonn la Cumbre Mundial del Clima COP23, a la que asistimos varios representantes de ciudades del estado, entre ellas Barcelona. Ha emergido un nuevo liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Hoy en día son las ciudades quienes lideran el cambio de paradigma ecosocial, quienes llevan a cabo las iniciativas pioneras y más interesantes, frente a las indecisiones o barreras que algunos Estados continúan poniendo.

Trump, por ejemplo, puede decidir retirarse del compromiso adquirido por parte de EEUU, pero no puede frenar a las centenares de ciudades y empresas que no pueden y no quieren esperar porqué se juegan demasiado:  20 Estados de EEUU, 250 ciudades y más de 1400 empresas de EEUU se han comprometido a continuar trabajando para que su país cumpla con los compromisos adquiridos en la COP de París del año 2015. La revolución en la lucha contra el cambio climático en EEUU será de abajo arriba.

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La trampa de la legalidad: ¿ni independencia unilateral, ni reforma pactada, ni statu quo?

No es muy difícil asegurar, que efectivamente, el depuesto govern de Cataluña ha roto el marco constitucional y que el estado de derecho es el que debe regular que se permite y que no se permite en democracia. Si bien el argumento de la legalidad puede resultar atractivo en el contexto actual y todo dirigente debería intentar conseguir sus objetivos políticos respetando el marco jurídico en el que actúa, la aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto esconden en realidad y, como en casi todos los procesos de independencia, que el estado no está dispuesto a aceptar la posibilidad de que una parte de su territorio se independice por la vía legal.

Nos encontramos, por tanto, ante una trampa intelectual basada en el uso del respeto al marco jurídico y la legalidad como camisa de fuerza y arma política ante una demanda también democrática, que es poco probable que sea aceptada dentro de dicho marco jurídico. Trampa. Una argumentación, qué si bien vende muy bien en las cancillerías occidentales del siglo XXI (y especialmente en la UE post-crisis que busca estabilidad) porque todo el mundo está de acuerdo en que hay respetar el marco jurídico existente, solo busca esconder la falta de voluntad política de permitir, de forma legal, que Cataluña decida su futuro. Una trampa, además, que volveremos a encontrarnos el 22-D en caso de que una mayoría independentista gane las elecciones, ya que en caso de que sus propuestas no se ajusten a la legalidad (e incluso puede que aunque lo hagan también), el 155 (y la vía judicial) volverá a aplicarse en Cataluña las veces que haga falta para intentar conseguir así, el abandono definitivo de las pretensiones separatistas.

Recordemos qué si de verdad el problema fuera jurídico y no político (aquello de que “dentro de la legalidad se puede hablar de todo”), el estado podría perfectamente aceptar negociar con Cataluña su secesión, en caso de una clara mayoría independentista en votos y escaños el 21-D, teniendo en cuenta que estas tendrán lugar dentro del marco jurídico del estado. El debate no es por tanto si se ha hecho lo que se ha hecho en el marco legal o no, si no qué con las mayorías parlamentarias actuales a nivel del estado, es imposible que haya una solución que incluya la independencia pactada (o un referéndum) dentro del marco legal (y aún menos ante la atenta mirada del País Vasco). Incluso en el caso de que los partidos favorables a un referéndum y una salida negociada (que incluya la independencia como posibilidad) gozaran de una mayoría parlamentaria a nivel estatal (muy improbable), sería muy difícil obtener las mayorías cualificadas necesarias para cambiar las reglas del juego y permitir un referéndum o una secesión pactada. Por un lado, los partidos constitucionalistas, pero sobretodo el PP y Ciudadanos, utilizarán siempre los mecanismos legales del estado para impedir que ello ocurra, mientras que aquellos favorables al referéndum con actividad en el resto del estado, no aceptarán nunca la unilateralidad.  

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El Gobierno legítimo

Referendum del 1 de octubre en Catalunya

“Volem votar”. “La democracia es imbatible”. “El Gobierno legítimo de Cataluña es el escogido en las urnas”. Pero la democracia, ¿tiene o no tiene límites? Sí, pero no son la ley.

Esta es una de las principales disputas que nos deja el proceso desde hace 5 años. Por un lado, el respeto y reivindicación de la voluntad expresada en una urna aquí y ahora. De la otra, una democracia formal que sólo respeta la voluntad expresada bajo las reglas acordadas anteriormente.

Pero este debate no es del todo acertado en estos términos. Claro que cuando se consolidaron las democracias constitucionales se decidió limitar el poder absoluto de un Parlamento. Y no es un tema de división de poderes, estrictamente, sino de la concepción que se tiene de la soberanía expresada en las urnas. Muchos teóricos, y es necesario, ven los peligros de un Parlamento que considere su legitimidad ilimitada, y es por eso que a la práctica se decide limitar este poder a través de las reglas consensuadas por el pueblo soberano en un momento “creador” del Estado, con una constitución invulnerable (y reformable).

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Señoría, no nos encarcele el debate

Los exconsellers del PDeCAT encarcelados

Ilustrísima señoría: En los últimos días y semanas estoy seguro de que habrá escuchado o leído la opinión de importantes juristas que, con argumentos jurídicos fundamentados, han considerado errónea o desproporcionada su decisión de dictar prisión incondicional para ocho ex consejeras y ex consejeros de la Generalitat. Yo querría hacer lo mismo, si bien prefiero apelar a argumentos que nada tienen que ver con la interpretación de la ley.

Señoría, les queremos en casa porque el 21 de diciembre hay elecciones al Parlament de Catalunya y tenemos dos posibilidades: o nos pasamos la campaña oyendo hablar de usted y del martirologio de Estremera, o nos la pasamos revisando colectivamente las decisiones tomadas a partir del retorno de vacaciones.

Para que me entienda, necesitamos que el hasta ahora vicepresidente económico dé explicaciones en campaña y en persona sobre la huida de más de 2.200 empresas catalanas a otras ciudades del Estado. Como ciudadanos y como electores, el señor Junqueras nos tiene que decir si continúa pensando que este éxodo empresarial sin precedentes es fruto de las presiones de la Moncloa o del camino emprendido por el ejecutivo catalán a partir del día 1 de octubre. Y necesitamos confrontar su opinión sobre las consecuencias de esta fuga masiva con la del resto de actores políticos y económicos.

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Puigdemont o el síndrome del presidente exiliado

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Puigdemont, en una de sus apariciones públicas en Bruselas

Explica un amigo de Carles Puigdemont que el día siguiente a la proclamación de la república catalana el presidente ahora cesado no estaba precisamente animado. Fue el multitudinario paseo que protagonizó por las calles de Girona, en plena celebración de las fiestas de Sant Narcís, lo que le alegró. Fue un baño de masas en casa, mientras a su lado, su esposa, Marcela Topor, intentaba sonreír con pocas ganas. Fue la última imagen pública que se obtuvo de Puigdemont en Catalunya. La siguiente ya fue en Bruselas.

"Puigdemont sufre ahora el síndrome del presidente exiliado", describe un buen conocedor de los entresijos del PDeCAT. Un síndrome que le lleva a anunciar que creará una "estructura estable" para coordinar la acción de un Govern inexistente o a felicitarse de las protestas que colapsaron carreteras y vías férreas el miércoles mientras los dirigentes de su partido cuestionan la imagen de una Catalunya bloqueada por los comités de defensa de la república.

Precisamente otra diferencia entre Puigdemont y los suyos es que mientras él sigue hablando de la república, en el PDeCAT pero también en ERC e incluso en las entidades independentistas están centrados en reivindicar la libertad de los presos y evitar errores -políticos o judiciales- que puedan perjudicar a los consellers encarcelados pero también a sus respectivas expectativas electorales.

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La colectividad ante la represión

Celebración del Referéndum del 1 de Octubre en la Escuela Industrial de Barcelona

Estamos viviendo un momento político en el que todo sucede a una velocidad exacerbada en la que resulta complicado encontrar momentos tranquilos en los que poder pensar con claridad. Estamos asumiendo a marchas forzadas en los últimos dos meses una situación que hace tiempo podríamos pensar, aún con complicaciones, como propia de un thriller político.

Una parte del Govern en prisión preventiva, la  otra parte exiliada en Bélgica haciendo frente a un proceso de extradición que todo apunta a que se le atragantará a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía española.  Dos líderes de organizaciones de la sociedad civil encarcelados de manera preventiva. Más de  1.000 personas agredidas de manera salvaje por la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de Octubre. Y todo enmarcado bajo delitos que hacen que uno se traslade al pasado. Delitos de sedición y rebelión, para cuya imputación debería ser imprescindible que hubiera habido una violencia inexistente. Autos en blanco y negro llenos de delirio vengativo en los que ya no se habla de manifestaciones sino de “movilizaciones tumultuarias”. Aplicación de un artículo de la Constitución a través del cual se han convocado elecciones para dentro de poco más de un mes en una situación absolutamente excepcional. En resumen, un torpe intento de resolver un conflicto político a través del aparato penal y represivo.

Las consecuencias de la represión van mucho más allá de los lugares en los que estamos poniendo el foco y el abordaje ha de ser ampliado para poder poner remedios colectivos a la complejidad actual que estamos viviendo. Tal y como nos enseñó hace tiempo el escritor Carlos Beristain en el imprescindible libro “Afirmación y resistencia”: “Quizá uno de los objetivos que persigue la represión política, además de la paralización mediante el horror, es también el que la gente no sea consciente de sus finalidades, para que de esta forma tenga menos posibilidades para defenderse”. Para dicho autor las finalidades de la represión son la ruptura del tejido social colectivo y solidario; el control del enemigo interno; intimidar a la población; implantar la impunidad; y transformar a la población.

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Sonriendo, perseverando y con unidad de acción

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Cierre de la campaña independentista del referéndum

El horizonte puede parecer turbio cuando hay diez hombres y mujeres en prisión: dos activistas sociales que siempre se han caracterizado por su lucha cívica y pacífica al servicio del país y de las luchas sociales y culturales y el grueso del Govern de Catalunya elegido por los ciudadanos.

Si bien aseguran que ahora hay otro Govern de Catalunya, nadie puede negar que a este nuevo Gobierno no lo ha escogido nadie. Es sencillamente el fruto de un acuerdo entre el PSOE y el PP por el que el PP usurpa el Govern de Catalunya y reparte el botín entre algunos de sus dirigentes. Otra parte del Govern está en Bruselas, con el president Puigdemont, el único president legítimo que tiene Catalunya. Sencillamente porque es el fruto del mandato de los ciudadanos que fueron a las urnas el 27 de septiembre de 2015, en las que fueron las elecciones con más participación de la historia.

Unos estamos en la cárcel, de hecho hemos ido de cabeza a la cárcel sin ni tiempo para plantear ninguna defensa. Los otros están en Bruselas, en el exilio pero en la calle. Por decisión de la justicia belga. El contraste no puede ser más evidente. La misma situación, el mismo caso, ha hecho que la justicia española decretara prisión ipso facto. Y la belga, libertad. Una u otra justicia ha tomado una decisión errónea, sin duda. Que la justicia española no actúa como la europea no es una opinión. También es sencillamente un hecho.

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De Palestina a México, los muros como instrumentos de vulneración de derechos

Policía Nacional custodiando el paso fronterizo del Tarajal, Ceuta

Los muros expulsan, excluyen, oprimen, discriminan y explotan. Hoy en día más de 70 muros en todos los continentes están extirpando las vidas y las tierras de personas, mientras fortalecen, muy a menudo unilateralmente, fronteras y límites de estados. Los muros causan miles de muertes cada año y destruyen vidas cotidianamente.

La lógica de la seguridad y la protección ciudadana justifica para muchos la construcción de dispositivos de separación de territorios y estados. Creación de fronteras que muchas veces ocultan lógicas racistas y se fundamentan en la idea del enemigo externo para poner un estigma de alteridad en las personas y no reconocerlas como sujetos de derechos. Focalizar de esta manera la atención en los problemas que podrían venir de fuera, evitando ver las desigualdades y conflictos que comportan los sistemas patriarcales, clasistas y racistas muy cerca nuestro, dentro de los muros.

En el Estado Español, en los dispositivos fronterizos de las Fronteras Sur de Ceuta y Melilla, se producen de forma sistemática vulneraciones de derechos humanos contra las personas migrantes en múltiples formas: desde agresiones a manos de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hasta situaciones de no derecho y de no aplicación de la ley a la hora de garantizar los derechos básicos de asistencia y apoyo y de acceso a mecanismos de garantía de derechos a los distintos colectivos migrantes. Los distintos dispositivos fronterizos forman un entramado de elementos diseñados para ser lesivos a ambos lados de la frontera.

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