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¡Arriba, imputados de la tierra!

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Cada uno de los integrantes de la larga y renovada lista de imputados de estos últimos tiempos lo está por casos concretos distintos, pero todos tienen un denominador común: haberse apropiado –presuntamente— de dinero público que debía servir para no cerrar quirófanos de la Seguridad Social, para no disminuir el número de maestros de las escuelas, para acabar obras públicas, para mantener las pensiones de jubilación, para pagar la atención social de los geriátricos y otros servicios y equipamientos públicos que han sufrido recortes sin miramientos a la misma velocidad que algunos se enriquecían de la misma forma, sin miramientos, como si hacer negocios ya no fuese fruto del trabajo sino de la manipulación fraudulenta del dinero de los demás, sobre todo si se trata de dinero público de todos.

Muchas de esas actuaciones fraudulentas están tipificadas por el código penal y caen bajo el peso de la ley, que los jueces tienen la obligación de intentar aplicar, cuando pueden. Ahora bien, los meandros sinuosos de la maquinaria judicial no lo arreglarán todo. No habrá una justicia reparadora omnipotente que, por sí sola, devuelva a su lugar el respeto a las reglas de juego. Los tribunales protagonizarán algunas escaramuzas ciertamente simbólicas y reveladoras, pero hacer prevalecer la justicia –un mínimo decente de justicia-- es asunto de todos los ciudadanos, de usted y yo, de la gente corriente, de la mayoría social, que en democracia se expresa en las urnas por lo que respecta a los representantes que deben gobernarnos con aquel mínimo de decencia, un mínimo que sea inimputable y demostrado.

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