Debido a las obras ordenadas por el Juez de Control del CIE de Barcelona, noviembre de 2015 se enfoca como el mes del cierre durante 3 meses del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. Cerca de 200 personas presas han sido trasladadas a otros seis CIE que alberga el Estado español. Más allá de valorar las reformas sobre las “deficiencias” estructurales del CIE, el cierre supone la oportunidad de hacerlo definitivo y acabar con la punta de lanza de las políticas migratorias españolas.
Los CIE son cárceles administrativas para personas sin papeles esperando ser expulsadas. Junto con las políticas fronterizas y los vuelos de deportación, son la amenaza, la violencia y la coacción hecha ley para los más de dos millones de extranjeros no comunitarios que viven en España, y hay que decirlo bien claro: constituyen una de las mayores atrocidades del S.XXI.
Durante 2014 han supuesto la privación de libertad de hasta 7.300 personas, de las cuales sólo la mitad, 3.485, han sido definitivamente expulsadas, es decir, la otra mitad han sido privadas de derechos de forma absolutamente gratuita. Además, el Estado ha repatriado mediante vuelos de deportación, hasta 12.000 personas durante este año; y eso sin contar las famosas devoluciones en caliente o la brutal represión en las fronteras del Estado. Todo ello plantea la duda de si, en la propia lógica aberrante del Estado, son los CIE un mecanismo imprescindible.
La reciente resolución del Parlament de Catalunya, instando al Gobierno a cerrar definitivamente el CIE de Barcelona, así como las mociones municipales que se están produciendo en todo el Estado, se suman al clamor social para el fin definitivo de una política vergonzosa que sólo pretende someter una parte de la población para conseguir mano de obra explotada y atemorizada. Pero hay que presionar durante estos meses, dejando claro que no es asumible ninguna complicidad con un desastre de tal magnitud. Sobran debates de cuotas de refugiadas/migrantes; las que pisan el CIE de Barcelona saben que lleva años dando la bienvenida a refugiadas sirias, malienses, ecuatoguineanas y un largo etcétera en forma de celdas y esposas.
Y es que, no nos cansaremos de denunciar las políticas racistas del Estado español; y cuando nos tachen de demagogos para decir que los CIE son una vergüenza para la humanidad, los invitaremos a buscar paralelismos con los tanto malditos campos de concentración. Del mismo modo que no nos cansaremos de denunciar las redadas racistas, que terminan en expulsiones forzadas y se producen cotidianamente en la Estación de Sants o al Aeropuerto del Prat, y cuando nos tachen de demagogos les invitaremos a buscar la definición de “limpieza étnica”.
Cuando hablamos de esclavitud, por las condiciones en que somete la irregularidad establecida por la Ley extranjería a nuestras vecinas, y nos tachen de demagogos, señalaremos la definición y las advertencias sobre trabajos forzados, tráfico de humanos y esclavitud de la Organización Internacional del Trabajo.
Incluso cuando nos tachen de demagogos por denunciar los vuelos de deportación, cuestionando el relato de las víctimas, los invitaremos a revisar la definición de la ONU sobre “tortura y malos tratos”, aunque contrastándola con las camisas de fuerza, las sedaciones o las mordazas autorizadas por el Protocolo de repatriaciones de la Policía Nacional; en tanto que “en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”.
Sobran razones. El cierre del CIE de Barcelona supone una oportunidad para introducir de nuevo la premisa indiscutible del coste humano que supone mantener políticas migratorias basadas en la muerte, el miedo y la explotación de personas. El cierre del CIE supone una oportunidad única para recordar el Idrissa, el Alik y Mohammed, muertes en el CIE de Barcelona, o el Osamuyia, muerte en un vuelo de deportación, y exigir que no se vuelvan a repetir vulneraciones de derechos como éstas nunca más, ni aquí ni en ninguna parte.
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