Un salario digno para todos es un principio básico e irrenunciable. Pero la cantidad fijada actualmente de 655 euros al mes es del todo insuficiente para vivir dignamente y es necesario elevarla a una cifra razonable y justa.
Una de mis propuestas económicas recogida en el programa electoral de las últimas elecciones municipales era la propuesta de establecer un salario mínimo de Ciudad, de mil euros, empezando por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y con la aspiración de extenderlo a toda Catalunya. ¿Por qué mil? Hemos llegado a esta cifra a partir de dos consideraciones. La primera parte de aplicar un aumento del 26,2%, que es la diferencia del coste de vida en Barcelona respecto a la media española. En la segunda, se aplicaría la Directiva Europea que manda que el SMI debe equivaler a un 60% del salario medio. Tanto si se calcula de una manera como de la otra, el cómputo ronda los mil euros (la primera un poco por debajo, y la segunda, un poco por encima). Por lo tanto nuestra propuesta es aplicar un baremo redondeado a los mil euros (en 12 pagas mensuales).
Más allá de las razones morales y de justicia social que corresponden, esta propuesta está avalada por otros argumentos de peso. Hay numerosos precedentes en otros lugares del mundo. Ciudades americanas como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, México DF o Montevideo. En Europa, tenemos el ejemplo de los Länder alemanes, que también aplican este criterio.
Un estudio elaborado por los prestigiosos economistas David Card y Alan B. Krueger sobre los salarios mínimos y el empleo demuestra que los territorios o ciudades con salarios más altos no generan paro ni son más improductivos. Más bien lo contrario; allí donde los salarios son más precarios, es donde el paro y la precariedad y el bajo rendimiento son más acusados. Esto se explica porque en un lugar donde predominan los salarios altos, se estimula la formación, la cualificación profesional, se atrae la mano de obra más preparada, también se genera más consumo, se estimula la actividad económica, se pagan más impuestos y se garantiza mayor bienestar.
El economista estadounidense Paul Krugman, en un artículo publicado en el New York Times, defiende que deben ser los estados y las políticas públicas que, en variedad de formas, alienten a las empresas a optar por la estrategia de un buen salario. Krugman hace un tiempo creía que el aumento del salario mínimo tendría un efecto negativo sobre el empleo, pero ahora defiende todo lo contrario. El salario mínimo, asegura él, no cuesta puestos de trabajo, porque el mercado de trabajo lo configuran personas y hay importantes beneficios personales, incluso para el empresario: más motivación, menos rotación, aumento de la productividad. Estos beneficios compensan en gran medida el efecto directo de los mayores costos de mano de obra, y, por tanto, el aumento del salario mínimo no cuesta puestos de trabajo.
La idea a largo plazo es llegar a un Salario Mínimo Catalán, dentro de un marco económico y laboral de país que se podrá lograr cuando tengamos independencia económica. Una vez más, la dependencia de España nos impide recorrer nuestro camino, ahora hacia una dignificación de los salarios. Mientras tanto, y para lograrlo, hay que empezar ahora, y empezar por Barcelona, que es donde la diferencia del coste de vida en relación con el salario mínimo interprofesional español es más pronunciada.
El establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha tendido a marcar salarios muy bajos. Esta política de precariedad laboral ha contribuido a la burbuja inmobiliaria, de la que todavía sufrimos las consecuencias, o la degradación del modelo laboral en el turismo.
De los países europeos punteros, por encima de los 1.400 euros mensuales, figuran Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Francia y Reino Unido. Con diferencia, y por debajo de los 800 euros siguen Eslovenia, después España en el noveno lugar, y otros países, como Malta, Grecia, Portugal, Turquía, Polonia o Rumanía.
La medida planteada no propone inflar artificialmente los salarios, sino acabar con un umbral artificialmente bajo. Tampoco se trata de cubrir con subsidios o prestaciones, sino que hay que establecerla a partir de la concertación de los tres agentes implicados: empresa, sindicatos y administración.
La ley española del Estatuto del Trabajador establece que es el Gobierno quien fija el SMI, pero en ningún caso dice que no se pueda marcar un umbral superior. De hecho, antes existían los convenios provinciales y, sectorialmente, se hacen convenios para gremios y sectores. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona y la AMB pueden exigir que las empresas concursantes cumplan con este SMI de Ciudad. Debe ser, sin embargo, un acuerdo consensuado con los agentes sociales, tanto las administraciones como la patronal y los sindicatos, para que sea realmente una mejora compartida y de obligado cumplimiento para todas las partes.
Si queremos un país con una actividad económica competitiva ejemplar y que genere empleo, es capital y moralmente imprescindible poder decir que en el AMB no se pagan sueldos de miseria.
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