Movimientos y organizaciones sociales, partidos e instituciones, son a menudo objeto de desconfianza o rechazo entre unos y otros. En muchos casos tienen intereses, objetivos y valores diferentes y contradictorios. Pero en muchos otros sería lógico que se dieran momentos de confluencia, espacios de diálogo y coordinación, unidad incluso para conseguir objetivos políticos, ya sea para oponerse al poder como para participar o influir en determinadas estructuras políticas. O promover cambios radicales. Nos referimos principalmente a las fuerzas de izquierdas o progresistas que tienen como marco referencial los intereses y aspiraciones de las mayorías sociales y en especial las clases populares y trabajadoras.
Los movimientos sociales se han convertido en culturales (ideológicos) y políticos y han radicalizado el componente crítico. Desconfían de las grandes organizaciones sociales como los sindicatos mayoritarios, considerados como “integrados en el sistema”, rechazan a los partidos políticos, encerrados en las instituciones y cómplices de las políticas públicas, y esperan llegar o acosar a las instituciones para que “entre la ciudadanía”.
Tienen la gran virtud de la innovación, la libertad de tomar iniciativas de todo tipo, no tienen casi nada que conservar, por tanto nada que perder. A menudo son movimientos expresivos, o fabricantes de ideas, productores de prototipos, protagonistas de intervenciones ejemplares. En mayor o menor grado hacen de ‘think tanks’. Son promotores de acciones colectivas. No siempre pueden mantener la continuidad pero sí promover campañas a las que se añaden otros colectivos e incluso algunas grandes organizaciones sociales y políticas. Los movimientos sociales funcionan con colectivos en general no “profesionales”, tienden a formas de organización poco jerárquica y a menudo asamblearia, que facilita más la movilización que la organización formal y permanente. Pero pueden contribuir o facilitar la construcción de organizaciones sociales, políticas o centros de ideas que mantienen la llama de los objetivos transformadores. No siempre es así, hay movimientos sociales que estallan por motivos coyunturales y luego desaparecen y quizá más tarde reaparecen, o contribuyen a reforzar a organizaciones formales. El liderazgo en muchos casos puede adquirir un carácter muy personalizado para compensar la debilidad de la estructura orgánica.
Las organizaciones sociales viven en los mismos ambientes y tienen, en teoría al menos, objetivos similares a determinados nuevos o viejos movimientos sociales. En algunos casos tienden a acercarse o casi se confunden en la práctica (por ejemplo plataformas o coordinadoras territoriales y asociaciones de vecinos). Pero las grandes organizaciones, como los sindicatos, son inevitablemente “pesadas”, es inevitable que generen un aparato “burocrático” para gestionar una masa considerable de personas que reclaman servicios. Deben reivindicar y negociar en defensa de sus asociados, disponer de equipos técnicos, gestionar equipamientos, estar presentes en las instituciones especializadas o en organismos mixtos. No tienen la agilidad de los movimientos y de los colectivos relativamente reducidos o centrados en una temática específica. Cuando han de tomar iniciativas o posiciones no estrictamente propias del sindicato deben tener en cuenta pros y contras, ser entendidos por su base heterogénea que quiere servicios y conseguir algunas ventajas inmediatas o no perderlas .La movilización es un instrumento para forzar la negociación (“hacemos huelga para forzar a la burguesía a negociar”, dijo Salvador Seguí, el “Noi del sucre”, a la concentración-asamblea en la Monumental hace un siglo). Son conservadores porque deben conservar las conquistas obtenidas, promueven cambios muy lentamente, salvo en momentos excepcionales. Se consideran “profesionales” y ven a los movimientos como simpáticos, impertinentes y a menudo flor de un día. La relación y la colaboración con los movimientos sociales es posible, especialmente con CC.OO., que tiene en su Adn el carácter de movimiento socio-político. Pero siempre que cada uno entienda la razón de ser del otro, las potencialidades y las limitaciones tanto de unos como de otros.
Los partidos políticos son el instrumento de la participación en la política formal por la vía electoral. Tienden a autolegitimarse como los protagonistas de la democracia, pretenden monopolizar el escenario político y mediático. Muchos partidos son fundamentalmente la suma de cargos electos y colaboradores y aparatos político-burocráticos para mantener los lazos internos y hacer de maquinaria electoral. En estos casos los adherentes son o bien aspirantes a integrarse en el aparato o para acceder a los cargos públicos o bien forman parte de una “clientela” que espera obtener algunos beneficios o encontrar un grupo de convivencia. Los partidos con vocación transformadora, para entendernos los de izquierdas o radicales, tienen en cambio necesidad de enraizarse en los tejidos sociales, participar, reclutar e incluso liderar algunos movimientos y organizaciones sociales. Por una razón muy elemental. Las elecciones no sólo están condicionadas por la legislación electoral y la influencia de los medios de comunicación y de la publicidad financiada por los grupos económicos. Hay otro condicionante psicosocial: el elector está solo, los votantes están atomizados, los que se sienten militantes de una causa pueden sentirse fuertes en un ámbito colectivo, pero no es el caso de la mayoría. Hay una tendencia al conservadurismo, excepto en momentos de crisis o de profundo malestar. Los partidos que consideran únicamente válida la política institucional ven en los movimientos sociales desórdenes hoy y amenazas “totalitarias” (“chavismo”, autogestión) si llegaran mañana a gobernar.
Los partidos que pretenden cambiar las estructuras sociales y económicas, el sistema político y los valores dominantes deben enraizarse y contribuir a movilizar a los sectores de la sociedad que pretenden representar. Por lo tanto sería lógico que establezcan lazos con movimientos y organizaciones sociales. Es posible, a menudo se da, pero no es automático. Los partidos con representación electoral tienden a concentrar su actividad principal en las instituciones, sean las asambleas legislativas y de control, los gobiernos u otras entidades y organismos. Pueden influir, más o menos, en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. También es un medio de obtener ingresos para mantener la organización profesionalizada y los costes de las elecciones. Hay que tener en cuenta que los partidos fuertes necesitan una maquinaria que mantener y a menudo se tiende a la autorreproducción de los electos, que en muchos casos se convierten en profesionales “institucionalizados”. En resumen la relación partidos políticos-movimientos sociales es necesaria y conviene que se influyen mutuamente. Pero también a corto plazo se manifiestan formas e intereses contradictorios en el día a día. Es deseable para construir el marco de una propuesta política alternativa común, como corresponde hoy, en una época de cambio.
Las instituciones son por definición conservadoras, lo cual no quiere decir que todo el entramado sea contrario a la democracia. Tampoco quiere decir que sean inmovilistas ni en su funcionamiento ni en sus actividades. Hay una fuerte tendencia a funcionar según las reglas y las inercias establecidas y los cambios formales encuentran resistencias internas. Si se trata de modificar las estructuras orgánicas los procesos político-administrativos pueden ser complicados y largos. Modificar las políticas en teoría es más simple pero también hay que contar con los compromisos adquiridos, las presiones de los que se consideran afectados (que tienen aliados entre los cargos políticos y técnicos) y las resistencias cuando se trata de promover innovaciones.
Las normas se utilizan para mantener y reproducir el modelo político y social y están legitimadas por el Estado de derecho tal como se ha interpretado hasta ahora. En algunos casos pueden ser favorables a los cambios (por ejemplo en relación al derecho a la vivienda que se encuentra en la Constitución), en otros pueden dar lugar a conflictos jurídicos (por ejemplo si se considera que el Ayuntamiento no tiene competencias). Las instituciones tienen un origen democrático por la vía del sufragio universal pero ya hemos visto que las elecciones, que hay que respetar ya que suprimirlas sería peor, tienen muchas limitaciones y no siempre expresan las voluntades ciudadanas. Pero las instituciones para ser plenamente democráticas deben desarrollar políticas públicas en favor de las mayorías, reducir las desigualdades sociales y aumentar los ámbitos de libertad, de solidaridad y de participación. La fuerza de las instituciones se basa en la existencia de un cierto consenso social que considera legítimo que se apliquen normas y actuaciones que afecten positivamente al conjunto de la ciudadanía. ¿Pero se pueden cambiar las políticas que afectan a derechos y competencias en el marco institucional existente?
Conclusión
La democracia es un proceso y en épocas de cambios este proceso exige nuevas formas, nuevas políticas, nuevos derechos. El Estado de Derecho es entonces un obstáculo, hay que reformarlo, en algunos aspectos radicalmente. Se ha formado un entramado de intereses entre las instituciones y el personal que las ocupa que puede resistirse al cambio.
Es decir, puede no haber mayoría institucional formada por una parte de los cargos electos y de los cuerpos del Estado (judicatura, fuerzas armadas, alta burocracia, etc.) que no acepta utilizar los procedimientos y los instrumentos previstos por los cambios que reclama la sociedad. En este caso la desobediencia civil o insurrección ciudadana (que puede ser pacífica) no sólo es un derecho. Es una exigencia democrática.
Se trata, pues, de revolución democrática. ¿Cuál es el sujeto? Seguramente un bloque de movimientos, organizaciones, partidos y sectores de las instituciones, que superen las contradicciones entre ellos y también las heterogeneidades internas sobre unas bases comunes. Este bloque supone una nueva Carta de derechos de los ciudadanos, el carácter público de los bienes comunes para garantizar los derechos, una organización política que reconozca a los pueblos que se adhieran a un nuevo modelo Estado y una gestión pública no estatalista, es decir no monopolizada por una clase político-burocrática ni por los partidos políticos. Sobre estas bases no solo se puede democratizar la democracia muy deficitaria actual, también se pueden crear los instrumentos para aplicar políticas transformadoras que respondan a la crisis política, social, económica, ecológica y cultural.
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