Entre fuego cruzado

Esta semana se han conocido las diligencias previas del fiscal sobre el caso 328/2013 —conocido como el caso de «la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona»—, dirigidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Cerdanyola del Vallès. Este caso consta de tres apartados, cada uno correspondiente a tipos distintos de hechos denunciados. El apartado A se refiere a los hechos relacionados con la ocupación del rectorado, que fue denunciada por la UAB como institución. El apartado B se refiere a algunas de las situaciones sufridas y denunciadas por estudiantes. El apartado C se refiere exclusivamente a la persecución sistemática dirigida contra mi persona, y es la que yo denuncié.

Sin embargo, lo que ha trascendido hasta el momento a la prensa han sido, parcialmente, los hechos del apartado A (la ocupación del rectorado, sin el resto de los hechos relacionados con la misma) y su denuncia, atribuida falsamente a mí de forma sistemática, en lugar de atribuirla a la entidad denunciante, la UAB. De los hechos sufridos por mí y por algunos estudiantes, casualmente no se ha publicado nada. Por lo tanto, es evidente que se han dicho muchas mentiras. Durante estos tres años, dentro de la universidad y fuera de ella, muchas personas me han pedido que explicara los hechos reales, dado que únicamente circulaba una versión: la manipulada e interesada.

Mi entrada en el equipo de gobierno de la UAB se produce con la victoria de la candidatura de Ferran Sancho, la primavera del 2012. Sabemos que accedemos al cargo en un contexto complicado, de fuertes recortes, y nos enfrentamos no solo a un ataque general a los servicios públicos, y muy especialmente a la universidad pública, sino también al deber de dar respuesta a una creciente vulnerabilidad en la situación social y económica de los estudiantes. Por coherencia, desde el equipo de gobierno de la UAB nos posicionamos, desde el primer momento, contra el decreto de aumento de precios de la Generalitat en junio del 2012; y lo seguimos haciendo más tarde contra el decreto 3+2 del 2015, sin debate académico ni compromiso económico de aumento de becas; o batallando para evitar más elitización universitaria con el requisito del B2 de inglés propuesto por la Generalitat para obtener el título de grado, sin los recursos necesarios para garantizar la equidad.

Como vicerrectora de estudiantes y cooperación intenté incansablemente encontrar mecanismos para paliar el incremento de las desigualdades provocadas por las políticas injustas de tasas y becas de los gobiernos de la Generalitat y del Estado, en el momento de máximos recortes y endurecimiento de condiciones para los estudiantes con menos recursos. Ejemplos de esta lucha han sido la creación de las becas Finestreta (ventanilla) y Emergència, la creación de un programa de orientación y apoyo académico a los estudiantes, el aumento de la fragmentación del pago de la matrícula, o la creación de nuevos programas per acercar la universidad a los estudiantes de secundaria con menos recursos.

Por otra parte, trabajé para ampliar la participación democrática de los estudiantes en la vida universitaria, en los órganos de representación y de gobierno, en las iniciativas y programas de voluntariado y de innovación cultural, desde la implicación con el entorno local y global. Intenté poner el diálogo y la participación en el centro de mi acción política, sabiendo que hacer política no clientelar es gustar un poco a algunos, y nada a otros. Pude constatar esto muy pronto, cuando planteé la redistribución de los espacios disponibles para colectivos de estudiantes desde un modelo compartido y cooperativo, recibiendo los ataques del sector estudiantil que hasta entonces monopolizaba estos espacios y que, obviamente, perdía con la redistribución.

Como feminista y, por lo tanto, convencida de la responsabilidad de la universidad a la hora de erradicar todo tipo de discriminaciones, promoví la elaboración del primer protocolo contra el acoso, que incluía también la protección y el acompañamiento de estudiantes víctimas. Esto no se aceptó y, después de algunas actitudes y decisiones del equipo de gobierno que a mi entender ponían en entredicho su compromiso con la igualdad de género y con la labor feminista desde mi vicerrectorado, dimití en junio de 2015.

Considero que la universidad pública es un instrumento clave para la cohesión social y para una producción de conocimiento orientada al bien común con el fin de lograr una sociedad más justa. Gobernar una universidad es una tarea compleja: supone arremangarse, además de protestar; supone también un sacrificio temporal de la carrera investigadora, que no todo el mundo está dispuesto a hacer; y, al finalizar tu mandato, volver a realizar tu trabajo sin demasiados agradecimientos y con bastantes frustraciones por todo aquello que no has podido o sabido hacer. Dejarte la piel sin horarios. Intentar hablar con todos y a todos los niveles hasta el agotamiento. Esa fue, por ejemplo, mi aportación como parte de la comisión que asistía atónita al constante cambio de exigencias de los ocupantes del rectorado, luchando al mismo tiempo por evitar que se produjera un desalojo traumático por parte de los Mossos (que afortunadamente nunca llegó a producirse). Sin embargo, nada de ello consiste en ser objeto de coacciones continuas, intimidaciones y agresiones.

A medida que se acerca el juicio por los hechos, nuevamente se pone en el punto de mira a mi persona y se cuestiona mi integridad política por parte de los responsables de la ocupación del rectorado y de las agresiones, a base de mentiras y de calumnias bien disfrazadas que tienen por objetivo culpar a la víctima. Nada de esto es nuevo. Bien mirado, debe de tratarse de una fase más de aquella amenaza que recibí en una de las múltiples agresiones de que fui objeto: «No pararemos hasta que te cagues en las bragas y te rompas». Y es que, desde el instante en que tomé posesión como vicerrectora del equipo de gobierno, empezó una persecución implacable contra mí, con la mención continua a mi condición de militante de Iniciativa per Catalunya Verds y pintadas con mi nombre en letras gigantes tildándome de fascista en la fachada de la sede. Una persecución política en toda regla. De una política, de una mujer a quien asustar y desmoralizar hasta que se doble: «A ti no te quieren ni en tu partido», gritaban, a dos centímetros de mi cara. Al propio rector no le ocurrió nada de esto, no en estos términos.

Así que durante mis tres años de mandato me encontré entre fuego cruzado: entre los retos de los recortes de la Generalitat y del Estado, a los que intenté hacer frente con todos los instrumentos al alcance en mi ámbito de gobierno; la falta de complicidad para innovar en aspectos clave de las políticas de igualdad en el equipo del rectorado; y los acosos y la persecución por parte de un grupo de estudiantes. Pese a todo ello, si hay algo que me apena más que el dolor que he sufrido por esta situación, es que otros estudiantes, que no tenían las mismas opiniones que este grupo minoritario, hayan sido también víctimas de agresiones. ¿Qué tiene de defensa de la universidad pública irrumpir a gritos, encapuchados, con bates de béisbol y petardos intimidatorios, en las actividades y reuniones del Consejo de Estudiantes? ¿Y perseguir, escupir, arrancar bolsos, reventar tenderetes con material, impedir que se cuelguen carteles y amenazar de muerte a compañeros y compañeras de otros grupos y organizaciones?

Quiero terminar dejando claro que no quiero que nadie vaya a la cárcel a raíz de estos hechos. El fiscal pide una orden de alejamiento por las agresiones que sufrí, porque es del todo inaceptable tener que ir a trabajar al campus temiendo por tu integridad física. Pero también quiero decir que, durante estos tres años, algunas estudiantes, mujeres, que participaron en los hechos me han querido expresar su arrepentimiento, reconociendo que se habían equivocado haciéndome lo que me hicieron, que la «estrategia» había sido equivocada. También sé con seguridad que otras se han visto envueltas en este proceso a raíz de la ocupación, pero que nunca participaron en agresión o destrozo alguno. Estoy convencida de que muchas personas que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta estudiantil podrán comprender ahora que la dirigían erróneamente contra quienes estaban intentando defender la universidad pública de las políticas de los gobiernos conservadores. En la Universidad y en el Parlament.

Por todo ello, para mí es fundamental que se acabe de una vez por todas con la irresponsabilidad de lanzar a estudiantes contra quienes se consideran adversarios políticos, de utilizarles como carne de cañón. Todavía están a tiempo de iniciar una mediación donde primer el diálogo y el respecto y evitar procesos y contiendas judiciales. Tenemos una oportunidad de recuperar, para la universidad catalana, los principios que han de guiar a toda universidad: el libre contraste de ideas y la participación democrática. La sociedad no nos paga para hacer otra cosa.