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Los rankings en servicios sociales los carga el diablo

"El estudio habría sido más justo y correcto si hubiera establecido una cartera de servicios homogénea para todos los municipios y hubiera analizado únicamente el gasto por habitante", señala Miquel Àngel Manzano, del eje de Acción Social de Barcelona en Comú

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Esta semana la  Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha publicado  un análisis de los presupuestos en servicios sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de todo el Estado. El objetivo principal era establecer que ayuntamientos llegan la excelencia en inversión social y que pueden considerarse oficialmente pobres en servicios sociales. De facto se establece un ranking de ayuntamientos en función de su gasto por habitante en este ámbito. Hay que reconocer que la Asociación ha realizado en los últimos años una excelente acción reivindicativa de los servicios sociales, utilizando datos y análisis técnicos que han puesto en evidencia la implementación de muchas políticas sectoriales. Pero en este caso creo que hay algunas objeciones metodológicas que relativizan la solidez del análisis presentado.

Comparar y establecer rankings es un buen instrumento para la mejora continua si se realiza con consentimiento de las instituciones participantes y con una metodología sólida y no cuestionable. En caso contrario los carga el diablo y son carnaza para el periodismo sensacionalista y las oposiciones políticas oportunistas.

El análisis realizado por las Directores y Gerentes de Servicios Sociales se basa en tres indicadores: el gasto por habitante en servicios sociales en 2015, el incremento en este gasto en el presupuesto del 2016 y el esfuerzo, medido en porcentaje del presupuesto municipal destinado a servicios sociales, que supone para el ayuntamiento.

Los datos que se comparan son los correspondientes al funcional 23 ("Servicios Sociales y Promoción Social") de su contabilidad y enviados por las corporaciones locales al Ministerio de Hacienda y disponible aquí en formato de base de datos. La Asociación los ha contrastado y depurado con la información presupuestaria disponible en los portales de transparencia de los ayuntamientos.

La primera objeción metodológica es que si queremos comparar datos éstos deben ser de servicios y actividades homogéneas. El gasto por habitante en base a los importes consignados en el funcional 23 agrupa realidades muy diversas. Por un lado los servicios sociales municipales están sujetos a la regulación de 17 leyes de servicios sociales diferentes, una por cada comunidad autónoma, que configuran obligaciones y carteras de servicios también diferentes. Los ratios de profesionales, los niveles garantizados de prestaciones como la ayuda a domicilio y otros aspectos no son voluntad política del ayuntamiento, son requerimientos legales que varían entre las diferentes comunidades autónomas.

Además, por ejemplo en Catalunya, algunos municipios mayores de 50.000 habitantes gestionan por delegación servicios de competencia autonómica: transporte adaptado, equipos de atención a la infancia en riesgo, etc. Tampoco se considera el origen de la financiación del gasto en servicios sociales. Si medimos el esfuerzo municipal hay que tener en cuenta si se realiza mediante fondos propios o transferencias corrientes desde otras administraciones.

No es lo mismo financiar de 60 euros por habitante por parte del ayuntamiento o que el 66% de una gran parte del gasto (como es el caso de Catalunya) sea financiado por la Comunidad Autónoma. También hay que tener en cuenta que el gasto informado al Ministerio tampoco refleja aquellos ayuntamientos que han transferido la prestación de servicios sociales al ciudadano a un organismo supramunicipal en el que participa. Es el caso de algún ayuntamiento catalán "oficialmente pobre" que forma parte de un consorcio encargado de la prestación de servicio y que, únicamente, consigna como gasto las cantidades transferidas a este ente. La financiación conseguida por el Consorcio no se contabiliza como gasto del municipio y el ciudadano sí recibe los servicios.

Pero el problema principal del estudio es que compara el gasto liquidado de 2015 con presupuesto de 2016. El objetivo era medir el esfuerzo político realizado por los gobiernos municipales para incrementar la protección social. El problema es que se comparan indicadores que no reflejan la realidad en un mismo momento y por eso estos indicadores pueden ser no ajustados al objetivo que pretendían.

Gasto liquidado en servicios sociales del 2015 es un dato fijo y que refleja la gestión realizada por el gobierno municipal. El presupuesto del 2016 es una declaración de intenciones pero no podemos afirmar que en estos momentos sea la libre opinión del gobierno municipal y, por otra parte, está condicionada a variables que se manifiestan a lo largo del ejercicio presupuestario.

Actualmente los ayuntamientos españoles tienen como característica la fragmentación política en la composición de sus consistorios y, por tanto, son frecuentes los gobiernos en minoría que tienen dificultad para aprobar sus presupuestos. Por eso muchos de los presupuestos de 2016 son prórroga de los iniciales de 2015. Y en 2015 pasaron cosas que se han reflejado en la liquidación. Se incorporaron remanentes en un contexto donde las finanzas locales han entrado en una situación de superávit generalizados. Se modificaron y ampliaron partidas, sobre todo en servicios sociales sujetos a transferencias de otras administraciones no conocidas en el momento de confeccionar el presupuesto. Por eso es normal que algunos ayuntamientos tengan en negativo la comparación entre el 2015 y el 2016. Y es por tanto injusto atribuirles una falta de voluntad de incremento en protección social cuando lo han demostrado en el 2015.

Un ejemplo fácilmente analizable desde los datos  de su web de transparencia es el del Ayuntamiento de Barcelona. Su presupuesto inicial de 2015 en el funcional 23, "Servicios Sociales y Promoción Social", era de 245,9 millones de euros y su liquidación fue de 257,9 millones. En 2016 al tratarse de un presupuesto prorrogado de 2015 el crédito inicial fue el mismo al del anterior año pero en mayo de este año se realizó una modificación de crédito dado como resultado una partida de 305,3 millones, suponiendo un incremento del 18,4% sobre el valor liquidado de 2015. el Ayuntamiento ha demostrado sobradamente el esfuerzo para incrementar recursos y afirmar, como hizo la Asociación en su rueda de prensa, que había reducido un 11% sus recursos para servicios sociales es producto de la errónea metodología de el estudio.

El estudio habría sido más justo y correcto si hubiera establecido una cartera de servicios homogénea para todos los municipios y hubiera analizado únicamente el gasto por habitante de la misma. También si hubiera comparado gasto liquidado en septiembre de 2015 con el gasto liquidado en el mismo mes de 2016. Obviamente con los datos disponibles en el Ministerio no es posible y no todos los portales de transparencia proporcionan la información necesaria para realizar este análisis. Todo esto nos lleva a lamentarnos por enésima vez a la escasez de datos robustos en servicios sociales.

Como se decía al inicio estas objeciones no deben poner en duda la trayectoria de la Asociación pero tampoco debe alimentar las posturas sensacionalistas y dogmáticas realizando afirmaciones que no se ajustan a la realidad y son injustas para algunos de los ayuntamientos citados en el informe.

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