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¿Quién teme a la consulta feroz?

Artículo II de X de 'Carta a los amigos y amigas de España: un lenguaje para entendernos. Sobre los obstáculos ideológicos, culturales y lingüísticos que dificultan crear escenarios de encuentros posibles entre  un potencial movimiento democrático en España y un movimiento popular catalán que aparece como independentista y nada más'

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Escribo desde Cataluña y percibo en la inmensa mayoría de la gente una cierta perplejidad. ¿Cómo puede prohibirse una consulta a los ciudadanos? Respuesta oficial: no es legal. En una democracia, con derecho a votar representantes y con libertad de expresión, cuando la mayoría de los cargos electos y un sinfín de instituciones y organizaciones sociales de todo tipo promueven la consulta y un millón y medio de personas sale a la calle para exigirlo -más del 20% del total de la población, la mitad de los ciudadanos con derecho a votar-, ¿cómo puede prohibirse una consulta que no tiene efectos jurídicos ni obliga a ninguna autoridad política a someterse al resultado?

Es evidente que la respuesta “legalista” no vale. Hay diversas soluciones posibles para legalizar la consulta. Como han demostrado constitucionalistas españoles, no solo catalanes. Se puede aprobar una ley española de consultas no vinculantes que legalice una consulta como la que se propone en Cataluña. El gobierno puede delegar su competencia al Parlament de Catalunya para organizar la consulta. O no recurrir una ley de consultas catalana. O se puede modificar en 24 horas la Constitución si se quiere ser muy perfeccionista y que no se diga que lo que puede conseguir con un teléfono la señora Merkel, por medio de uno de sus ayudantes, no lo puede conseguir la mayoría de un pueblo.

Resulta incomprensible que se recurra al respeto del Estado de derecho y a la Constitución cuando los gobiernos españoles y el Tribunal Constitucional (TC) lo han conculcado sistemáticamente: la reforma laboral, las privatizaciones y recortes de servicios básicos protegidos por la propia Constitución, la sumisión al capital financiero en detrimento de un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda, la interpretación perversa del texto constitucional en detrimento de las autonomías (recuerden la sentencia interpretativa del TC)... Y no volveremos a las circunstancias en que se elaboró la misma Constitución bajo presiones de fuerzas antidemocráticas como ya hemos expuesto anteriormente.

Es evidente que la cuestión de la consulta no genera un problema jurídico insoluble. La razón democrática, expresada en los principios básicos de las Cartas internacionales de derechos y en la misma Constitución, prioriza la voluntad popular de los ciudadanos o de sus representantes sobre una norma específica sujeta a ser interpretada de forma diversa. Se trata de hacer viable un derecho tan elemental como el ser consultado.

Puede aducirse que en caso de consulta todos los ciudadanos españoles deben ser consultados ¿Por qué no todos los ciudadanos europeos? Resulta surrealista y difícil de creer que personalidades de alto nivel político defiendan este criterio. ¿Hay que consultar a los vascos, extremeños, canarios, andaluces... sobre el futuro de Cataluña al que aspiran los ciudadanos catalanes? Es un argumento más propio de la Iglesia católica más reaccionaria. La conferencia episcopal pretende regular las relaciones sexuales del conjunto de los ciudadanos, quiénes se pueden casar o no por la ley civil y qué pueden hacer o no las mujeres en relación al aborto o el control de natalidad.

Hay distinguidos personajes, sean de Madrid o de Sevilla, que se consideran con derecho a intervenir en la consulta catalana. Mejor harían consultándose a si mismos sobre la ética de multiplicar ingresos públicos y privados aprovechando situaciones de privilegio y de impunidad.

En fin, mejor no engañarnos sobre un obstáculo jurídico que podría  superar cualquier jurista mediano. De lo que se trata es de la suma de tres (perversas) ideas. Primero: la concepción metafísica de la España única e indisoluble, propia de la ideología tradicionalista más reaccionaria. Segundo: el afán de monopolizar el poder del Estado por parte de una oligarquía política que incluye a la derecha y al PSOE. Y tercero: la pretensión de someter al pueblo catalán porque esta oligarquía y una parte muy importante de los medios de comunicación, y de algunos sectores de la ciudadanía -en especial funcionarios e intelectuales-, no soportan la diferencia, insecuriza su arrogancia y consideran Cataluña tierra de conquista. Para ellos Cataluña no es del todo española pero es de su propiedad.

El gobierno español ha optado por negar la consulta como una estrategia derivada y apoyada por una parte de la sociedad española por los factores expuestos. Pero hay algo más. En la actual crisis es muy útil manipular el problema catalán para trasladar el malestar a un enemigo exterior, un chivo expiatorio.

Es un gobierno impotente ante la crisis, sometido a los bancos y grandes grupos económicos, es débil en el ámbito internacional y al frente actúa un fantasma afásico y sus impresentables ministros. En este caso, con todos los aparatos del Estado en sus manos, quieren demostrarse fuertes. El jefe del gobierno con sus silencios que pretenden ser despreciativos y simplemente son una demostración de incapacidad absoluta par el cargo.. Los segundos mediante la provocación sistemática, como Wert, Montoro, la vicepresidenta, los barones regionales y algunos destacados líderes socialistas más brutos como la presidenta de Andalucía y los líderes extremeños. Los socialistas extremeños nos recuerdan la obra de Muñoz Seca Los extremeños se tocan, pues difícilmente se pueden distinguir los del PSOE de los del PP, por lo menos en relación a Cataluña.

Es una estrategia peligrosa, no ofrece ninguna vía de negociación, ninguna oferta sobre los temas conflictivos, renuncia a buscar una fórmula para que se celebre una consulta, promueve campañas mediáticas anticatalanas, estimula -por ahora con nulo éxito- la fractura de la sociedad catalana. Por este camino solo se puede desembocar en una radicalización de la tensión existente. Es probable que este sea el objetivo, radicalizar el sentimiento independentista para aplastarlo con la violencia del Estado. ¿Tan fácil sería, en el actual marco europeo, aplastar a la gran mayoría de un pueblo que se expresa pacíficamente? ¿A dónde nos lleva esta política de negar la realidad catalana, su autogobierno, su predisposición a mantener lazos con el Estado español pero no como ahora? ¿Cuál ha sido el resultado del manejo centralista y negativo para Cataluña de los gobiernos que se han sucedido especialmente desde principios de este siglo?

En los años 80 el independentismo no alcanzaba el 15%, fue aumentando gradualmente y se ha disparado en los últimos años para superar el 50% según diversas encuestas. En los inicios de la democracia los que se consideraban solo catalanes eran una pequeña minoría -algo menos que los independentistas-; los que se consideraban más catalanes que españoles no llegaban a un tercio. Hoy casi se han duplicado y entre ellos muchos de origen o descendientes de emigrantes.

Las dictaduras de Primo de Rivera (1923-30) y de Franco (1939-75) solo consiguieron que el catalanismo resurgiera mucho más que en el pasado. Estimular mediante la provocación, la negativa a buscar una solución pactada y el menosprecio solo lleva a una derrota para todos.

¿El temor al resultado de la consulta es la causa de la negativa del gobierno español? Es posible, pero más bien parece que lo que quiere es que se radicalice el afán independentista mediante tanto provocaciones y amenazas como omisiones y silencios. Y lo que es aún peor: alienta el nacionalismo más cutre, el sentimiento anticatalán más primario, el enfrentamiento entre pueblos. No puede aceptar la consulta porque sería reconocer que existe un pueblo catalán y al mismo tiempo lo refuerza negándole sus derechos básicos.

El gobierno español está convencido que CiU y Artur Mas se han creado una trampa ellos mismos de la que no saben salir. Razonan como si la consulta, el derecho a decidir y la reivindicación independentista fuera un invento de gobierno de CiU y ERC cuando es una evidencia que la movilización social ha precedido a las iniciativas de la Generalitat y de CiU y al auge de ERC.

El gobierno español no ha querido establecer un escenario de diálogo con las instituciones catalanas, las cuales se han sumado a la ola para llevarla a una negociación. El gobierno español ha reaccionado a partir de la ideología españolista más rancia y al afán de monopolizar el poder político. Hace dos años hubiera sido quizás posible buscar soluciones intermedias, ahora es mucho más difícil.

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