Creo que hay que poner el acento en este segundo elemento. A nadie se le escapa que ésta es una ley que se ha hecho para “la” consulta. El riesgo era evidente: de la misma manera que algunos defienden la autodeterminación, pero sólo para Cataluña y no para otros pueblos, podía suceder que aquellos que hablan de radicalidad democrática cuando se refieren al 9N, olvidaran de dicha radicalidad en el resto de ámbitos y cuestiones. De hecho, este era el punto de partida.
Afortunadamente, la ponencia parlamentaria ha hecho un buen trabajo y finalmente esto no ha sido así. La ley reconoce que la participación ciudadana no se agota con las herramientas de democracia directa, que en cualquier caso suponen un gran avance legislativo. Participar es incidir en la toma de decisiones públicas. Esto se puede hacer votando, pero también se puede hacer proponiendo, argumentando, deliberando o implementando directamente determinadas actuaciones. En este sentido, la ley regula unas buenas bases para llevar a cabo procesos institucionales de participación orientados a promover la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas: fija las fases, establece algunos criterios de calidad democrática, requiere que se elabore una memoria pública con los resultados y obliga a su evaluación.
Ciertamente, ni las consultas ni los procesos participativos serán vinculantes. Sin embargo, sí que se obliga al gobierno de la Generalitat y a los gobiernos locales a responder ante los resultados de una consulta y se establece que la memoria de los procesos participativos deberá incluir un apartado específico explicando los efectos del proceso sobre la actuación de la administración convocante.
La ley, por otra parte, reconoce la iniciativa ciudadana tanto para las consultas no refrendarias como para los procesos participativos. Es decir, la ciudadanía podrá solicitar que se lleven a cabo este tipo de instrumentos. Si se recoge el número suficiente de firmas (con unos umbrales muy razonables) y se cumplen los requisitos legales, entonces el gobierno interpelado estará obligado a impulsar la consulta o el proceso participativo que se haya solicitado. Esta es quizás la novedad más significativa, ya que convierte a esta ley en un instrumento en manos del pueblo, respondiendo así a las nuevas formas de hacer política que buena parte de la ciudadanía está reclamando. A partir de ahora, pues, será responsabilidad del gobierno de la Generalitat y los gobiernos locales, pero también de la ciudadanía, que se generalice y se normalice el uso de este tipo de prácticas políticas.
Desgraciadamente la ley contiene también alguna aberración significativa ya que, aparte de hacer una discutible selección de las modalidades de participación que se regulan, contempla las encuestas como un instrumento participativo. Verdad que el catalán y el valenciano son científicamente la misma lengua, por más que haya una ley que diga lo contrario? Pues en mi opinión las encuestas no pueden ser consideradas un instrumento participativo, por más que esta ley así lo establezca. A través de la demoscopia podemos describir y analizar la opinión pública, pero en ningún caso a través de las encuestas la ciudadanía toma parte activamente en los procesos de toma de decisiones públicas. Más allá de la falta de rigor en la definición, la cuestión es preocupante porque abre la puerta a simplificar cualquier proceso participativo a la realización de una encuesta. Hecha la ley, hecha la trampa.
