En Catalunya se han iniciado más de 110.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008 y más de dos terceras partes de los 50 desahucios diarios tienen como causa el impago del alquiler. Más de 320.000 familias sufren pobreza energética y más de 11.500 personas no tienen hogar. El fomento de la vivienda en propiedad ha provocado sobreendeudamiento y la nefasta regulación del sistema bancario agrava la situación de las familias con dificultades.
Para hacerle frente hay que desarrollar el reglamento de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, ampliar el parque público de alquiler social, fomentar usos alternativos de tenencia e incrementar el parque de centros de acogida y comedores para personas sin techo.
Irene Escorihuela es la directora del Observatorio DESC, sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Observatorio DESC, junto con la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsó una ILP sobre Vivienda que fue aprobada por mayoría absoluta por el Parlamento de Catalunya antes de disolverse. ¿Se están aplicando las medidas que reclamaba esta ILP?
La ley se aprobó por unanimidad y desde septiembre hemos estado impartiendo formación en los municipios. Hemos editado unas guías para facilitar su aplicación y comprensión. La aplicación de la Ley ha sido desigual. En algunos ayuntamientos se ha avanzado más que en otros. Desde las suministradoras vemos, sin embargo, que está costando bastante.
El grupo promotor de la ILP de Vivienda envió, hace unos días, una carta al nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedirle voluntad, determinación y coraje político para aplicarla. ¿Cómo son las relaciones con el Gobierno de la Generalitat?
Escribimos la carta sobre todo para presentarnos al nuevo Gobierno. Habíamos estado trabajando ya con la Generalitat. Hemos hecho nueve formaciones por el territorio, por las que han pasado más de mil técnicos municipales. Considerando, sin embargo, que hay una nueva consejería hemos querido ponernos en contacto con el nuevo responsable. La semana pasada nos reunimos con la consejera Meritxell Borràs y nos emplazamos para encontrarnos dentro de quince o veinte días para cerrar compromisos y fechas firmes.
El Plan de Choque anunciado por el Gobierno ¿satisface las aspiraciones de las entidades que promovieron la ILP de vivienda?
Muchas de las cuestiones que hay en el Plan de Choque consisten en aplicar la Ley. No son grandes avances sino que obligatoriamente deberían estar ya aplicándose. Nos preocupa la financiación.
La Ley establece cuatro mecanismos principales. Uno es suspender los desahucios de personas que no pueden pagar un alquiler elevado y que deberían pagar en función de sus ingresos. Y, por tanto, conlleva una corresponsabilidad de los grandes 'tenedores'.
Para pequeños propietarios, la Generalitat ha creado una neva línea de ayudas urgentes.
Para realojamiento también se necesitan recursos porque los ayuntamientos se encuentran, a veces, con que hay desahucios y no tienen pisos donde realojar a los afectados.
Hay un 'mecanismo de segunda oportunidad' para cancelar deudas contraídas por temas de vivienda. Es un mecanismo establecido para evitar la pobreza energética. Aquí se pide corresponsabilidad de las empresas suministradoras, que pretenden que los impagos y las deudas de las familias los asuman las administraciones.
Pedimos firmeza a la Generalitat para que se siente con las empresas, ya que los ayuntamientos muchas veces lo tienen más complicado.
Una última medida es la cesión obligatoria de pisos vacíos para poder aumentar el parque público donde realojar a las personas en situación de vulnerabilidad,
En el Plan de Choque hay cuestiones incluidas en la Ley y otras que necesitan más trabajo y presupuesto para poderlas aplicar.
¿Las empresas suministradoras de agua, gas y luz asumen no cobrar el servicio a familias que no pueden pagarles o trasladan la factura a los ayuntamientos?
Es la parte más complicada del cumplimiento de la Ley. Nos encontramos con grandes empresas que acceden a no cortar el suministro cuando el ayuntamiento paga el recibo en lugar de las personas afectadas. Siguen cobrando y no se responsabilizan de nada pese a que están distribuyendo un suministro básico.
La Ley incluye que se hagan convenios para que estos impagos de las familias que no pueden pagar los recibos los asuman las empresas y no las administraciones. También existe la vía de las sanciones. No es difícil pero la Generalitat tendría más facilidades para poder llevarlo a cabo que los municipios.
Catalunya era líder en la clasificación de desahucios por comunidades autónomas. ¿La aplicación de esta ley cambiará esta situación? ¿Todavía somos líderes a la hora de echar a la gente de su casa?
Seguimos a la cabeza. Se ve una tendencia a disminuir los desahucios causados por hipotecas impagadas. La Ley está haciendo efecto pero, al mismo tiempo, está cambiando el mercado de alquiler y ya hace unos años que los desahucios por impago de alquiler se están incrementando, sobre todo en zonas urbanas.
Esta es una problemática que afecta directamente a los ayuntamientos. Tenemos las ocupaciones, que es una problemática a la que se tiene que hacer frente. Los infraviviendas, el hacinamiento,... Continuará habiendo problemáticas de vivienda en el futuro, a pesar de la Ley, que es un Plan de Choque para dar respuesta a situaciones de emergencia, pero que no es un modelo de vivienda ideal para Catalunya.
Sobre este blog
Pobreza Cero, Catalunya Plural y Solidaridad y Comunicación - SICOM colaboran en la difusión de esta iniciativa y cada mes explicarán las reivindicaciones en uno de los 12 frentes en la lucha contra las desigualdades mediante entrevistas con representantes de entidades adheridas a la campaña, que también serán emitidas en el programa “La Plaça dels Futurs”, de Radio Municipal de Terrassa.
