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El Govern apela en su recurso al Supremo a la "libertad de expresión" y al "derecho a la participación"

La denuncia interpuesta por parte de la administración catalana considera que el Ejecutivo central ha "rebasado los límites del ordenamiento jurídico"

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El Tribunal Constitucional estudia si suspende la segunda convocatoria soberanista

El Tribunal Constitucional suspendió el proceso participativo a instancias del Gobierno

La batalla entre la Generalitat y el Gobierno central se traslada a los juzgados en las vísperas del 9-N. El Govern anunció una denuncia contra el Ejecutivo de Rajoy el viernes pasado, después de que éste comunicara la decisión de llevar el proceso participativo ante el Constitucional. Esa amenaza, repetida ayer por el portavoz Francesc Homs, se ha materializado en un recurso contencioso administrativo con el que la Generanitat pide al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente los efectos de la impugnación del proceso participativo por parte del Gobierno.

Según publica este miércoles el diario Ara, la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos de la Generalitat se centra en un supuesto rebasamiento de los límites del ordenamiento jurídico en los que el Gobierno central habría incurrido al llevar el 'nou 9-N' ante el Alto Tribunal, que finalmente suspendió la convocatoria.

Para la Generalitat esta actuación supone un "abuso de derecho y un ejercicio antisocial" con el fin de impedir que los catalanes ejerzan "su derecho fundamental a la participación y sus libertades de expresión e ideológica", según consta en las 32 páginas de la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo. La administración catalana considera que el derecho de participación política recogido en el artículo 23.1 de la Constitución va más allá de la democracia representativa y permite que los ciudadanos se expresen sobre diferentes aspectos de la vida pública.

Considera asimismo que el recurso contra el proceso participativo cercena la libertad de expresión e ideológica pues pretene "impedir que los ciudadanos manifiesten su opinión sobre el futuro político de Catalunya", unos derechos que, según argumenta la Generalitat, están recogidos en el ordenamientos jurídico español y protegidos por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. "Negar que todos los catalanes puedan ejercer su derecho de expresión a través de un procedimiento participativo es negar la misma democracia", concluye la denuncia.

Denuncia internacional contra el Gobierno

A la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos de la Generalitat se le suma una recogida de firmas promovida por ICV para denunciar a nivel internacional las "dificultades que pone el Gobierno al derecho a decidir de los catalanes". Según los impulsores, el escrito se llevará ante las instituciones internacionales para ejercer "presión política" y reclamará a los organismos europeos que garanticen el derecho a decidir sobre su futuro político de los catalanes.

Diputados del Congreso, Parlament y Parlamento Europeo de los partidos soberanistas CiU, ERC e ICV-EUiA firmarán la denuncia este miércoles, que se hará extensiva a los ayuntamientos para pedirles su apoyo. Finálmente se llevará, a través de la ANC y Òmnium Cultural, ante los ciudadanos que tomen parte en el proceso participativo del 9 de noviembre para invitarles a firmarla.

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