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El Constitucional avisa a Puigdemont y a los consellers de que deben "impedir" el plan soberanista

El Parlament aprueba una resolución en defensa de Forcadell y la libertad de expresión

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Consellers del Govern con el escrito del TC

Consellers del Govern con el escrito del TC Twitter / @govern

El presidente catalán, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern ya han recibido el apercibimiento del Tribunal Constitucional, que les avisa "del deber de impedir" cualquier iniciativa relacionada con resoluciones parlamentarias suspendidas sobre el proceso soberanista y les advierte de posibles consecuencias "penales".

Funcionarios judiciales han entregado la notificación a Puigdemont en su despacho del Parlament pasadas las 12 del mediodía, escena que ha colgado el president en su cuenta de Twitter.

El resto de consellers también han recibido la notificación, que algunos han exhibido dentro del hemiciclo, entre aplausos de los diputados soberanistas, y otros la han mostrado a los reporteros gráficos en los pasillos de la Cámara.

El escrito, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), notifica la resolución del TC del pasado 13 de diciembre sobre el incidente de ejecución de sentencias del propio Constitucional contra las iniciativas independentistas del Parlament,

Y añade: "Le advierto del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, así como de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir, incluida la penal, en caso de incumplimiento de lo que ha ordenado aquel tribunal -el TC-".

El Parlament apoya a Forcadell

Por otro lado, el Parlament, con los votos a favor de los grupos de Junts pel Sí, CUP y Catalunya Sí Que es Pot, ha aprobado este miércoles una propuesta de resolución en defensa de la "libertad de expresión" y de "apoyo pleno" a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, investigada por desobedecer al Tribunal Constitucional y prevaricación.

La propuesta aprobada deja claro que el Parlament considera que la imputación penal de Forcadell, la Mesa de la Cámara y cualquier diputado es una "vulneración de la inviolabilidad parlamentaria" y que "criminalizar" la actividad parlamentaria es una "grave amenaza a la democracia".

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